La crisis política de Brasil afecta a toda la región

El conjunto de irregularidades y la ausencia de fundamento jurídico que acompañan el actual pedido de alejamiento del cargo de la presidenta Dilma Rousseff revelan una estrategia de desestabilización que carece de legitimidad. Su propósito es dar fin a un gobierno elegido democráticamente en 2014 por 54,5 millones de brasileños. Siguiendo la definición de Norberto Bobbio, un golpe de Estado es un acto realizado por órganos del propio Estado. En este caso, puede decirse que el proceso de impeachment equivale a un intento golpista conducido por una acción combinada de sectores del Poder Judicial y del Poder Legislativo. La acción iniciada contra la presidenta ocurre en un contexto de prolongada investigación policial en torno a las relaciones indebidas –y a veces delictivas– entre los ámbitos políticos y empresariales brasileños. Sin embargo, pese a la insinuación sistemática de todas las fuerzas opositoras, no existen pruebas legales que vinculen la figura de la presidenta con el conjunto de acciones de delito e impunidad cometidas por miembros del partido gobernante y/o de agrupaciones aliadas.

La acusación de crimen de responsabilidad presentada por tres miembros de la Asociación de los Abogados de Brasil para iniciar el proceso de impeachment es improcedente, como argumentan diversas autoridades jurídicas del país, y sería de fácil refutación en un contexto político menos contaminado por la polarización. Se suma la falta de rectitud de una importante proporción de parlamentarios brasileños –empezando por el presidente de la Cámara de diputados, Eduardo Cunha–, muchos de los cuales se encuentran bajo sospecha policial por sus "malas prácticas".

Hasta el 11 del actual, el plazo establecido para que la comisión de impeachment de la Cámara de Diputados presente su informe, el clima político en Brasil será de mucha tensión e incertidumbre. Y con ello contribuye también la presión que se está ejerciendo sobre el gobierno de Dilma desde el exterior, con claros mensajes en favor de la rápida salida del gobierno del PT en Brasil. El informe de la revista The Economist titulado "Time to go" (Hora de irse), del 26 de marzo, fue ilustrativo en este sentido. También es frecuente la difusión en la prensa regional de las opiniones de líderes políticos latinoamericanos identificados con sus contrapartes opositoras en Brasil que defienden el alejamiento o la renuncia de la presidenta.

Hay tres puntos clave para tener en cuenta sobre la dimensión regional de la crisis brasileña.

El primero es que el éxito de un proceso desestabilizador en Brasil afectará a las democracias de toda la región. Brasil es el ancla principal de la democracia regional y especialmente sudamericana. Su actuación estabilizadora en contextos de crisis políticas y económicas y en las construcciones multilaterales latinoamericanas fue y continúa siendo esencial. Así ocurrió en Bolivia, en 2003 y 2006; en Venezuela, en 2003 y 2012, y en la Argentina, en 2001. Su actuación estabilizadora en contextos de crisis políticas y económicas y en las construcciones multilaterales latinoamericanas fue y continúa siendo esencial. Este papel no está fundado en una relación de dominación, pero sí de interdependencia democrática. El riesgo de fragilización del Estado de Derecho en cada país de la región afecta a Brasil y viceversa. En este momento, esta dependencia recíproca debería ser reforzada por la propia región. Por eso mismo se vuelve crucial que los gobernantes y los representantes de organismos multilaterales manifiesten su preocupación y apoyen al gobierno de Dilma Rousseff, tal como lo hicieron la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En este momento, es crucial considerar la democracia un bien público colectivo cuya sustentabilidad dependerá también de un esfuerzo regional.

El segundo punto para tener en cuenta es que denunciar el actual proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff como un proceso desestabilizador no significa defender ni menos aún hacer caso omiso del conjunto de malas prácticas cometidas por sectores empresariales y políticos. La corrupción es frecuente en muchos sistemas políticos latinoamericanos. En Brasil, los actos de corrupción vienen siendo blanco de investigación y han provocado el encarcelamiento de dueños y altos funcionarios de empresas de gran porte y de líderes del PT, del PP y del PMDB, comprometidos en transacciones delictivas que involucraron gigantescos recursos financieros públicos y privados. Los procedimientos de la policía federal en este terreno –conocidos como la operación Lava Jato– fortalecen la institucionalidad democrática del país, pero su manipulación política con vistas a incriminar falsamente a la presidenta la debilitan. En un contexto político menos polarizado, la diferencia entre una y otra cosa estaría más clara.

Por último, es innegable que la crisis de Brasil comprende un fuerte contenido ideológico que constituye su aspecto más delicado, del que no se habla en los espacios de debate públicos y menos en los grandes medios. El gobierno de Dilma prioriza las banderas de la inclusión social, del fortalecimiento del Estado y del desarrollo autárquico. En los últimos 15 años, las políticas diseñadas por los gobiernos del PT se empeñaron en compatibilizar estas metas con la lógica de las economías de mercado. (La grave recesión económica en que se encuentra el país se explica en parte por las dificultades de buscar esta convivencia.) No obstante, las prioridades y los énfasis del discurso siempre se diferenciaron de aquellas prescriptas por el recetario liberal, que coloca como primera necesidad el control de las cuentas públicas, la apertura económica y una inserción externa alineada a los mercados internacionales.

En América del Sur esta distinción viene agudizando las disputas electorales, muy polarizadas en muchos países. La división de las sociedades se traduce en victorias electorales muy apretadas que reducen la legitimidad necesaria para la aplicación de uno u otro recetario. Por eso mismo Brasil y la Argentina hoy enfrentan un mismo dilema, pero de señales ideológicas inversas. Un golpe político en el socio vecino tendrá implicancias directas sobre la democracia argentina, más importante que el impacto económico.

Politóloga brasileña, profesora titular de Cooperación Internacional del Departamento de Economía y Administración UNLQ