La crisis terminal del PAMI

En su larga historia de problemas y declinaciones, nunca había llegado el PAMI a estar en una situación tan grave como la que está atravesando actualmente. La combinación de la negligencia de sus responsables con los efectos de la pandemia ha llevado al organismo a una crisis que debe ser abordada de manera urgente.

Veamos algunas cuestiones para tener una idea de la magnitud del problema. Si hiciéramos el ejercicio de seguir a un jubilado que necesita atención veríamos que tarda meses en obtener un turno, debido a la saturación del sistema. Cuando finalmente logra ser atendido, en la mayor parte de los casos el médico realiza una derivación a un especialista. Pero los turnos con cualquier especialidad demoran entre sesenta y noventa días. A su vez, cuando ese día llega, el especialista le entrega al paciente la orden para realizarse análisis y estudios, los cuales tardan entre sesenta y noventa días más. De modo tal que un diagnóstico puede tardar ocho o nueve meses, lo cual, para una persona de 80 o 90 años, puede ser fatal.

Una consecuencia de este sistema de demoras encadenadas es que muchas veces el paciente termina ingresando en el sistema por emergencia, cuando ya es demasiado tarde, porque el problema que tenía, y que era tratable en su momento, derivó en un cuadro más crítico. Esto está ocurriendo todos los días. Asimismo, quienes tienen patologías crónicas perdieron durante los dos años de pandemia todo tipo de seguimiento, generando que también los problemas crónicos se conviertan en emergencias o en cuadros graves. Tampoco funciona la rehabilitación para personas que tuvieron Covid en etapa aguda o para quienes tuvieron otro tipo problemas. Por ejemplo: hay demoras de no menos de sesenta días para que alguien que sufrió una fractura de cadera reciba una silla de ruedas o un andador.

Tampoco funcionan adecuadamente las internaciones domiciliarias. No se otorgan, se restringe el otorgamiento o incluso se suspenden para pacientes que están temporalmente postrados. Y menos aún funciona la atención en salud mental, como si estos dos años de pandemia y cuarentenas no hubiesen hecho estragos en la psiquis de todos nosotros. Como si esto fuera poco también se están dando casos en que las propias emergencias no logran ser atendidas o incluso reconocidas como tales. Las ambulancias llegan tarde o no llegan nunca. En particular puedo referir un caso ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, en el que un hombre de 94 años con un ACV estuvo cuatro días sin atención. Los médicos que lo vieron le recetaron analgésicos. Cuando finalmente se lo trasladó a un hospital fue por la intervención de terceros, aunque ya era demasiado tarde. La persona murió sin que el PAMI siquiera se enterara.

Quienes trabajamos con personas mayores estamos viendo este tipo de dramas de manera cotidiana. Los reclamos por falta de atención se cuentan por cientos cada día sin que las autoridades asuman si quiera que hay algún problema. Lo cual claramente agrava la situación. Si cambiamos la perspectiva y encaramos el tema desde el otro lado, las cosas no lucen mejor. Los médicos no cobran lo suficiente como para sostener su estructura de atención, lo cual los obliga a tener otros trabajos para completar el ingreso. La burocracia y la ineficiencia incrementan los costos, haciendo que toda la estructura se vuelva cada vez más insostenible. Cada paciente que entra por emergencia le cuesta mucho más caro al sistema de lo que habría costado si hubiese recibido la atención en el momento correspondiente. Para comprender la magnitud del problema que estamos describiendo es necesario tener en cuenta que el PAMI cuenta con un padrón de cinco millones de beneficiarios, tal como se expone orgullosamente en la página web del organismo. Esto quiere decir que es la salud de más del 10% de la población total del país la que depende directamente de las prestaciones de una institución que naufraga entre la desidia y la negación de la realidad.

En un contexto económico de precariedad crónica, en el que es cada vez más difícil acceder a una atención privada, especialmente para las personas mayores, que suelen ser descartadas por el sistema de obras sociales y prepagas, el estado de crisis y saturación solo puede agravarse a futuro. Es cierto que no se llegó a esta situación de un día para el otro. La historia del PAMI está caracterizada por la negligencia y los negociados espurios del sistema político desde sus comienzos. Lo que vemos ahora es el resultado de una acumulación de décadas de intervenciones perjudiciales para el organismo, más los efectos de la pandemia y la inoperancia y el negacionismo de las autoridades actuales.

Es por todo que ello que el reclamo de normalización del organismo resulta, hoy más que nunca, de una importancia impostergable. Es preciso terminar con las intervenciones del sistema político en el PAMI; el organismo tiene que volver a conformar su directorio tripartito integrado por trabajadores activos, jubilados y representantes del Estado, de acuerdo a lo establecido por la ley. Y el sistema de prestaciones tiene que ser sometido a un examen y un debate público sobre su funcionamiento. La inacción ante el cuadro aquí descrito es inaceptable. Estamos en un momento en que la pandemia potenció los problemas de fondo hasta límites que antes no eran imaginables. La única manera positiva de reaccionar es interpretar el momento como una oportunidad para cambiar las cosas. Pero para eso hay que hacerse cargo de la situación y aceptar que ya no podemos seguir así. Tenemos que terminar, de una vez por todas, con esta verdadera crisis humanitaria.

Defensor de la Tercera Edad, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría

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