La era Alberto: la normalización de lo ilegal
En diciembre de 2019, a partir del cambio de gestión, se dio inicio a una nueva era en la República Argentina. Una época caracterizada por una serie de iniciativas por parte del Gobierno que pusieron - y ponen - en duda hasta los derechos más elementales y la validez de la Carta Magna que debería regir la vida de los argentinos, la propia Constitución Nacional.
Es probable que la catástrofe económica que dejó la cuarentena más larga del mundo y el lamentable fallecimiento de más de 50 mil personas hayan hecho que terminen pasando casi desapercibidos algunos inéditos sucesos que venimos padeciendo los argentinos. Es que el escándalo de la vacunación vip termina siendo el corolario de este último año, cuando fuimos testigos de una seguidilla de acontecimientos que, de haber tenido lugar en el gobierno anterior, muchos habrían calificado - como mínimo - de inaceptables.
Aunque ya parezca algo lejano en el tiempo, durante 2020 el gobierno nacional avaló, incluso con la participación directa de algunos de sus funcionarios, la usurpación lisa y llana de inmuebles, un accionar delictivo tipificado en el Código Penal que atenta contra un derecho consagrado en la Constitución: el derecho a la propiedad privada. Y en línea con esa política de avasallamiento de lo ajeno, el año pasado el gobierno nacional incluso buscó expropiar de forma arbitraria una empresa privada, la cerealera Vicentin.
También durante 2020 se llevó a cabo una masiva liberación de presos. Con la excusa del riesgo de contagio dentro de las cárceles, fueron puestos en libertad delincuentes de todas las edades, con los más insólitos diagnósticos, que protagonizan todavía hoy innumerables delitos y convulsionan aún más la vida de millones de argentinos.
Como si hubiéramos retrocedido décadas y vuelto a las peores épocas de nuestra historia, en este último tiempo también resurgieron los centros de detención. La provincia de Formosa - a cuyo gobernador el Presidente considera un gestor ejemplar - se ha transformado prácticamente en un país dentro de otro país, con normas propias y un sentido de justicia muy singular, que acalla voces opositoras y condena a quienes se niegan a ser cómplices de un Estado policial.
La ostentosa reforma judicial, que en comparación con algunas de estas medidas parece poco dañina, representa una explícita intromisión del poder político de turno en el Poder Judicial. La persecución de jueces y fiscales y los ataques a la Corte Suprema de los últimos meses no hacen más que reafirmar cuál es el objetivo del gobierno nacional.
Durante 2020 los derechos más elementales de los argentinos fueron sistemáticamente violados: el derecho a la libertad, a la propiedad privada, a la seguridad, a una Justicia sin privilegios. Es que hasta nos quisieron privar del derecho más igualador que existe: el derecho a la educación. Nos quisieron hacer creer que la educación no era esencial y que nuestros chicos no merecían un futuro. Antes de que explotara el escándalo de la vacunación vip y revolucionara a la sociedad y la agenda mediática, algunos importantes referentes del gobierno nacional ya se habían pronunciado en contra de que haya elecciones legislativas este año. No aflojemos, no normalicemos la ilegalidad, sigamos exigiendo que se respeten todos nuestros derechos, todos los días.
Vicepresidente Consejo de la Magistratura CABA
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