La educación en el Pacto de Mayo: una inclusión que no despeja las dudas

“Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”, dice ahora el punto cuatro del nuevo Pacto de Mayo, convocado a firmarse el próximo martes en Tucumán. Un enunciado que se incorporó a pedido de la oposición, básicamente de la UCR, a cambio del que hablaba de “una reforma política estructural”. Es valorable que el gobierno entienda que la educación necesita estar, al menos, dentro de las 10 prioridades que debe abordar la Argentina en los próximos años, algo que parecía que el gobierno de Javier Milei no entendía y tuvo que aceptar como fruto de una negociación política.

Con esta actitud, el Gobierno dejó de lado, ocasionalmente, el rol de la imposición caprichosa, más afín a los gobiernos personalistas y mandones, que se aprovechan del poder de turno para imponer sus dogmas como verdades absolutas, como funcionó oportunamente el “vamos por todo” de Cristina Kirchner y como quisiera que funcione el propio Presidente con su “no la ven”. Un estilo que parece igualarlo al populismo en su impronta de administrar el poder según la mirada de reconocidos analistas, como el prestigioso ensayista y profesor de historia de la Universidad de Bolonia, Loris Zanatta, que supo emparejar a Javier Milei con Néstor Kirchner, ya que “tiene un relato populista, porque encarna un populismo, que él mismo ha creado a su medida”.

El interrogante que asoma ahora necesita urgente una respuesta: ¿alcanza con un enunciado tan pretencioso que no explica los caminos sino solo plausibles objetivos? Obviamente la respuesta es un no contundente. Sobre todo, viniendo de un gobierno que no tuvo una propuesta educativa viable en la campaña. Recordemos que Milei enamoró a su electorado con la propuesta de los “vouchers educativos”, una alternativa al financiamiento de los sistemas de educativos que cambia la lógica: en lugar de financiar la oferta, como ocurre en más del 90% de los países del mundo -donde el estado construye y mantiene escuelas, contrata docentes, diseña una currícula para que las familias envíen a sus hijos a esas escuelas de carácter público- se pasaría a financiar la demanda; es decir que se invierte la financiación otorgándole autonomía a las escuelas, que se deben administrar por su cuenta en base a un cheque o voucher que las familias reciben del estado y lo utilizan a cambio de abonar la totalidad o parte de la matrícula escolar de la escuela que eligen para sus hijos. Una propuesta que también llevó Donald Trump en su campaña de 2015. En aquel momento dijo: “Voy a ser el mayor promotor de la Nación para que cada familia elija su escuela”. No fue casual el lugar elegido para hacerlo, la Cleveland Arts and Social Sciences Academy, una escuela chárter con fines de lucro en Cleveland.

Ese día, el entonces candidato republicano anunció que al llegar a la presidencia tomaría 20.000 millones de dólares de los programas federales para la educación pública y se los transferirá a los estados para que los conviertan en vales escolares para escuelas privadas, públicas y autónomas. Esto no sucedió, porque la descentralización profunda que tiene el sistema educativo estadounidense impidió su práctica, y las escuelas “chárter” no crecieron en los Estados Unidos y siguen alojando, como antes de Trump, solo el 7% de la matrícula escolar de ese país.

Milei quiso emular a Trump en su idea de empoderar a las familias por encima del rol del estado, pero es imposible -mucho más en países con tanta pobreza como el nuestro- imaginar una escuela independiente. Sí con mayor autonomía, es más, debería pensar en ese modelo, pero no puede ausentarse el estado en ese papel porque generaría una mayor desigualdad: se corre el peligro de que cada establecimiento educativo elija su propia comunidad, seleccionando a los mejores alumnos y con menor complejidad social, en todo caso, todos tendrían un voucher por el mismo valor.

Muchos advirtieron a Milei en campaña que su propuesta no era factible, que la realidad indica que la educación básica en la Argentina está “provincializada” y que el Estado Nacional, que preside el Consejo Federal de Educación, no podría, con la normativa actual, hacerse cargo de los sistemas educativos, y como toda propuesta de campaña de tinte populista sin análisis serio, se dejó de lado enseguida. Al asumir el gobierno, inmediatamente se paró del otro lado y ya no habló de cambiar la lógica del financiamiento, sino que se desentendió de toda responsabilidad y rol del estado nacional en la educación. No renovó el Fondo de Incentivo Docente, ni el Fondo de Garantía Salarial, tampoco ejecutó partidas presupuestarias necesarias, sobre todo en Educación Inicial y hasta degradó el Ministerio de Educación a una Secretaría, que sería el menor de todos los problemas, pero no dejó de ser una señal.

De hecho, incorporar en el Pacto de Mayo un compromiso por la educación es el primer gesto del gobierno de Milei ante uno de los problemas más graves que tiene el país, como es la constante baja o estancamiento que muestra la calidad educativa, en todas las evaluaciones nacionales e internacionales, sumados al flagelo del abandono escolar. No hay gestión en educación a nivel nacional, como tampoco la hay en salud, obra pública, infancia, y otras áreas necesarias. Por todo esto, y acostumbrados al “¡Afuera!” que esgrime Milei para recortar todos los gastos que cree superfluos, la educación nunca lo fue ni debería serlo, sorprende gratamente que el gobierno asuma el compromiso de involucrarse con el grave estado de la educación. Es sorpresa porque hace pocos días el presidente Javier Milei le dijo al colega Franco Mercuriali en una entrevista para el canal Todo Noticias: “Son problemas de otras dependencias. La seguridad, la educación y la salud dependen de las provincias”. Todos nos preguntamos para qué se mantienen estructuras administrativas a nivel nacional, porque Salud y Seguridad son ministerios y Educación una Secretaría, si esa va a ser la respuesta ante cada problema.

En la Argentina padecemos de “anomia” en educación, si bien existen leyes con loables objetivos, ninguna se cumple en su totalidad, ni la Ley de Educación, ni la de Financiamiento Educativo, ni la de Educación Técnica, ni siquiera la Ley que garantiza un piso mínimo de 180 días de clases. Si se hubiesen cumplido las normas de financiamiento estipuladas, en los últimos 18 años, se deberían haber invertido más de 26.000 millones de dólares en educación. Un dato relevante producto de un trabajo realizado por Argentinos por la Educación dirigido por Mariano Narodowski. Ahora existe una iniciativa para declarar a la educación como un servicio esencial, que seguramente fracasará cuando colisione con el derecho a huelga de los docentes, además, la Ley 26.606 ya lo indica de algún modo en su artículo 2, allí señala: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Existen normas, no hace falta inventar la pólvora de nuevo, cumplirlas sería un buen comienzo.

Con chicos que terminan el primer ciclo de la primaria sin saber leer y escribir, con bajos niveles de aprendizaje en todos los niveles de educación básica que hacen que la mitad de los alumnos que culminen la secundaria carezcan de comprensión lectora, con un alarmante nivel de abandono escolar que ya no es solo problema de la educación media sino que comienza a alcanzar el nivel primario también, producto del crecimiento de la pobreza que muestra a muchos alumnos que, a veces, solo van a la escuela en el horario de comedor, todo esto demuestra que el problema es demasiado grave e importante para el futuro para que quede plasmado en un simple enunciado.

Porque si la Argentina despega económicamente, y llegasen inversiones, éstas van a necesitar de empleados calificados que hoy, con el estado actual de la educación, no se generan mayoritariamente. Argentina está recorriendo el camino inverso a sus países vecinos. Décadas atrás en Chile o Brasil, por ejemplo, esos trabajos y las profesiones más calificadas estaban destinadas a las elites, el resto estaba condenado al empleo informal o de baja calidad. Hoy esos países están igualando las posibilidades de todos gracias a multiplicar el acceso a la educación y mejorar su calidad, mientras que en nuestro país la distancia entre algunos sectores sociales es cada vez más pronunciada, muy acorde a una Argentina con seis de cada diez chicos pobres. La educación tiene mucho para dar en este contexto.

Apenas se firme el Pacto de Mayo habrá que diseñar un plan, designar inversiones, objetivos que se evalúen constantemente, para corregir uno de los problemas más delicados e importantes que tiene nuestro país como es la educación. Los antecedentes y las propias declaraciones y gestos del Presidente denostando la educación pública de un modo grosero y descalificador, ubicándola solo como un “centro de adoctrinamiento de marxistas”, hacen dudar que esto se cumpla. Nada sería mejor, en esta oportunidad, que esta presunción sea equivocada.

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