La crisis del Incaa, una película que se repite
La crisis que estalló a principios de esta semana en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) no es la primera en la historia reciente. Tampoco será la última. Desde hace tiempo el organismo oficial encargado de promover, alentar y estimular la creación cinematográfica vive envuelto en un estado de tensión permanente. Con una pequeña salvedad: hasta ahora, el conflicto se disparaba a partir de alguna denuncia o investigación sobre presuntos conflictos de intereses, desvíos de fondos o recursos destinados a proyectos nunca concretados. A este panorama ahora se suma un nuevo factor: la interna que afecta el funcionamiento de todas las áreas del Gobierno.
Quienes siguen el día a día del cine argentino están cada vez más obligados a dejar de prestarle atención a su comportamiento natural (proyectos, coproducciones, rodajes, presencia en festivales, figuras destacadas delante de las cámaras y detrás de ellas) para poner la mirada en intereses políticos mucho más vidriosos. La salida de Luis Puenzo, el destacado cineasta al que la actual administración (y en especial Alberto Fernández) le había confiado el manejo del Incaa, fue reclamada con dureza por sectores de la industria ideológicamente muy cercanos al pensamiento kirchnerista.
Los incidentes que cerraron la movilización convocada el lunes pasado por esos sectores y la posterior reticencia de Puenzo a renunciar hicieron políticamente insostenible la continuidad del funcionario. Hubo que recurrir a expertos conocedores de la sorda lucha que mantienen albertistas y kirchneristas para entender buena parte del camino que llevó al Presidente a firmar el martes por la noche el despido de Puenzo a través de un decreto.
El realizador de La historia oficial había llegado al principal sillón del Incaa apoyado en el consenso de las principales instituciones de la industria del cine argentino y con un respaldo político clave, el del propio Presidente. Pero Fernández no podía ceder a sus adversarios internos todo el manejo de un sector de altísimo valor simbólico para el Frente de Todos en medio de una colosal disputa interna por espacios de poder. El Incaa es un ente autárquico, pero depende formalmente del Ministerio de Cultura, cuyo titular, Tristán Bauer, es una de las figuras más cercanas a Cristina Kirchner dentro del Gabinete.
Detrás del reclamo que eyectó a Puenzo (una supuesta falta de reacción frente al riesgo de que el Incaa quede desfinanciado a fin de año) siempre aparece la sorda lucha por el control político de esos considerables fondos. Y junto a ella también reaparecen las eternas deficiencias del Incaa: una estructura ineficiente, una planta desproporcionadamente elevada, con demasiadas personas asignadas a iguales funciones, y una dinámica de funcionamiento poco menos que autodestructiva.
Una sola cosa le queda clara al observador que trata de entender desde afuera cómo funciona toda esa madeja burocrática: cualquier proyecto bienintencionado sin distinción de escala (del más experimental al más ambicioso) chocará de manera inevitable con un escenario de muy poca transparencia, expuesto a varios riesgos simultáneos: manipulación de los recursos, posibles conflictos de intereses, casos potenciales de corrupción.
Al quedar tan degradada la razón de ser del Incaa, hasta el propio sentido del estímulo oficial al cine argentino se pone ahora en discusión. Y por esa razón, el organismo empieza a quedar cada vez más en la misma línea de cuestionamientos que afectan a otras instancias oficiales dedicadas a la cultura y a los medios: ¿están para estimular y difundir propuestas novedosas y creativas, junto al descubrimiento de nuevos autores, o para darle aire solamente a aquellos proyectos identificados con el pensamiento del poder de turno?
El próximo episodio de la larga e interminable crisis del Incaa requerirá no sólo un abordaje interdisciplinario (cultural, político, económico). También deberá tener en cuenta los cambios de ánimo, las expectativas sociales y los hábitos de consumo de los argentinos en un momento delicado como el actual. Hasta ahora nadie objetó la carga del 10% sobre el valor de cada entrada de cine, destinada al fondo de fomento del cine argentino. Con una realidad actual de menos concurrencia a las salas, sobre todo por la pandemia, ¿cómo reaccionaría en el futuro cualquier abonado a una plataforma de streaming si se le anuncia un aumento en el costo de la suscripción para sostener con nuevos gravámenes la producción de cine nacional?
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