La impunidad judicial
Una clara mayoría de argentinos votamos por un cambio profundo encarnado en Javier Milei. Resucitó ideas liberales abandonadas hace 90 años por todos los partidos y grupos mayoritarios, que optaron por un estatismo controlador que nos arrastró a un abismo, al fin evidenciado en dos décadas de kirchnerismo.
Esa catástrofe también afectó al Poder Judicial y a un sistema legal que, pese a su explícita base liberal, mutó hacia un estatismo violatorio de la Constitución, donde todo está prohibido, salvo excepciones… truco que fomentó múltiples kioscos de coimas. Así, la Argentina fue uno de los dos países del mundo que sin una guerra devastadora se empobrecieron a lo largo de las últimas décadas. El otro caso es la pobre Venezuela, que flota en petróleo y oro, pero está gobernada por una banda criminal.
El kirchnerismo llevó estos desastres a su cénit, coronándolo con la derogación del Código Civil de Vélez Sarsfield, monumento jurídico al liberalismo, que reemplazó por un mal Código Civil y Comercial, medularmente estatista, a grado tal que el derecho de propiedad está condicionado a lo que dispongan los concejos deliberantes de cada municipio, y todos nuestros derechos, librados a decisiones judiciales propias de legisladores.
Quizás algún día podamos solucionar los errores del nuevo código que no pedían ni los peores terroristas y cuyos efectos negativos aún no terminamos de ver. Es cuestión de tiempo. Para peor, ese código y otras leyes similares están en manos de un Poder Judicial muy deficiente, como percibe la opinión pública, que le da una imagen positiva debajo del 30%.
Es obvio que resolver los grandes y urgentísimos temas macroeconómicos es condición necesaria pero no suficiente para que la Argentina se recupere. Debe recuperarse el amparo legal a la libertad en nuestras leyes y deben mejorar mucho los miles de jueces federales y locales que las aplican, demasiadas veces mal.
Quien crea que exagero puede preguntarle a su amigo abogado por su opinión sincera.
El teóricamente buen sistema del Consejo de la Magistratura de la Nación ha empeorado año tras año y hoy en día es pura política o casta. Lo integran políticos y jueces. Además, hay académicos que en realidad son políticos, porque las elecciones de rectores de universidades públicas son eso. Y lo completan abogados que, como deben hacer campaña de Jujuy a Tierra del Fuego, solo pueden llegar si son patrocinados por un partido político grande.
Esa mezcla de política y endogamia judicial se fortificó en arcanos reglamentarios. Tres ejemplos bastan: no se votan candidatos, sino ternas de candidatos, de manera tal que cada grupo logre poner a sus protegidos. Con la fatua excusa de su independencia, no se enjuician jueces por sus sentencias, lo cual les garantiza impunidad. Y las denuncias rara vez avanzan, como es el caso del juez Lijo, a quien no se investiga… ¡por ser candidato a la Corte Suprema!
Más allá del Consejo y de la facultad presidencial de proponer jueces al Senado, lo cierto es que el gran arquitecto del Poder Judicial es desde hace 40 años el peronismo, con su mayoría senatorial que solo concede ciertas vacantes al partido en el poder, sea la UCR, JxC y ahora La Libertad Avanza.
Esa dominación de casi medio siglo ha provocado que dentro del Poder Judicial abunden jueces que llegan no por méritos sino por sus contactos políticos con el PJ y la UCR, a los que responden. Así, casi nadie ha sido juzgado ni removido: ni los malos jueces ni los malos funcionarios. Impunidad garantizada para todos, salvo poquísimos casos.
Este panorama incompatible con la prosperidad económica podría ser cambiado por una buena, decente y valiente Corte Suprema que actúe con rapidez o por un Consejo de la Magistratura profundamente modificado, que proponga los mejores candidatos y remueva a los jueces que no deben serlo.
No dudo de que el presidente Milei prefiera un mejor Poder Judicial, porque más allá de su foco en el cambio macroeconómico, un experto economista como él sabe que un sistema judicial malo puede destruir cualquier economía. Pero necesita votos en el Congreso, sin los cuales no se puede modificar el Consejo de la Magistratura, ni designar mejores jueces. Está obligado a negociar, algo que suena civilizado, pero muchas veces genera malos resultados, como dijo Bismarck hace 150 años.
Milei, a quien la “intelligentsia” le pide todo y ya, necesita herramientas republicanas para mejorar al sistema judicial.
Las herramientas son más diputados y senadores que dicten las leyes necesarias para terminar con la impunidad judicial.ß
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