La democracia delegativa y el riesgo de un giro autoritario

El inicio del siglo XXI marcó para la Argentina una de las más grandes crisis sociales, políticas y económicas que se recuerden. El estallido de diciembre de 2001 derrumbó al gobierno de la Alianza. En medio de un generalizado caos, su sucesor, Eduardo Duhalde, logró aprobar una ley de emergencia económica que le otorgó facultades extraordinarias durante dos años. Sin embargo, las excepcionalidades en el país suelen enquistarse, y esa ley se prorrogó durante dieciséis años. Néstor Kirchner y Cristina Fernández se aferraron a un instrumento que les permitía la centralización del poder.

Dos décadas después, Alberto Fernández, testigo privilegiado de aquellos años, diseñó al iniciar su mandato una herramienta análoga que le garantiza facultades excepcionales. Decretó además una delegación de poderes extraordinarios a su jefe de Gabinete, y maneja las cuentas públicas sin presupuesto y sin haber elaborado un plan económico.

La pandemia del coronavirus agudizó la centralización en el Ejecutivo y, con los poderes Legislativo y Judicial limitados por la cuarentena, el Presidente gobierna casi con exclusividad a fuerza de decretos (44 en seis meses). Aun cuando el Congreso inició lenta y tardíamente sus sesiones, comenzaron a alzarse voces de alerta, entre ellas la denuncia de una "infectadura", centradas en el regreso de tendencias populistas. Algunas circunstancias, sin embargo, permiten visualizar elementos característicos de la democracia "delegativa", descripta con precisión por el politólogo Guillermo O'Donnell.

Tras haber investigado y teorizado sobre el Estado burocrático autoritario de las dictaduras latinoamericanas de los años 70, O'Donnell se interesó en los 90 por el análisis de la democracia delegativa, en el ejercicio de una necesaria "crítica democrática a la democracia".

Las democracias delegativas nacen como consecuencias de situaciones de crisis generalmente exacerbadas en su gravedad, donde existe una "sensación de emergencia permanente", "abismos" y "siniestras fuerzas que nunca dejan de acechar". Así se justifica la necesidad de "contar con poderes extraordinarios y la hostilidad a las instituciones de representación y de accountability horizontal (rendición de cuentas) percibidas como un estorbo".

A dos semanas de haber asumido, Fernández logró la promulgación de la ley 27.541, que declaró "la emergencia pública" y que justifica la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo hasta fin de año. El panorama se complementa con la parálisis de las cámaras del Congreso durante los primeros meses de la cuarentena y la escasa actividad del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Un poder omnímodo frente a la tradicional tripartición representativa, en el que la coalición gobernante promueve con determinación una agenda orientada a reformar la Justicia y a modificar la Corte.

Entre las decisiones a sola firma, el decreto 457 otorgó al jefe de Gabinete amplias facultades para modificar y reasignar casi ilimitadamente partidas presupuestarias. El debate de la iniciativa naufragó en el Congreso "virtual", bloqueado por el oficialismo en Diputados. Un certero golpe a la transparencia y a la rendición de cuentas, que elude el control sobre el presupuesto nacional.

En materia de políticas públicas, las democracias delegativas se rigen por una formulación "abrupta e inconsulta" que busca evitar controles y filtros institucionales. El inesperado decreto de expropiación de la empresa Vicentin, ¿motorizado? por el Presidente, se inscribe en esa matriz. El argumento de "soberanía alimentaria" fue su incoherente justificación. El legítimo accionar de un juez provincial resultó un estorbo a los intereses del oficialismo. Otros decretos castigaron la movilidad automática de las jubilaciones y afectan, paradójicamente, a aquellos a quienes la cuarentena busca proteger. Como la punta de un iceberg, el poder delegativo que ejerce el Gobierno en tiempos de cuarentena presagia futuras sorpresas.

Potenciar el dilema schmittiano amigo-enemigo es otra evidente característica de estas democracias. Fernández lo exacerba y traza una línea imaginaria con el falaz argumento que divide, sin grises, entre defensores-vida o detractores-muerte de la cuarentena. Señalar sus innegables efectos sobre la economía garantiza drásticos señalamientos públicos. El Presidente se constituye así como el protector de la vida, el salvador de la patria que caracteriza a los líderes democráticos delegativos.

En este subtipo de democracias, el presidente y su equipo se erigen como el "alfa y omega de la política". El Ejecutivo carga en soledad con la responsabilidad por los éxitos o fracasos de "sus políticas". Ese "nuevo animal" definido por O'Donnell ofrece una "marcada debilidad" en su dimensión republicana. La rendición de cuentas horizontal no existe o es extremadamente débil en una versión que "no es ni busca ser representativa".

Esta tendencia a la extralimitación de los poderes del Ejecutivo implica un serio riesgo. Los efectos de una cuarentena tan extendida en la región AMBA, en combinación con una democracia de baja intensidad, pueden erosionar velozmente el republicanismo y derivar en un diseño de evidente corte autoritario.

Periodista y politólogo

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