La Justicia de Kicillof ofrece poca seguridad

Sergio Berni insiste en que el fracaso del combate contra el delito es responsabilidad de la Justicia, una interpretación que redime a Axel Kicillof, pero que también revela su predisposición a omitir lo que no puede desconocer: los jueces no determinan la política criminal, lo hace el gobernador a través de su Ministerio de Justicia, la cartera conducida por Julio Alak, el único mencionado para sustituir a Berni en todas las versiones que circulan y que, tal vez por eso, se le atribuyen al propio Alak. Por supuesto, el ministro desmiente toda esa malicia.

Alak usó twitter para solidarizarse con Kicillof, molesto porque se le siga endilgando la suelta indiscriminada de presos en la pandemia. “Me tienen podrido con eso. Un gobernador no decide quién entra ni quién sale de la cárcel”. Tan cierto como eso fue el escaso interés expresado para detener las liberaciones que ordenó Víctor Violini con una aplicación amañada de la resolución 158/20 de la Procuración General para morigerar las condiciones de encierro de la población carcelaria con riesgo objetivo de contagio de Covid.

La Corte adhirió a esa medida con la resolución 386/20 que dejó a Violini habilitado a concentrar todas las decisiones que el Tribunal de Casación Penal distribuye en sus seis salas con dos miembros cada una. Resulta curioso que el máximo tribunal haya resuelto delegar esa función en un magistrado que reunía las condiciones para preservar su salud frente a un riesgo semejante: mayor de 70 años y con severos problemas cardíacos.

A la Corte le insumió un tiempo considerable reparar ese desliz que tuvo lugar en la presidencia de Daniel Soria, exfuncionario de Alak durante sus cuatro mandatos como intendente de La Plata. En ese intervalo Violini le concedió prisión domiciliaria a Enrique “Quique” Petrullo. El simpático influencer judicial que oficiaba de contacto con Martín Manuel Ordoqui destituido como juez de Casación, entre otros cargos, por sospecharse de sus vínculos con la megabanda dedicada al robo de viviendas que lideraría el exjuez César Melazo.

El escándalo por la excarcelación de Petrullo contra la opinión de los peritos médicos del sistema penitenciario privó a Melazo de acogerse a ese régimen. Una posibilidad que Violini le rechazó en dos ocasiones. Está previsto que el 5 y 6 de diciembre comiencen los alegatos en el juicio oral y público contra el exjuez de Garantías de La Plata. Un trámite donde no deja de ser llamativa la aparente coincidencia de la parte acusadora, la fiscal Virginia Lago, con el juez del TOC N° 2, Santiago Paolini.

A ninguno de los dos los satisfaría el nivel de contundencia que presentan las pruebas contra el exmagistrado. En ese juicio todavía no prestó indagatoria Ordoqui, cuya detención a ese efecto dispuso Bettina Lacki. La fiscal que investigó su caso sigue reuniendo pruebas. Aunque la que provoca más expectativa sigue siendo por ahora un rumor inquietante. En las escuchas telefónicas que ordenó, otros tres jueces de Casación aparecerían involucrados con la megabanda: Violini, Daniel Carral y Fernando “Pipi” Mancini. La Procuración General pidió el juicio político a Violini por su comportamiento en la pandemia.

Soria preside el jurado que deberá investigarlo una vez que Casación remita todas las resoluciones del juez en ese lapso. A fines del año pasado, el secretario de Casación, Fernando González, se excusó por la demora en girarlas. Adujo que eran demasiadas. Hasta fin de este año, ese tribunal es presidido por Carral. Alak sigue de cerca ese proceso. Igual que en los abiertos contra el fiscal de Tigre, Claudio Scapolan, y el que finalizó en la destitución de Ordoqui, la preocupación del ministro se expresa en llamadas telefónicas a legisladores del oficialismo y de la oposición que integran esos jurados.

Podría sumarse más trabajo después de la anulación de la elevación a juicio de la causa por supuesta asociación ilícita entre dirigentes y barras de Independiente en respuesta a una presentación efectuada por Héctor “Yoyo” Maldonado, exsecretario del club. Borinsky se opuso a esa decisión que avaló Violini en un voto con fundamentos redactados por Carral en una sorprendente violación de su propia doctrina: rechazar pronunciarse sobre la validez de juicios en los que no hay sentencia definitiva.

Además del recurso extraordinario que presentará en la Corte por ese fallo se especula con que la fiscal de Casación, María Laura de Gregorio, podría acusar a Carral de prevaricato ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento a Magistrados. El trámite inicial de un eventual juicio político. La transgresión de Carral se inspiraría en la necesidad de sentar jurisprudencia favorable a Pablo Moyano. La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora tendría decidido incluirlo otra vez entre los acusados de integrar una asociación ilícita en la causa Independiente. Lo haría para romper un círculo vicioso: ordenarle a Brenda Madrid un fallo en el que se rectifique del que dictó para sobreseer en dos ocasiones al dirigente camionero. El tribunal daría a conocer el suyo tras la feria judicial. Lo que vuelve casi una ironía que Carral y Violini repitan el pedido efectuado infructuosamente por la Cámara de Apelaciones a la jueza Correccional N° 1 de Avellaneda. Juntos presentaron en la Legislatura bonaerense un pedido de juicio político a Madrid por los sobreseimientos a Moyano.

Kicillof no lo dijo, pero su queja fue en defensa de la crítica que le efectuó María Eugenia Vidal por el estado del sistema carcelario. El gobernador aseguró haber recibido una herencia de 16.000 presos hacinados. Probablemente la ira lo llevó a desdecirse de su propio argumento: los gobernadores no resuelven quién entra y quién sale de prisión. Más sensible es otra contradicción expresada en el presupuesto del próximo año. Allí prevé la incorporación de 7000 agentes al servicio penitenciario. No lo haría si no previera más detenciones.

Esa inversión contrasta con el 0,5% asignado al Poder Judicial sobre un total de $6,2 billones. Recursos destinados exclusivamente al pago de salarios y sin posibilidad de reasignarlos, como ocurre con todos los afectados a la partida uno. La titular de la Corte, Hilda Kogan, le reclamó a Kicillof más fondos para cubrir las 500 vacantes que complican el funcionamiento del Poder Judicial. Donde podrían repetirse casos como el de Alejandro Ruggeri. El fiscal de Florencio Varela solicitó dos años de licencia sin goce de sueldo para radicarse en Italia con su esposa y tres hijos ante la creciente ola de inseguridad de la que ya fueron víctimas sus padres.

La agenda de Alak tendría como prioridad satisfacer a los intendentes del conurbano. Junto a su segundo, Lisandro Pellegrino, representa al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, a cargo de seleccionar futuros funcionarios judiciales y de sancionar a los que ya lo son si violan sus deberes.

Aunque su puntaje es inferior al de María Dolores Pérez Ugido (90) en el concurso para ser fiscal general en Merlo, Carlos Baccini (80) es el candidato a ocupar ese cargo que dejará libre el de jefe de todos los fiscales que ocupa en Lomas de Zamora. Baccini rechazó el pedido de juicio político a Javier Rodiño, involucrado en la quiebra del Policlínico Lomas. Antes de ser juez en la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Rodiño lideró la gerenciadora que quebró a esa empresa. Baccini se habría reunido con Rodiño el mismo día que desestimó la medida en su contra.

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