La Justicia une a Cristina y Pablo Moyano
A Cristina le resulta inadmisible que la Justicia avance en este gobierno con causas contra dirigentes oficialistas como no lo había hecho en el anterior. En su lógica, una anomalía. Pero poco novedosa. Por eso es difícil imaginar que el pedido de condena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la haya sorprendido. Hace meses que allegados a la vicepresidenta recorren en silencio el país, y en particular el conurbano bonaerense, preparando el terreno para alertar sobre los efectos de esa decisión.
La movilización, que podría tener lugar el 17 de octubre, siempre fue contemplada por ese operativo que la vicepresidenta reforzó con el mensaje difundido por su canal de YouTube. Hasta el martes, esa posibilidad dividió opiniones entre los intendentes del conurbano. Aunque dentro de un consenso unánime. La medida judicial fortaleció el liderazgo de Cristina en el Frente de Todos y clausura por ahora cualquier posibilidad de debate, incluido el que se insinuaba sobre la presidencia de Máximo Kirchner en el PJ.
En la reunión que mantuvieron en Pilar la semana pasada, los intendentes sinceraron la tensión con el jefe de La Cámpora. Al cuestionamiento por abandonar la conducción del bloque de diputados nacionales se suma otro reciente e inquietante para sus intereses. Lo acusan de inmiscuirse en la estrategia que tienen para retener los municipios donde gobiernan. Una situación que afecta en particular a los que ocupan posiciones en el gobierno nacional y el bonaerense. Lo que activó patrañas alusivas a la aparente incomodidad del arco oficialista por la contorsión que exige este nuevo realineamiento. Una de ellas insistió en el regreso a Lomas de Zamora de Martín Insaurralde como intendente. Esa posibilidad no figura en los planes del jefe del Gabinete de Axel Kicillof: lo descartó por completo. La incertidumbre de ambos por el futuro incierto contribuye al predominio de cierta armonía.
La expectativa que comparten por el cargo de gobernador pasó a convivir con otra. El papel que podría tener en sus proyectos el sindicalismo tras la designación de Walter Correa como ministro de Trabajo en lugar de Mara Ruiz Malec, otra afectada por el síndrome Batakis. Se enteró de su baja mientras asistía en Mar del Plata a un simposio de abogados laboralistas con el titular del sindicato de Curtidores: Correa, impuesto a Kicillof por Máximo.
Ruiz Malec es la nueva titular del área de Recursos de Seguridad Social en la Afip, desde donde controlará el movimiento de fondos en las obras sociales sindicales. En versiones maliciosas, un castigo al combate a la alta informalidad laboral que predomina en las cooperativas de trabajo y perjudica a la Uocra. Su titular, Gerardo Martínez, es uno de los sindicalistas de mejor diálogo con los empresarios. El empleo en negro también es habitual entre los trabajadores de curtiembres. Los que representa Correa que convocó el 17 de agosto a marchar contra los formadores de precios.
Correa pertenece a la Corriente Federal de Trabajadores que lidera Sergio Palazzo. El titular de la Asociación Bancaria eligió a otros para representar a su sector en la conducción de la CGT, de la que Correa aspira a ser parte. Máximo es su nexo con Pablo Moyano, uno de sus tres secretarios generales. La única afinidad posible entre Cristina y Pablo son las causas judiciales que los afligen. El dirigente camionero está obsesionado con que alguna filtración de su entorno termine por comprometerlo más. Por eso blindó con cámaras de seguridad y custodios el tercer piso de la CGT, donde tiene sus oficinas. Una prevención que incluye la tele vigilancia de las instalaciones sanitarias. A la revocatoria de su sobreseimiento en la causa por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente en marzo, se sumó esta semana el cierre de la etapa de instrucción en la que se investiga a su defensor, Daniel Llermanos, por el delito de coacción sobre uno de ellos, Damián Lagaronne, en combinación con Leandro Araque y Facundo Melo, dos ex agentes de la AFI.
Un trámite al que el fiscal de la UFI N°8, Javier Martínez, añadió los chats de Llermanos con Melo y Araque en los que se tramaría un supuesto intento de extorsión a Diego Santilli. Casi una bendición para Horacio Rodríguez Larreta, aterrado por la idea de que a Elisa Carrió se le ocurra indagar por el vínculo supuestamente amistoso de ambos con Pablo y su padre Hugo. Una relación que contribuye a disimular el aparente conflicto entre el gobierno porteño y los camioneros por la estatización transitoria del servicio de grúas de acarreo incluido en el sistema de estacionamiento medido. Ese tema es menos inquietante para los Moyano que el pedido efectuado por Marcelo Martínez de Giorgi a Brenda Madrid: datos precisos sobre la causa Independiente. El juez de Comodoro Py fue confirmado por la Cámara Federal en la causa por supuesto espionaje ilegal. Madrid subroga la causa Independiente. El pedido de Martínez de Giorgi se funda en que Ariel Lijo se declaró incompetente para establecer si Hugo Moyano es otro damnificado de la causa de supuesto espionaje como denunció en su juzgado Llermanos.
Antes de esa declaración, Lijo le había reclamado a la Justicia de Lomas de Zamora intervenir en la denuncia por coacción contra el abogado. Esa causa es la que también ahora está en poder de Martínez de Giorgi. La necesidad de ganar la calle es el atractivo que Pablo Moyano despierta en Cristina y Máximo. Pablo es uno de los líderes del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona). Junto a la corriente de Palazzo concentran un tercio de los cargos de conducción en la CGT. El resto es controlado por la alianza entre Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingieri (Sgbatos). La solidaridad de la CGT con la vicepresidenta expresa el conflicto que amenaza abrirle a su conducción con Moyano al frente de una minoría intensa. Una realidad que se repite en el Congreso. Pero también con intendentes y entre los gobernadores.
Los que asistieron a La Plata hicieron saber su preocupación porque el ajuste pretenda involucrar los fideicomisos que constituyeron para financiar obras. Y que el alza tarifaria no complique el plan de convocar en diciembre a elecciones anticipadas en su provincia, que la mayoría tiene resuelta escalonar entre febrero y mayo. Un cuadro en el que prima cierta confusión generalizada y en el que Alberto Fernández planteó una tenebrosa analogía entre Alberto Nisman y el fiscal Luciani, que hasta ayer intentó subsanar sin éxito.
El encolumnamiento incondicional con Cristina genera otras adhesiones más insólitas. Anteayer circuló en Isidro Casanova y Laferrere, La Matanza, un audio donde Luis D´Elía instó al bloqueo permanente de calles y rutas porque “esto no se resuelve con marchitas espasmódicas”. Una crítica sutil a La Cámpora para ubicarse a su izquierda. La medida se resolvería en un plenario convocado de su agrupación Miles que tendrá lugar esta noche, en el que revelaría si consiguió la adhesión del intendente Fernando Espinoza, con quien debía almorzar este mediodía. Entre los escasos beneficios de los recientes movimientos de Cristina que ayer contabilizaban algunos intendentes, podría figurar el final para el afán reeleccionista del presidente.