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La herencia de Borges
Por Alejandro Vaccaro Para LA NACION
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Nadie puede negar, a veinte años de su muerte, que Jorge Luis Borges tiene una fama merecida, ampliamente sustentada en una obra literaria original, que es estudiada en los círculos académicos de las principales universidades del mundo. Pero, curiosamente, su presencia en los medios masivos de comunicación es recurrente por razones extraliterarias.
El reciente litigio planteado entre la editorial francesa Gallimard y María Kodama, heredera testamentaria de los derechos de la obra de Borges, abre también un debate sobre quiénes son los verdaderos dueños del legado de los grandes hombres de la cultura.
En el caso puntual que señalamos, la pelea parece ir más allá de una mera interpretación de derechos: está en juego una cierta cantidad de cintas, con muchas horas de grabación, de diálogos entre Borges y Jean Pierre Bernés, un prestigioso profesor de la Sorbona que la editorial francesa comisionó para que cuidara la edición de las obras completas del escritor, que se publicó en la no menos prestigiosa colección La Pleiade, una suerte de Parnaso al que llegan sólo unos pocos elegidos.
Para Borges, fue una de las noticias más gratas de su vida, ya que, como dijo en esa oportunidad, estar en la colección le iba a permitir codearse con viejos amigos como Kafka, Montaigne y Cervantes.
Kodama reclama las cintas para sí, ya que sostiene que el verdadero interés de las mismas es pura y exclusivamente porque en ellas está la voz y la opinión de Borges. Bernés, por su lado, las conserva, sin demostrar ánimo de publicarlas en vida y respalda sus derechos en la sencilla razón de haber sido el ejecutor y partícipe de la tarea. Seguramente, la editorial Gallimard tendrá algo que decir al respecto, ya que fueron ellos quienes comisionaron a Bernés para realizar el trabajo.
Hasta aquí, la cuestión se ha ventilado en sede judicial francesa y, según los magistrados, las cintas deben seguir en manos del profesor de la Sorbona. Claro que si se trata de publicarlas, la decisión judicial puede ser otra, por eso Bernés se cuida de decir que ésa no es su intención, por lo menos mientras que, tanto él como la heredera de los derechos de Borges habiten este mundo. Claro está que, ante la desaparición física de Kodama, desaparecen los derechos.
Si bien la mayoría de los litigios por derechos de autor encierran un trasfondo de índole económica, en este caso las razones no surgen con claridad frente a las diversas interpretaciones, y quizá sólo los protagonistas directos sepan las verdaderas causas de este entuerto.
En este sentido, Héctor Bianciotti, escritor argentino residenteen Francia y empleado de Gallimard, bucea en las aguas profundas de las relaciones humanas y afirma: “Todo funcionó hasta que nos disponíamos a publicar el segundo volumen. Entonces, me contactó Andrew Wylie, agente de María Kodama, y me hizo saber que ella exigía que cambiáramos el título y que estimaba la edición llena de errores, aunque fue incapaz de citar uno. Actuaba como si tuviera celos del éxito del amigo de su esposo”.
Héctor Bianciotti no puede ser acusado de parcialidad: fue él quien acompañó a María Kodama, a su pedido, en la madrugada del 14 de junio de 1986. Y estuvo presente en el momento en que Borges murió, unos minutos antes de las 8 de la mañana.
Ahora, el debate esencial, que a mi juicio debemos dar en el marco social, trasciende a las interpretaciones jurídicas, limitadas en tiempo y espacio, e ingresa en otros terrenos no menos espinosos.
¿Quiénes son los verdaderos dueños de los legados de nuestros grandes hombres? Mi respuesta es, sin dudarlo: la comunidad, y la tutela de ella la debe ejercer el Estado por medio de los distintos gobiernos que la sustentan.
Controlar la salida de obras de arte del territorio nacional es parte de esa tarea, interesarse por resguardar y conservar los documentos esenciales de nuestro pasado esotra parte, y así sucesivamente. ¿Alguien puede dudar cuando se pregunta a quién pertenece una proclama militar firmada por el general San Martín, o el manuscrito del Martín Fierro, que afortunadamente fue rescatado por el Estado, a través del Museo Histórico Nacional, por la sagaz iniciativa de un funcionario que, incluso, reclamó aportes privados?
Seguramente, estos ejemplos no ofrecen dudas.
Hay países, como nuestro vecino Uruguay, donde rige la ley: compra el Estado. Este es un mecanismo que consiste en que el Estado se presenta en un remate y tiene la prioridad de compra, por la base, de los objetos de su interés. Ello no anula los derechos económicos que tiene cada uno de los legítimos poseedores de esos bienes. En la Argentina, la ley de expropiaciones autoriza al Estado a la transferenciaforzosa de bienes para cumplir determinados objetivos (por ejemplo la expropiación de un inmueble para la construcción de una autopista) y la discusión sobre la indemnización por pagar al afectado, si no hay acuerdo previo, puede dirimirse en los tribunales.
Resulta engorroso sostener esta teoría tutelar del Estado cuando, por caso, en la Biblioteca Nacional argentina, en las últimas décadas, se han robado algo más de 200.000 libros, o cuando la depredación llega por negligencia o por escasez presupuestaria para mantenerlos. Por ello, fortalecer las instituciones no es una tarea menor para cualquier político que piense sanamente en el futuro de todos los argentinos.
En el caso de Borges, consta que hay miles de documentos, cintas, manuscritos, inéditos, etcétera, esparcidos en manos privadas; algunos, lamentablemente ya en el exterior, en los anaqueles de diversas universidades extranjeras. Pero si bien el autor de “El Aleph” es el ícono cultural argentino de mayor trascendencia planetaria, hay muchos otros escritores, pintores, escultores, músicos, cuyo legado merece ser atendido por el Estado.
El principio de solución reconoce distintas etapas. En primer lugar, el Poder Legislativo debería dictar una ley que le permita al Poder Ejecutivo hacerse de determinados documentos, pinturas, manuscritos, por vía de compra, expropiación, etcétera, y con mayor premura en aquellos casos en los que tales documentos corran el riesgo de ser destruidos o sacados del país.
En segundo término, asignarle un presupuesto acorde al proyecto y, por sobre todas las cosas, crear un organismo del Estado que asegure la adecuada conservación y manutención de los bienes adquiridos.
Y por último, poner a disposición de la comunidad, tanto nacional como internacional, el uso racional de éstos.
Lo que tiene que quedar en claro es que estos legados de nuestros grandes hombres no pueden estar sujetos a modas, épocas, caprichos de familiares u otras banalidades, sino responder a una política de Estado que, al igual que Jorge Luis Borges como escritor, trascienda a nuestro tiempo.
