La era de los arrepentidos marca una nueva redistribución del poder
PARA LA NACIONAníbal Pérez-Liñán
El procesamiento de Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita marca el fin del relato épico de la era K y despeja el camino para un peronismo poskirchnerista. Pero, quizás más importante en el largo plazo, marca una rearticulación del poder institucional en la Argentina.
La investigación de los casos de corrupción se ha visto transformada por la institución de la delación premiada, que permite a la fiscalía negociar acuerdos con acusados que revelan la cadena de mandos en el esquema ilegal. Esta figura combina la amenaza de prisión con el incentivo de reducción en la pena y socava los pactos de silencio forjados entre políticos y empresarios.
Nuestro país adoptó la figura del imputado colaborador en 2016, y los cuadernos de Oscar Centeno mostraron tempranamente la fuerza ciclónica de este instrumento legal. Pero la Argentina no está sola. Los vientos del arrepentimiento tienen verdadero alcance regional y se han difundido con consecuencias inesperadas a lo largo de América Latina.
El acuerdo de reducción de pena (plea bargain) es tradicional en el derecho penal estadounidense, pero su difusión en América Latina es reciente. Si bien Brasil reconocía formas de delación premiada desde los años 90, el procedimiento se codificó detalladamente en 2013. No es casual entonces que la investigación de Lava Jato haya despegado furiosamente en 2014. En Perú, la figura de la colaboración eficaz existe desde comienzos de este siglo, pero fue reforzada por leyes contra el crimen organizado en los últimos cinco años.
Las experiencias recientes de delación premiada sugieren dos importantes lecciones. En primer lugar, este instrumento produce una redistribución de poder en beneficio de jueces y fiscales, en detrimento de políticos, empresarios y mandos militares. Robert Mueller, quien lidera la investigación sobre interferencia rusa en las elecciones norteamericanas de 2016, está utilizando este recurso para escalar lentamente en su camino hacia Donald Trump.
Como toda redistribución de poder, esta expansión del Poder Judicial no debe ser celebrada sin juicio crítico. En Estados Unidos, el 97% de los casos penales federales terminan con un acuerdo de reducción de pena, es decir, sin juicio. Dado que Estados Unidos tiene tasas de encarcelamiento per cápita superiores a las de Cuba y Rusia, esta realidad obliga a reflexionar sobre el posible uso arbitrario de este instrumento.
En Brasil, los académicos Leonardo Avritzer y Marjorie Marona alertan sobre el peligro de que jueces y fiscales, arrogándose la representación del interés público, utilicen su poder de manera selectiva. El proceso Lava Jato operó de manera implacable contra el expresidente Lula da Silva, pero también ofreció grandes "descuentos" a otros acusados. Los acuerdos con doce empresarios y funcionarios redujeron en conjunto penas que, sumadas, representaban 283 años de reclusión a menos de siete años en total.
La segunda lección que emerge de las experiencias de delación premiada es que los contratos del Estado son una inagotable fuente de corrupción. No se trata de un problema exclusivamente argentino ni tampoco latinoamericano. La política de los contratos presenta un desafío para el Estado democrático.
La autoridad para asignar contratos concede a quienes la ejercen enorme poder sobre sus beneficiarios. A pesar de los controles administrativos, la discreción para contratar genera tres prácticas que, en los hechos, privatizan el poder estatal. En primer lugar, los contratos representan una potencial fuente de extorsión. Las declaraciones de Carlos Wagner mostraron que las empresas contratistas debían tributar entre 10 y 20% del valor de las obras. Si no ofrecían este retorno, no recibían pagos y eran excluidas del "club de la obra pública". De forma similar, los gobiernos pueden amenazar con retirar publicidad estatal a los medios de comunicación críticos.
Los contratos son también una fuente de recompensas para los aliados. Una serie de estudios recientes muestra que las empresas estadounidenses que donan a las campañas políticas reciben más contratos federales que sus competidoras. La ley prohíbe que las empresas financien candidaturas, pero estas realizan donaciones a través de sus gerentes o de comités que recaudan fondos. El politólogo Daniel Bromberg, de la Universidad de New Hampshire, estimó que cada dólar invertido en campañas políticas reporta en promedio unos 2,50 dólares en contratos federales. Christopher Witko, de la Universidad de Saint Louis, calcula que una contribución de 200.000 dólares reditúa algo más de cien contratos. Según Matthew Zarit, de la Universidad Duquesne, este sesgo se produce en los escalones más altos de la burocracia, los más sujetos a la influencia de la Casa Blanca y los que asignan contratos más jugosos. Tras la invasión a Irak en 2003, Halliburton, la empresa que previamente había sido liderada por el entonces vicepresidente Dick Cheney, recibió un contrato de siete mil millones de dólares para construir infraestructura petrolera en el país ocupado. A pesar de su valor astronómico, el contrato fue asignado sin licitación.
Finalmente, los contratos se utilizan para comprar lealtades. Venezuela ha empleado esta estrategia ampliamente en la esfera internacional. El gobierno de Hugo Chávez asignó contratos para la construcción de viviendas a empresas de China y Rusia, para construir refinerías petroleras a Brasil, para comprar pollos a Uruguay. Aun hoy, cuando Venezuela enfrenta una crisis fiscal sin precedente, Bolivia persigue nuevos contratos para venderle palmitos.
La empresa uruguaya Aire Fresco, que gestionó los contratos con Venezuela durante el gobierno de Pepe Mujica, fue investigada por realizar donaciones a las campañas del Frente Amplio. La Justicia uruguaya concluyó que no hubo allí delito, pero las lealtades entre los vecinos son claras. Pepe Mujica y Lula da Silva, dos políticos de izquierda con claras credenciales democráticas, mostraron sin embargo silencio y ambigüedad moral frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La delación premiada expande el poder de jueces y fiscales para investigar estos abusos. Pero como cualquier forma de poder, la autoridad judicial está sujeta a excesos. Al mismo tiempo, aunque las delaciones permiten exponer fácilmente el uso de contratos con fines extorsivos, el uso de fondos públicos para recompensar aliados y para ganar amigos resulta mucho más difícil de probar.
En última instancia, la principal defensa frente al desafío impuesto por los contratos públicos radica en la transparencia y en la calidad de la información sobre las cuentas del Estado. Los esfuerzos por ocultar información y por descalificar a quienes piden publicidad de los actos de gobierno constituyen, inevitablemente, una señal de alerta sobre el uso indebido de los recursos oficiales.
Mucho antes de que Donald Trump tuiteara furiosamente contra las "noticias falsas", Guillermo Moreno -con un toque más dulce-repartía cotillón denunciando que "Clarín miente". Los contratos para adquirir este cotillón, concluyó la Justicia argentina el año pasado, también fueron pagados con fondos públicos.
Profesor de Ciencia Política, Universidad de Notre Dame, EE.UU.
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