La desnaturalización del cooperativismo

El gobierno elegido el pasado 22 de noviembre ha asumido una pesada carga en casi todas las áreas. En materia social, el desafío de "pobreza cero" incluye transformar aquellos programas que han adoptado por años formas clientelares para convertirlos en una asistencia en la que nada tenga que ver la militancia político-partidaria o el soporte económico meramente asistencialista que puede brindar el Estado.

En Jujuy, Milagro Sala, que construyó con dinero del kirchnerismo un Estado paralelo aprovechando las carencias de amplios sectores sociales, al tiempo que desviaba fondos, es un ejemplo clarísimo de esta desnaturalización del cooperativismo.

A través de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que alcanzan a más de 200.000 personas e insumen entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales, se constituyeron, por decisión del gobierno saliente, seudocooperativas de trabajo, siguiendo un modelo que ya había sido desarrollado en la provincia de Santa Cruz, a partir de un falso concepto de cooperativismo asociado a una dependencia permanente de la asistencia del Estado. Salvo escasas y honrosas excepciones, sus integrantes, que en la mayoría de los casos ni siquiera se conocen, cobran mensualmente un subsidio.

Los recursos para adquirir los materiales y las herramientas de las obras que, a través de esos programas, supuestamente debieron realizarse han sido dirigidos exclusivamente hacia municipios con afinidad política y en otros casos, de manera directa, a cooperativas con reconocida influencia partidaria en su administración.

En aquellos pocos casos en que las obras se concretaron, se las ha presentado como públicas, realizadas por el gobierno nacional, encubriendo bajo la pantalla de un programa social una real precarización laboral. No han sido los trabajadores quienes decidieron constituir la cooperativa, no fue el Estado el que decidió contratarlos; por el contrario, los subsidió para disminuir ficticiamente y disimular el índice de desocupación y, en el mejor de los casos, los utilizó para la realización de obras con contabilidades difíciles de conciliar, apelando incluso a la dudosa supervisión, en algunos casos, de universidades nacionales.

Como expresamos en 2009 desde estas columnas, queda claro que la creación de esas cooperativas no implica la formación de cooperativistas ni la promoción de trabajo genuino y, lo que es más grave, crea legítimas expectativas sociales que se verán frustradas cuando el Estado decida no realizar más aportes porque no responde a su voluntad política.

Una cooperativa consiste en una asociación voluntaria y autónoma de personas para hacer frente a necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada que da origen a una variada tipología de organizaciones (trabajo, consumo, vivienda y crédito, entre otras).

Aparentando la existencia de un cooperativismo lejano a lo que, por definición, debería ser, se fomentó la creación de federaciones de cooperativas de trabajo y se promovió a organizaciones sociales para que sirvieran de brazo ejecutor de políticas públicas que lejos estaban de promover el bien común.

Estas maniobras no fueron ajenas a una política de apoderamiento, intromisión y creación de estructuras paralelas sobre entidades representativas de diversos sectores de la economía, del empresariado, de los gremios y de los actores de la economía social, que respondía a intereses sectarios y al amiguismo con el poder de turno.

Es sumamente lamentable que desde el Ministerio de Desarrollo Social del anterior gobierno, brazo ejecutor de esas cuestionables políticas que estuvo a cargo de Alicia Kirchner y responsable del instituto que regula las cooperativas, se haya desnaturalizado la nobleza de la figura cooperativa. Esta figura prestó y presta muy buenos servicios a la sociedad, tanto en nuestro país como en el extranjero, con entidades que promueven motorizar el esfuerzo y la ayuda mutua entre sus integrantes para permitir la construcción de redes basadas tanto en la solidaridad como en la responsabilidad.

El flamante gobierno enfrenta esta pesada herencia realizando ingentes esfuerzos para continuar atendiendo a quienes se encuentran en situaciones de extrema pobreza para rescatarlos de todo tipo de ataduras clientelares contrarias a la ética y a la libertad. Es de destacar el empeño que en este sentido lleva adelante el flamante gobierno de Jujuy, a pesar del legado de estructuras corruptas y violentas a las que debe enfrentarse, como la de Milagro Sala.

Es hora de revalorizar el cooperativismo como una valiosa herramienta de desarrollo y mejoramiento social que respete la libertad y la dignidad de sus asociados en la reconstrucción de relaciones de solidaridad que son la base de su razón de ser. El aporte de estas históricas y valiosas formas organizacionales será inestimable para combatir la pobreza y crear trabajo digno en el respeto de una ética de la solidaridad y de la responsabilidad social que, tanto en el espíritu como en sus formas, tan seriamente dañada dejó el gobierno saliente.