La Defensoría del Pueblo, otra víctima de la anomia
Tengo ante mí el libro de Carlos Nino Un país al margen de la ley, la obra más citada cada vez que se habla de nuestra degradación y fracaso. Ante la contundencia de lo allí expuesto no se entiende que casi 30 años después estemos peor en cuanto a calidad institucional. He llegado a pensar que muy pocos leyeron su último capítulo: "Cómo salir de la trampa de la anomia argentina". Transcribo sólo una frase: "la anomia es profundamente antidemocrática". Sin embargo, no paramos de violar leyes, ordenanzas, normas de tránsito ¡y la Constitución nacional!
En un régimen democrático, con instituciones efectivas, la Constitución es un sistema de reglas que limita el ejercicio del poder público y asegura a los ciudadanos el goce de sus derechos. Columna vertebral, "ley de leyes" que permite ordenar el entramado de normas que rigen un país y subordinar a gobernantes y gobernados a su imperio para garantizar el bienestar general.
Una de las instituciones de la República que deben controlar la constitucionalidad es la Defensoría del Pueblo, incorporada a la Constitución a partir de la reforma del 94. El artículo 86 lo define así: "El defensor del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas".
A pesar de su relevancia institucional, no hay defensor/a del pueblo desde 2009. La Corte Suprema, en uno de sus últimos fallos, recordó a quien debe llenar la vacancia: "Se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de defensor del pueblo de la Nación".
Por su parte, en una declaración reciente, 55 organizaciones de la sociedad civil piden al Congreso la designación del defensor del pueblo y exigen que se implemente un procedimiento participativo que garantice que quien resulte elegido reúna las condiciones de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
A pesar de la falta de titular, la Defensoría del Pueblo -según surge de los excelentes informes anuales presentados al Congreso- ha desarrollado acciones en sus distintas áreas de trabajo. Lo ha hecho a través de reclamos, recomendaciones, exhortaciones, programas y acciones judiciales; también ha llevado a cabo actividades con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. Estas acciones "hablan", muestran que a pesar del descuido al que ha sido sometida esta institución hay allí un equipo responsable que cumple su misión.
Así, la Defensoría del Pueblo, como única institución de derechos humanos de nuestro país que cuenta con el reconocimiento de las Naciones Unidas, ha asumido el desafío mayúsculo de ser quien impulse en la Argentina el cumplimiento de la Agenda 2030 para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda, que fue aprobada en septiembre del año pasado por todos los Estados miembros de la ONU, contiene 17 objetivos y 169 metas que abarcan las esferas económica, social, ambiental e institucional y deberá ser cumplida de aquí a 2030. La Defensoría ya ha iniciado más de cuarenta actuaciones para conocer y colaborar en la implementación, el seguimiento y la evaluación que habrán de llevarse adelante para lograr el cumplimiento de los objetivos. Pero hace siete años que no tenemos defensor/a del pueblo. Durante este tiempo ha habido inconstitucionalidad por omisión. Debe subsanarse esta violación pero cuidando de no caer en otra, porque la Constitución se vulnera cuando se deja de hacer lo que ella manda que se haga y cuando se hace lo que ella prohíbe hacer. La Defensoría del Pueblo no debe ser un órgano del gobierno de turno ni apéndice de ningún partido político.
Estamos ante una nueva oportunidad de alejar la antidemocrática anomia cuidando que todos los actores se sientan vinculados por los mandatos constitucionales y no vuelvan a caer en la tendencia de imponer en organismos como la Defensoría del Pueblo, que exigen una independencia sustancial, el sistema de cuotas de partidos o alguno de los "trueques" de la política. Si logramos hacer lo que la Constitución manda, Carlos Nino, allí donde esté, sonreirá satisfecho y nosotros, el país, comenzaremos a andar el camino de la ley.
Miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU
Por Marta Oyhanarte
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