La manía de considerar el delito una inocencia

Aldo Cantone podría ser sentenciado a seis meses de prisión en suspenso. La pena mínima del Código Penal al delito de usurpación para el que prevé hasta tres años de reclusión. Las condenas inferiores o iguales a esa carga temporal no tienen cumplimiento efectivo. Son excarcelables. Cantone ocupó ilegalmente una vivienda en pleno centro de Pinamar en abril de 2020. Esa intrusión en el momento más duro del aislamiento obligatorio dispuesto por la cuarentena fue descubierta por el secretario de Seguridad, Lucas Ventoso, gracias al aviso de un vecino.

Uno entre tantos, su caso ilustra los vacíos legales que explicarían el déficit crónico del sistema institucional para combatir el crimen. Pero también cómo esas anomalías podrían ser usufructuadas y convertidas en una oportunidad de consentir a quienes conocen a la perfección su funcionamiento para desempeñarse al margen de la ley con la tácita alianza de quienes vigilarían su cumplimiento con una indolencia sospechosa.

Cantone actuó en complicidad con Lucas García Córdoba, dueño de la inmobiliaria homónima en esa ciudad. Los dos intentaron probar con documentación apócrifa la autenticidad de una falsa operación de compra de esa vivienda a un propietario ficticio. García Córdoba podría recibir un año de prisión condicional. Las condenas en su contra fueron pedidas por el fiscal de General Madariaga, Walter Mércuri, con quien esta causa experimentó un vuelco.

Mércuri subroga la UFI Nº 5 de Pinamar desde el año pasado. Su titular, Eduardo Lizarraga, se acogió el año pasado a una jubilación anticipada al cargo para eludir un juicio político. La denuncia judicial de Ventoso contra Cantone fue sometida por Lizarraga al mismo trámite parsimonioso que le dio al allanamiento pedido por ese funcionario a otra vivienda usurpada en Cariló, también en 2020, por Mauricio Ríos. Un empresario de Mar del Plata declarado en quiebra por la Justicia, donde figura en la categoría 5 de irrecuperables.

Ríos organizó en el parador Horizonte de esa ciudad la fiesta en la que Juan José Piero Pinna asesinó a balazos a Maximiliano Rihl. Alias el Faraón del Pollo, Piero Pinna llegó al lugar con Romina García, la hija de Rudy Ulloa Igor. En la vivienda recuperada en Cariló se hallaron retratos de Cristina y Néstor Kirchner. Pero también de su antiguo chofer devenido empresario. En el pedido de juicio abreviado contra Cantone se adjuntan copias de algunas imágenes que compartió en sus redes sociales.

Allí aparece con Daniel Scioli en varias ocasiones. Axel Kicillof y Sergio Berni lo acompañan apenas en una. De acuerdo con las fechas de esas publicaciones, las fotos con el exgobernador fueron captadas entre 2017 y 2019. La del gobernador y su ministro de Seguridad, en 2020. Lo llamativo en todos los casos es que posen a solas con Cantone. En 2016, el diario deportivo Olé lo describió como el jefe de la barra del equipo de Futsal de Villa La Ñata cuyos miembros habrían sido reclutados entre las de Boca y River.

Pero también detalló los vínculos de Cantone con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, y su guardaespaldas extraoficial, Jorge “Acero” Cali. Los voceros de Scioli desmintieron categóricamente cualquier vínculo con Cantone, que el 15 de junio colgó un pasacalles en Plaza de Mayo con el que dio al ministro de Producción la bienvenida al país. Cantone también es empresario.

La sección Sociedades y Avisos Judiciales del Boletín Oficial correspondiente al 26 de mayo de 2021 lo presenta como socio de Ariel Hernando De Filippo en Cadif SRL. Una firma con domicilio en el partido de San Martín, dedicada a la compra y venta de automotores. Ariel Hernando De Filippo figura como su socio. Es uno de los dos agentes de la AFI que habrían recolectado pruebas en una causa en la que Sandra Arroyo Salgado decidió corregirse a sí misma.

La jueza federal de San Isidro primero investigó y después absolvió a un grupo de periodistas y hackers por la supuesta intercepción ilegal de mails y venta de información. En el pedido que el fiscal Mércuri elevó a la Justicia Correccional de Dolores, califica de “grave” el delito que cometió Cantone y justifica por qué el castigo que solicita aplicar es el mínimo.

Pese a haber estado involucrado en ilícitos de magnitud, Cantone no resultó condenado por ninguno de ellos. Por eso no tiene antecedentes penales. Junto a su padre, Salvador, y a su hermano Javier fue detenido a fines de 2003 por integrar una banda de piratas del asfalto que asaltó 121 camiones de empresas postales en el conurbano, La Plata y Rosario. El botín recuperado en los allanamientos rondó los cinco millones de pesos.

En 2017 participó del tiroteo donde la Policía Federal abatió a otro de sus hermanos, Pablo, con pedido de captura por matar al custodio del camión de caudales que habían asaltado en 2016. Las causas judiciales sin avances prescriben a los diez años y el Código Penal prohíbe incorporarlas al Registro Nacional de Reincidencias. La naturalización de este tipo de procedimientos tal vez haga que sea menos extraño que el Presidente inste a la Corte a resolver “la indebida” detención de Milagro Sala.

Pero también que Kicillof y Victoria Tolosa Paz hayan compartido actos de campaña con Iván Tobar, líder de la barra de Estudiantes de La Plata. El gobernador y la entonces candidata a diputada nacional visitaron las instalaciones de YPF en Ensenada. Como una continuidad de su disputa por la delegación Uocra de La Plata, Tobar y Juan “Pata” Medina pelean por los trabajos de mantenimiento en la petrolera estatal.

Tobar estuvo investigado en 2007 por el triple homicidio de la planta de transmisión del Ministerio de Seguridad. Desde 2015 tiene abierta otra por el supuesto asesinato de Fernando Cuoste. En mayo de 2019, el Tribunal de Casación desestimó detenerlo por esa causa al juzgar que no había riesgo de que Tobar la entorpezca.

Los vínculos entre barras y el Poder Judicial, particularmente con el Tribunal de Casación, podrían emerger a la superficie si alguna vez avanzan los juicios políticos contra dos de sus miembros: Martín Manuel Ordoqui y Víctor Violini. El jurado de enjuiciamiento investiga los vínculos de Ordoqui con la megabanda que robaba viviendas en City Bell. Violini benefició con prisión domiciliaria en 2020 a detenidos de alta peligrosidad con la excusa de evitar la propagación de la pandemia en las cárceles.

Esta semana el Ejecutivo bonaerense envió pliegos al Senado para cubrir cuatro de las casi 700 vacantes del Poder Judicial que tiene en trámite. Una respuesta insuficiente al planteo de Hilda Kogan a Kicillof en la reunión que mantuvieron hace un mes. Al gobernador le urge dar prioridad solo a una parte del reclamo efectuado por la presidenta de la Corte. Cubrir al menos dos de los tres cargos libres en el máximo tribunal. Uno por el oficialismo y el otro por la oposición.

Juntos no discute que ese lugar le corresponde a la UCR. El problema es que Pro da por finalizada la temporada de acuerdos con el Gobierno, que no se resigna. Promueve a Marisa Herrera como su candidata, con la esperanza de alentar con eso que Marina Sánchez Herrero sea la de la oposición. Sánchez Herrero es la esposa de Maxi Abad, jefe de la UCR bonaerense y de los diputados de Juntos en la Legislatura.

Herrera es investigadora del Conicet, hermana de la bailarina Paloma y tiene una estrecha relación con Cristina. El vértice donde todo parece converger en el kirchnerismo.

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