La estrategia de ocultar contratos no es nueva para el oficialismo

El gobierno argentino celebró diversos contratos para la provisión de vacunas contra el Covid-19. En todos esos contratos existen cláusulas de confidencialidad. Esto es usual en contrataciones de este tipo porque las partes buscan protegerse de la revelación de cierta información. En particular cuando, como en este caso, se refieren a cuestiones sensibles de patentes, propiedad intelectual y desarrollos científicos.

Esas cláusulas justificarían la decisión del oficialismo en la Auditoría General de la Nación (AGN) que declaró la totalidad del análisis de esos contratos “reservado”. Sin embargo, esto o es un error conceptual o es una excusa para no publicar un informe que solo los analiza superficialmente.

En primer lugar, una aclaración. Los auditores que no apoyamos la imposición del secreto de esas actuaciones no desconocemos las cláusulas de confidencialidad. Cuestionamos que la confidencialidad se extienda más allá de lo debido. Para el oficialismo, lo que incluye a la ministra de Salud, todo debe estar escondido al público. El problema es que esto no surge ni de los contratos ni de las acciones asumidas por las partes luego de aprobados ni de la legislación argentina.

Las cláusulas de confidencialidad están dirigidas a proteger secretos comerciales, las características de los productos, su conformación, sus especificaciones técnicas, información clínica, potenciales clientes, metodologías de ensayo, etc. En líneas generales, todos los contratos tienen una previsión subsidiaria para definir qué es “confidencial”: aquello que “razonablemente” las partes puedan considerarlo así.

La estrategia de ocultar contratos no es nueva para el oficialismo. Ya lo había hecho en un contrato celebrado por YPF con Chevron. Antes sostuvieron lo mismo que ahora: todo es confidencial. La Corte Suprema, sin embargo, aclaró que esto no es posible en los contratos públicos, que la confidencialidad debe analizarse de manera restrictiva y que el derecho a la información ciudadana debe primar. Por eso, en el caso “Giustiniani”, le ordenó a la empresa estatal que hiciera públicas las cláusulas del acuerdo. Recordó que la libertad de información es un derecho fundamental que abarca el acceso a la información bajo el control del Estado. Solo de este modo se puede asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. También destaca que no puede admitirse, en el marco de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de la gestión.

El tribunal aclara que un ente que funciona en la órbita del Estado no puede ampararse en supuestas cláusulas de confidencialidad para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas.

La Corte reconoce que pueden existir situaciones en las que determinada información debe ser reservada. En especial, si deben protegerse cuestiones que pudieran comprometer secretos industriales, técnicos y científicos. No obstante, el principio es que esa información es pública. Pero lo que no puede hacerse, sin violentar el ordenamiento jurídico argentino, es identificar “confidencialidades” donde no las hay.

Los elementos estructurales de los contratos fueron publicados por el Ministerio de Salud en su página web. Por eso, es contradictoria la posición de la ministra Vizzotti. Ella autorizó esa publicidad, o al menos debió hacerlo, y ahora entiende que todos los contratos son secretos. Si la ministra entendió que no existía violación a ninguna norma de confidencialidad al publicar esa información, ¿por qué ahora nos dice que todo es reservado? ¿No había analizado las cláusulas de los contratos? Presumo que sí lo había hecho, que las analizó, que ponderó las consecuencias de sus acciones para nuestro país. Luego de ese análisis, llegó a la conclusión de que, por ejemplo, el precio de las vacunas debía ser público. Es por eso que la posición que asume ahora es contradictoria. También así lo entendieron los proveedores de las vacunas que no hicieron ningún reclamo a nuestro país por esa publicación.

Es por todo esto que ni la posición del oficialismo en la AGN ni la de la ministra de Salud tienen fundamento. Como lo sostuve en la reunión del Colegio de Auditores, intentan ocultar un informe irrelevante para analizar la gestión estatal en una cuestión fundamental para nuestra sociedad.

Pero, además, el carácter reservado de la totalidad de los contratos, y del informe de la AGN, es sorpresivo. En ninguna de las actuaciones en este organismo el trabajo fue realizado bajo secreto, de ningún tipo. Si toda la tramitación del informe estuvo al alcance del personal de la Auditoría sin ningún tipo de restricción, solo puede pensarse que las razones para el secreto están en otro lado. No en los contratos, quizás en el propio informe.

La interpretación amplia de las cláusulas de confidencialidad que hacen la ministra de Salud y el oficialismo en la AGN tiene una sola consecuencia: esconder lo que debe ser público. Con eso, se vulneran dos principios que gobiernan el tratamiento de la información estatal: favorecer la máxima divulgación de la información y que, en principio, toda la información en poder del Estado es pública. La confidencialidad solo se extiende a lo relativo a la propiedad industrial, componentes, etc., de las vacunas. Pero no más allá.

Ocultar información que se puede brindar es contrario a la ley y a los propios contratos. Solo algunos de sus aspectos están alcanzados por el deber de confidencialidad, impuesto por las farmacéuticas. Repito: no todo el contrato. La ministra y el oficialismo confunden la parte con el todo. El problema de confusiones de este tipo no agravia solo la reputación de la AGN. El secreto, el oscurantismo y la opacidad sobre un tema tan sensible es una afrenta a una sociedad abierta y democrática.

Auditor general de la Nación

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