La diagonal entre el estatismo y el privatismo

El gobierno nacional anunció que está trabajando un marco jurídico para las asociaciones público-privadas en nuestro país. Ésta es una excelente noticia, ya que la Argentina se encuentra desde hace años en una situación deficitaria en materia de infraestructura pública. La demanda que exige el crecimiento poblacional y productivo no ha podido cubrirse con fondos del Estado a causa del escaso ahorro público y las limitaciones al financiamiento, por lo que es necesario valerse de la financiación del sector privado. Y en muchos casos se requiere la participación privada para el diseño, construcción u operación de proyectos que, por su complejidad, exceden las capacidades del Estado nacional.

En la actualidad, esto se lleva a cabo mediante el sistema de concesión de obra pública previsto en la ley 17.520. Pero la realidad indica que sus disposiciones no alcanzan para atraer la suficiente inversión privada que nuestro país necesita para impulsar las obras. Asimismo, hay muchos casos en que el sistema de concesión de obra pública no es económicamente viable debido a la dificultad para cobrar a los usuarios, sea por su falta de uso o por el monto excesivo que supondría el servicio. Por ello es necesario encontrar mecanismos mediante los cuales se puedan resolver estas situaciones.

Por este motivo han obtenido gran relevancia en el mundo y en la región los modelos de asociaciones público-privadas (APP) en los cuales la administración toma un papel de mayor involucramiento para lograr que las obras o servicios públicos que son socialmente necesarios, pero comercialmente inviables, se concreten. La APP otorga mayor flexibilidad a la contratación entre el particular y la administración, especialmente en lo referente a la ejecución del proyecto, así como a los medios de pago (funding) y de financiamiento (financing).

Asimismo, hay varios casos en que el sistema de concesión de obra pública no es económicamente viable debido a la dificultad para cobrar a los usuarios, sea por su falta de uso o por el monto excesivo que supondría el servicio. Por ello es necesario encontrar mecanismos mediante los cuales se puedan resolver estas situaciones.

Las APP son en primer lugar una forma de cooperación. De esta manera, las partes pueden decidir que el proyecto se realice mediante la concesión de obra pública, un contrato de administración o aquella que estimen conveniente, pero sin quedar restringida a un esquema particular. Se pasa del "Estado contratante-sector privado contratista" a un modelo de cooperación entre ambos sectores que puede abarcar las distintas etapas del proyecto: diseño, financiamiento, construcción y operación o una combinación de todas ellas.

En lo político, la asociación público-privada representa una diagonal entre el estatismo y el privatismo que, por distintas razones, son extremos que fracasaron en la Argentina. Resolver este dilema -que es político y económico- será clave para el futuro de nuestra infraestructura y el desarrollo económico y social de nuestro país. Impulsar un proyecto que actualice el marco jurídico de las asociaciones público-privadas es clave para este momento de apertura al mundo.

Un estudio del año 2014 ilustra los márgenes que existen para mejorar y atraer inversiones en APP: según The Economist Intelligence Unit -que elabora un índice de referencia para evaluar la capacidad de los países de América latina y el Caribe para llevar a cabo asociaciones público-privadas en infraestructura-, la Argentina se encuentra en el penúltimo puesto entre 19 países, sólo superando a Venezuela.

En lo económico, es clave contar con un marco regulatorio que incentive la incorporación del capital privado en los proyectos de interés público, con las garantías y los incentivos necesarios para los asociados privados (que aportan capital) y las instituciones financieras que lo financian: los bancos comerciales, los fondos de pensión y de inversión, y los organismos internacionales de crédito (BID, Banco Mundial y CAF), preservando al mismo tiempo la presencia central del Estado en los proyectos. La carga financiera es demasiado pesada para que el desarrollo de nuestra infraestructura recaiga exclusivamente sobre las espaldas de los Estados nacionales y subnacionales.

En lo jurídico, actualmente las APP se encuentran reguladas por un decreto demasiado sencillo y general que omite mecanismos, prácticas e instituciones que han sido útiles en la experiencia de los países que están a la vanguardia en esta materia. Un proyecto integral generará una modalidad de cooperación de mediano a largo plazo entre el sector público y el sector privado, para el diseño, construcción, operación y/o mantenimiento de proyectos de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos, basada en una eficiente identificación y distribución de riesgos y la consecución del mayor valor por dinero invertido.

En definitiva, con un régimen integral y moderno de asociaciones público-privadas, saldremos de la eterna dicotomía de privatización vs. estatización, y entraremos en el mundo de la cooperación, brindando seguridad y previsibilidad para que las inversiones que nuestra sociedad precisa finalmente se hagan realidad.

Director de la Fundación Nuevas Generaciones

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