La Hidrovía, un conflicto que pone en juego el modelo de país

La discusión sobre la situación de la Hidrovía Paraná-Paraguay pasa casi desapercibida para millones de argentinos ocupados en enfrentar el escenario incierto que presenta la pandemia y su pésima gestión por parte del gobierno nacional. Sin embargo, en este conflicto está en juego un modelo de país. El péndulo se mueve entre apostar a la promoción productiva y competitiva para la generación de empleo y desarrollo o consolidar un sistema en el que se impone la impericia, la oscuridad y la voracidad de los gobernantes de turno.

Por la Hidrovía circula el 80% de la exportación nacional. Su administración implica un complejo sistema que incluye desde el dragado hasta el manejo del medio ambiente de un ecosistema privilegiado y poco valorado por las decisiones estatales durante décadas. El sistema de transporte que permite la circulación por los ríos y sus puertos es el más eficiente para trasladar nuestros productos al mundo. A partir de esta discusión, comenzamos a tomar conciencia de un sistema de navegación que permite llevar buques oceánicos más de 600 km aguas arriba desde su arribo por el Atlántico, en un río Paraná único en el mundo que no solo baña ricas zonas productivas sino que permite la salida de lo que generamos en las provincias del interior del país.

La lógica de gestión kirchnerista ya nos tiene acostumbrados a crear enemigos para avanzar con decisiones que siempre tienen su componente de arbitrariedad, escaso rigor técnico y poca transparencia. Para el caso que analizamos, en los últimos meses se ha hablado del sometimiento de nuestra soberanía a manos de Uruguay, situación inexistente toda vez que en 2014 se acordaron con ese país dos zonas de espera para acceder a los canales de navegación. También se dijo que con la evasión por menor declaración de exportación de granos podría cancelarse gran parte de la deuda externa. Con solo observar los datos oficiales del Ministerio de Agricultura puede verificarse que lo producido – en el caso de la soja – coincide con lo exportado en distintos formatos (aceites, porotos, harinas, pellets, biocombustibles) y lo consumido internamente se verifica que esa evasión no existe. Claro está que, si queda alguna duda, los controles deben ser realizados por la Aduana, organismo bajo la órbita del Poder Ejecutivo.

El Estado se ha autoconcesionado la obra de dragado y balizamiento del curso de agua, adjudicándola a una sus (nuestras) empresas y así asumido el riesgo empresario ya que el actual concesionario adoptará el papel de contratista. Se asume la concesión precisamente en el momento más álgido, cuando las aguas del río Paraná registran bajantes únicas que prometen continuar. Sería sumamente importante, por el bien de la cristalinidad del proyecto y el derecho al acceso a la información por parte de la ciudadanía, que se comunique el precio de la contratación. Resulta prioritario conocer un plan de aplicación del dinero excedente entre la recaudación de peaje y el pago del contrato de obra.

Sin duda alguna, ahora que el gobierno ha decidido asumir la administración de esta vía navegable (pues el control siempre lo tuvo aunque no parece haberlo ejercido), se tomará verdadera noción de lo complejo de este sistema y de las indiscutibles dificultades para su mantenimiento, operación y diseño de mejoras. Es esencial planificar hacia el futuro en función de la capacidad de producción de nuestro país, de la evolución de los medios de transporte, de la seguridad en la navegación, de la integración regional y de los esfuerzos tecnológicos que esta obra exige, sin falsa dicotomía de soberanía. Tenemos que contar con los expertos y, de una vez por todas, abandonar los prejuicios y las mentiras en la toma de decisiones.

Diputado, presidente de la comisión de Transporte

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