La era de los “funcionarios que no funcionan”

Hay frases que definen épocas. “Hay que pasar el invierno”, por ejemplo, fue inmortalizada por Álvaro Alsogaray en un discurso que dio siendo ministro de Economía en 1959. “No le da el cuero”, supuso Lanusse en relación con Perón en julio de 1972, influido por partes médicos confusos y lo que hoy llamaríamos fake news respecto de la salud del General. “Esos estúpidos imberbes”, replicó el propio Perón sobre los Montoneros aquel 1º de mayo de 1974 desde el balcón de la Casa Rosada. “El que apuesta al dólar pierde”, afirmó Lorenzo Sigaut en 1981, en plena corrida cambiaria. El mismo año, Leopoldo Fortunato Galtieri había declarado: “Las urnas están bien guardadas”. A menudo, los actores políticos confunden el deseo con el análisis. “No supe, no pude, no quise”, confesó, sincero y autocrítico, Raúl Alfonsín en 1991. “Poder es tener impunidad”, dijo Alfredo Yabrán en un polémico reportaje en 1997. “El que depositó dólares recibirá dólares”, fue la fallida promesa de Eduardo Duhalde ante la Asamblea Legislativa en los albores de 2002. “Mi voto es no positivo”, perpetuó Julio Cobos en pleno conflicto con el campo en 2008. Pues bien, hace demasiado tiempo que vivimos en la era de los “funcionarios que no funcionan”, esa ácida definición de CFK de octubre de 2020 con la que blanqueó sus profundas diferencias con su compañero de fórmula, Alberto Fernández. Tal vez se trate de la principal contribución de la expresidenta a nuestra comprensión de la triste decadencia de la política argentina, de la que es en buena parte responsable.

“Es historia”, afirmó Javier Milei el martes de esta semana en relación con Nicolás Posse, su amigo, excompañero de trabajo, ladero cuando nadie pensaba que el hoy presidente tenía chances de ganar la elección del año pasado y ahora exjefe de Gabinete de Ministros. Aparecen profundos interrogantes respecto de las causas efectivas de su rápido ocaso y eventual reemplazo por el exministro del Interior Guillermo Francos. Pero algo es seguro: le cabe el concepto de “funcionario que no funciona”, al menos para la ahora ampliada mesa política de Milei, integrada por su hermana Karina, Santiago Caputo y, en medio del escándalo que involucra a su cartera, la multirratificada Sandra Pettovello. El politólogo Pablo Salinas demostró que este gobierno ya se deshizo de 42 funcionarios de importancia: uno cada cinco días. La inestabilidad en cargos claves se ha convertido en una de las características centrales de este inusual experimento libertario, fruto, en general, de la improvisación, la falta de cuadros, las pujas internas, la mala coordinación y la inexperiencia.

En Por qué fracasan todos los gobiernos (Ateneo, 2018) argumentamos junto a Marcos Buscaglia que el mal funcionamiento de nuestras instituciones, incluido el aparato estatal, responde a un problema estructural, de largo plazo y muy difícil de remover. Las actuales reglas político-electorales, de funcionamiento y (des)control del Estado y de relaciones fiscales federales se conjugan para producir políticas públicas de pésima calidad e inestables y un Estado ineficiente y con altos niveles de corrupción. Así, los desatinos fiscales y monetarios son consecuencia de este diseño institucional perverso y de los comportamientos políticos que lo generan. Como intentar tapar el sol con la mano, priorizar la eliminación del déficit fiscal “a lo que dé”, sin atender sus raíces más profundas, implicaría un error conceptual grave que sostendría los problemas vigentes y hasta los multiplicaría. Eso es precisamente lo que pasa con el gobierno de Milei: muerto el perro, no se acabó la rabia.

Es cierto que la política usó al Estado como caja, como espacio para desarrollar estrategias de posicionamiento y crecimiento político y patrimonial personal, como un lugar para hacer negocios y para financiar proyectos electorales que también representan oportunidades de acumulación. Carecemos de planteles profesionales de funcionarios con formación y remuneración adecuadas, selección y ascensos por concurso o patrón definido de desarrollo de carreras. Por el contrario, predominan el amiguismo, el nepotismo, la discrecionalidad y la falta de transparencia y previsibilidad en la política de contratación. A esto se le suman demoras absurdas en la tramitación de expedientes y aun en los nombramientos, que a menudo alimentan el uso de atajos absurdos como la utilización de organismos internacionales para contratar personal o comprar insumos, como ocurrió recientemente con el escándalo que involucra al Ministerio de Capital Humano y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hasta hace poco desconocida para el grueso de la opinión pública. Esto no es novedoso, pero en los últimos años fue alcanzando el paroxismo, no solo a nivel nacional, sino, en especial, en los gobiernos provinciales y municipales en los que el empleo público creció mucho más que en el Estado federal. Hay, claro, empleados públicos calificados, “bolsones de eficiencia” dentro de un contexto catastrófico y esfuerzos notables que deben ser reconocidos. Pero son golondrinas que no hacen veranos.

Paralelamente, los partidos políticos carecen de espacios de formación de cuadros técnicos que puedan desempeñar eficazmente funciones de gobierno. Algunos cuentan con instituciones o think tanks, como la Fundación Alem, de la UCR; Pensar, de Pro, o el Instituto Hanna Arendt, de la Coalición Cívica. Pero no alcanza para nutrir a los gobiernos de equipos en las distintas áreas, menos para conformar grupos interdisciplinarios. Al margen del sesgo actual hacia temas o visiones economicistas, carecemos de “comunidades epistémicas” o grupos de especialistas que promuevan debates, analicen experiencias comparadas y aporten ideas creativas para los múltiples problemas de la gestión, incluyendo carteras fundamentales como seguridad, desarrollo social, educación, medio ambiente o política exterior. No tenemos profesionales suficientes en la estructura del Estado que garanticen continuidad, ejecución y una dinámica apropiada en la administración de los asuntos públicos ni cuadros políticos preparados para tomar las decisiones correctas con ideas y programas innovadores. En buena medida, porque los ingresos son muy bajos. ¿Qué puede salir bien? Nada.

Circula en torno al Presidente la idea atractiva pero limitada de usar la inteligencia artificial para dar un “salto de rana” en materia de rediseño del aparato estatal. No hay dudas de que una profunda reforma del Estado requiere la incorporación de tecnología de la información. Existen experiencias muy interesantes de las que se pueden extraer lecciones útiles, como Letonia. Asimismo, si la Argentina concretara su ingreso a la OCDE, deberá hacer un esfuerzo muy significativo en materia de innovación y transparencia en el sector público. Una modernización efectiva es condición necesaria para romper esta penosa dinámica de decadencia. Pero de ningún modo suficiente: el Estado siempre fue y sigue siendo en todos los países democráticos y desarrollados una estructura política con responsabilidades inalienables, como brindar los bienes públicos esenciales que, además, están garantizados por nuestra Constitución: seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura física y cuidado del medio ambiente.

Resulta imperioso romper los mecanismos de captación de rentas y cuasi rentas de las que se han apropiado pequeños grupos de supuestos empresarios, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil y que han esclerotizado nuestra sociedad, usando el concepto que Mancur Olson desarrolló en su famosa obra La lógica de la acción colectiva, publicada en 1965. Pero para eso hace falta un programa lógico, pragmático, realizable, sensato y consensuado que incorpore todas las herramientas tecnológicas posibles, pero que evite las utopías tecnocráticas y las teorías jamás llevadas a la práctica. Y equipos de gestión con la experiencia, la capacidad y el liderazgo para implementarlo.

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