La Justicia toma distancia de Cristina
La vicepresidenta quiere conseguir algo en la Justicia antes de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, porque olfatea que la derrota llegó para quedarse
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
Han pasado 22 meses del gobierno de Alberto Fernández y ninguna causa judicial contra Cristina Kirchner se cerró. Esa es una de las muchas razones del fastidio que ella cultiva contra el Presidente. Hace dos meses, la vicepresidenta recordó en público que el actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, no había sido procesado nunca por el plan Qunita, aunque él era ministro de Salud cuando se lanzó ese programa. En julio pasado, cuando la vicepresidenta destacó la supuesta impunidad de Manzur, este era un aliado de Alberto Fernández. Cristina subrayaba que el Presidente cuida en los tribunales solo a sus amigos. Y que no hace nada por ella. Es una mirada conspiranoica de la historia. A pesar de su condición de abogada exitosa, según se calificó ella misma, Cristina ignora que la Justicia no puede hacer magia. “No hay suicidas en los tribunales dispuestos a prenderles fuego a los expedientes con pruebas y testimonios”, asegura un juez que instruyó una de las causas por supuesta corrupción contra la expresidenta. Después de la derrota de hace 15 días, la estrategia del cristinismo cambió: ahora la prioridad es la impunidad más que la venganza. Antes, la impunidad propia y la venganza (sobre todo, contra Macri y su gobierno) iban juntas.
El tiempo es ansioso. La vicepresidenta quiere conseguir algo en la Justicia antes de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, porque olfatea que la derrota llegó para quedarse. Las encuestas le dicen que el humor de mucha gente común está peor con el Gobierno que antes de las primarias. “Se rompió una pared. Muchos que no querían votar contra nosotros ahora están dispuestos a hacerlo”, le comentó a ella un intendente del conurbano. El próximo objetivo de los abogados de Cristina es demorar o cerrar sin juicio el debate oral y público por las causas Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero, en las que están procesados la vicepresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia. El juicio oral debería comenzar a fines de este año. Esa causa no tiene a exfuncionarios en el medio. Están la familia Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Los que presuntamente lavaban dinero y los que los ayudaban a lavar. Son causas muy difíciles de disimular. Hasta ahora no han logrado nada. “Antes de las elecciones, algunos jueces podían demorar los expedientes; ahora, ni eso”, dice un funcionario con larga trayectoria en los tribunales. La Justicia parece haber llegado solo hasta la liberación de exfuncionarios que estaban con prisión preventiva. Casi todos fueron liberados. Pero no habrá quema de expedientes.
La vicepresidenta quiere conseguir algo en la Justicia antes de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, porque olfatea que la derrota llegó para quedarse
En la semana que pasó, el fiscal Patricio García Elorrio dio por probado el delito de defraudación al Estado de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa porque retuvieron impuestos por valor de 8000 millones de pesos. Eran retenciones del impuesto a las naftas que esos empresarios debían trasladar en el acto al Estado. Al revés, usaron ese dinero y lo invirtieron en la compra de nuevas empresas. La AFIP se había retirado como denunciante en la causa. Solo el fiscal García Elorrio podía mantener en pie la causa que está en juicio oral y público. La mantuvo. García Elorrio sostuvo en su alegato que el delito que cometieron López y De Sousa está probado. La directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, paseará por los tribunales durante los próximo años porque ya le iniciaron dos causas por encubrimiento. Ella retiró a la AFIP como querellante. La Justicia tiene ahora otro ímpetu.
En ese contexto, una mayoría de la Corte Suprema eligió al juez Horacio Rosatti como su presidente y a Carlos Rosenkrantz como su vicepresidente. No participaron de la reunión, convocada por Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti ni Elena Highton de Nolasco. Un tuit posterior de la abogada Graciana Peñafort, una persona muy cercana a Cristina Kirchner, dio cuenta de que esa elección no le gustó a su jefa. Peñafort dijo que Macri, a través de su amigo Fabián Rodríguez Simón, había impuesto la nueva conducción del máximo tribunal. Si bien Rosenkrantz y Rosatti fueron jueces propuestos por Macri, lo cierto es que este se arrepintió públicamente de haberlo elegido a Rosatti. Lo escribió en su libro. Peñafort manipuló la historia para expresar el disgusto del cristinismo. La ausencia de Highton de Nolasco señala el obvio desacuerdo de Alberto Fernández con la designación de Rosatti. La jueza fue siempre una amiga leal del actual presidente. En ese tribunal están varias apelaciones de Cristina Kirchner. La más importante es la que se refiere a la causa de Vialidad por las monumentales obras públicas que recibió Lázaro Báez. La expresidenta pidió un auditoria de la obra pública desde el 2003 antes de que la causa siga adelante. Es la mejor manera de pedir que el expediente entre en la noche de los tiempos. La causa está paralizada. La Corte debería expedirse cuanto antes.
Lo que sucedió en la Corte fue un decisivo desempate por parte del juez Juan Carlos Maqueda, que se unió a Rosatti y Rosenkrantz. Maqueda, que se convirtió en un gran elector porque no tiene la ambición de presidir el cuerpo, venía cansado con la insistencia de Lorenzetti en volver a presidir la Corte. Lorenzetti asegura que hace un mes les dijo a sus colegas que aspiraba a dedicarse al medioambiente y que no quería ser presidente del tribunal. Nadie recuerda haberlo escuchado. Es cierto, sin embargo, que hace unos diez días le ofreció su voto a Rosenkrantz para la reelección de este como presidente. Se uniría Highton de Nolasco. Era una mayoría, pero Rosenkrantz le contestó que no estaba atornillado en el sillón y que prefería la renovación y la rotación en la conducción del tribunal. Rosenkrantz se inclinó por Rosatti. Luego, Lorenzetti, dicen a su lado, le ofreció su voto a Rosatti, pero con la condición de que este despidiera a un estrecho colaborador suyo, Silvio Robles. Rosatti rechazó la condición. Cada juez tiene derecho a elegir sus colaboradores.
También el viernes, un día después de la votación, Lorenzetti les hizo llegar a sus colegas una vieja acordada en la que el fallecido juez Enrique Petracchi cuestionaba el autovoto en la Corte a propósito de que el entonces presidente Julio Nazareno se había votado a sí mismo. Nazareno iba por el tercer mandato consecutivo. Rosatti, que accede por primera vez a la presidencia, se votó a sí mismo para alcanzar la mayoría de tres. Pero, ¿no era también el voto a sí mismo lo que Lorenzetti le había propuesto a Rosenkrantz? Solo votándose a sí mismo, junto con Lorenzetti y Highton de Nolasco, Rosenkrantz hubiera alcanzado la mayoría de tres votos en la Corte. Hay ahí una contradicción de Lorenzetti, que no aceptó la derrota y cuestionó la legitimidad de la elección de Rosatti. El pataleo durará poco: hay otra mayoría que conduce la Corte.
La nueva mayoría en la Corte (Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) está integrada por los jueces menos cuestionados o no cuestionados públicamente. Lorenzetti tenía influencia en los jueces federales de Comodoro Py. El mismo viernes, esos mismos jueces llamaron a la Corte para felicitar por la nueva conducción. Los jueces saben hacia dónde sopla el viento. Pero la Corte deberá hacer algo para sacarles el control de la oficina de escuchas telefónicas a los funcionarios de Comodoro Py. Esa oficina fue a la Corte como una garantía de legalidad y transparencia. También el tribunal necesita remozar su administración, que Rosenkrantz no pudo cambiar luego de suceder a Lorenzetti. Nadie les puede pedir a los tres jueces que voten en el mismo sentido (tienen formaciones e historias distintas), pero hay decisiones de orden moral que deben suceder en el máximo tribunal.
Rosatti fue una mala noticia para el Gobierno. No fue una buena noticia para la oposición, según el testimonio del propio Macri. Puede significar, entonces, la imparcialidad política que se espera de los máximos jueces de un país en serio.
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