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La expropiación de Vicentin, un falso concepto de soberanía alimentaria
PARA LA NACIONDaniel Montamat
Hay un reacomodamiento del orden mundial que la pandemia va a acelerar y la Argentina tiene que aprovechar. Sumando masa crítica con los socios regionales, la Argentina puede ofrecer al mundo que viene seguridad alimentaria y seguridad energética. La cadena de valor agro exportadora puede negociar con países que requieren materia prima la conversión de proteína vegetal en proteína animal y biocombustibles. Agregamos entre cinco y seis veces más valor. Después vamos por las góndolas.
El mundo petrolero empieza a reacomodarse. Con el confinamiento de abril y el "coma inducido" de la economía mundial, la demanda mundial de petróleo se redujo en 30 millones de barriles día (de 100 a 70). En mayo, con la apertura gradual en muchos países la demanda mundial trepó a 85 millones b/d promedio. Los cortes de la OPEP+ por 9.7 millones de b/d, ahora extendidos hasta fines de julio, permitieron reequilibrar el mercado. De los precios negativos de abril se volvió a un barril de 40 dólares.
La seguridad energética, como la seguridad alimentaria requieren ingentes inversiones que la Argentina no puede afrontar con sus tasas de ahorro interno. Ni qué hablar de inversiones de un estado que está quebrado
El proyecto energético del país, con la urgencia del desarrollo intensivo de Vaca Muerta (antes de que sea tarde) nos puede proveer energía abundante y a precios competitivos para el desarrollo doméstico y regional, además de excedentes para ofrecer seguridad energética a regiones con déficit. Pero tanto la seguridad energética, como la seguridad alimentaria requieren ingentes inversiones que la Argentina no puede afrontar con sus tasas de ahorro interno. Ni qué hablar de inversiones de un estado que está quebrado.
Esas inversiones multimillonarias en dólares las tienen que hacer empresas argentinas y extranjeras que están pendientes de la reestructuración de la deuda y de una macroeconomía consistente que rehabilite el acceso a los mercados de créditos a tasas razonables. Si no, no tendremos ni proyecto de desarrollo, ni proyecto agropecuario, ni proyecto energético.
La expropiación de la empresa de capitales argentinos Vicentin, en este contexto, y al margen de los vicios de forma, se hace en nombre de la "soberanía alimentaria". Más que remitirnos a Venezuela, la épica que se busca comunicar nos retrotrae a la expropiación de YPF en el 2012, entonces por razones de "soberanía energética". El Poder Ejecutivo en aquella ocasión utilizó también facultades legislativas excepcionales (DNU) para intervenir una empresa controlada por españoles y gerenciada por argentinos. El Congreso luego refrendó lo actuado, declaró su utilidad pública y decidió su ocupación.
El camino elegido para apropiarnos del capital mayoritario en nombre de la "soberanía energética" nos llevó a pagar miles de millones de dólares a Repsol (y hay reclamos judicializados pendientes con otros accionistas), pero recuerdo que para iniciar el desarrollo de Vaca Muerta hubo que recurrir a la asociación con Chevron, empresa estadounidense, que aportó capital en condiciones especiales, porque estábamos fuera del mundo.
Solo Vaca Muerta tuvo en los últimos años un promedio de inversiones de alrededor de 5000 millones de dólares, y su desarrollo intensivo implica inversiones en pozos y logística que pueden llegar a duplicar y triplicar esos valores.
¿Por qué apelar a la "soberanía alimentaria" para justificar una expropiación anticipada de una empresa argentina cuando hay mecanismos legales en el concurso para viabilizar una intervención judicial y un eventual rescate?
Podrá alegarse que la expropiación de Vicentin, obedece a un principio de subsidiaridad reivindicativo de la "teoría de la empresa en marcha". Se trata de una compañía concursada que podía ir a la quiebra y tenía al Estado como acreedor (préstamos, impuestos). ¿Pero, por qué apelar a la "soberanía alimentaria" para justificar una expropiación anticipada de una empresa argentina cuando hay mecanismos legales en el concurso para viabilizar una intervención judicial y un eventual rescate? ¿Por qué cargar a YPF S.A que debe ocuparse de maximizar la explotación de petróleo y gas y vender sus productos con un negocio accesorio a su gestión principal?
Ni el Estado Nacional, ni YPF están en condiciones de capitalizar la empresa expropiada. Uno está tratando de evitar un nuevo default, el otro buscando acceso al financiamiento y nuevos socios que aporten capital a su negocio principal. Los soberanistas de la energía y los soberanistas alimentarios tienen que entender que sin nuevas y mayores inversiones la Argentina no tiene destino en el nuevo orden internacional.
* Exsecretario de Energía y expresidente de YPF
Por Daniel Montamat
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