La conurbanización de Cristina

Elisa Carrió le ordenó a la Coalición Cívica reflotar en el Congreso el proyecto de ley de Ética Pública presentado por el gobierno de Mauricio Macri en marzo de 2019. Una forma de admitir el vacío legal del régimen actual que regula la incompatibilidad de actividades con la función pública. Lo que reduce a un planteo moral la crítica a ese comportamiento que campea detrás del vínculo entre dirigentes de Juntos y Sergio Massa con el que volvió a insistir la semana pasada, y que derivó en que algunos de los aludidos amenacen con iniciar acciones legales.

Esas relaciones cobran especial interés por la situación electoral en la provincia de Buenos Aires y explica la tensión entre Cristina y la CGT expresada en la marcha del 17 de agosto sin una consigna unificada. Los gremios afines a la vicepresidenta defienden la entrega de una suma fija de 70 mil pesos a fin de año y la suspensión de las paritarias, que prefieren mantener abiertas los gremios todavía alineados con Alberto Fernández en defensa de su hombre en el gobierno, el ministro de Trabajo Claudio Moroni.

Cristina cree que el dinero en mano tendrá impacto positivo en el conurbano, donde reside su electorado más fiel y por eso es adverso a Juntos. La alianza opositora sorteó ese déficit aliándose a Massa en el gobierno de María Eugenia Vidal con un acuerdo del que fueron parte activa su jefe de Gabinete, Federico Salvai, y sus ministros de Seguridad y de Justicia: Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari. Carrió sospecha que esa solidaridad podría ser permanente y extensiva al resto del peronismo. Lo que comprometería cualquier posibilidad de reforma seria en áreas sensibles de la provincia de Buenos Aires si Juntos vuelve a gobernarla: Seguridad y Justicia. Carrió es la excusa del oficialismo para comentar con sorna el aparente especial interés de Ritondo y de Massa en la ley de blanqueo de capitales en la Construcción sancionada por el Senado. Una de las cuatro que Massa le pidió al oficialismo para facilitar su gestión. Juntos se abstuvo de votarla. Hace 20 años que Ritondo es titular de la constructora Emprendimientos Rivadavia.

Massa no tiene actividad en ese rubro pero sí Eduardo Cergnul, uno de sus más estrechos colaboradores. El secretario parlamentario participa en Saltum S.A. desde 2018, cuando ya era funcionario en la Legislatura bonaerense, donde la semana pasada el sitio oficial de la Cámara de Diputados publicó el pedido de nulidad que Susana González presentó en la causa que acusa a Mario Secco de resistirse a la autoridad, coacción agravada y perturbación al ejercicio de funciones pública.

González es diputada del Frente de Todos y fue secretaria de Seguridad del intendente de Ensenada. Deberían ser atenuantes para no tildar de insólito al hecho si no fuese porque esa apelación ya fue rechazada por la Cámara de Garantías y el Tribunal de Casación: todas las instancias judiciales posibles. La recusación al fiscal del caso, Marcelo Romero, estira la indefinición sobre el juicio oral y público a Secco que desde 2019 mantiene el Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 2 de La Plata.

El fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, designó a Romero para sustituir a Juan Pablo Caniggia, apartado de su cargo por no apelar la morigeración de la prisión preventiva con la que el TOC N°3 de La Plata benefició a Ángel “Pipi” Yalet, miembro de la banda integrada por funcionarios policiales y judiciales dedicadas al desfalco de viviendas que está acusado de liderar el exjuez César Melazo. El TOC N°3 dispuso esa medida pese al rechazo anterior del Tribunal de Casación.

Caniggia sería una pérdida irreparable para Secco y González por la estrecha relación que se le atribuye con Claudio Bernard, presidente del TOC N°2. Pero también por sus confidencias a Virginia Bravo y Hugo Tesón, fiscales de La Plata y cónyuges con domicilio en el barrio Villa del Plata de Punta Lara, donde habrían discutido detalles de la causa con González hasta que Caniggia dejó de intervenir en el juicio a Secco. Momento en que él y la diputada denunciaron el armado de esa causa que no habrían notado en sus cinco años de historia.

La oposición de los intendentes del PJ a que González ocupe las vacantes del Consejo de la Magistratura y la Bicameral de Enjuiciamiento que designa y destituye funcionarios judiciales explicaría la parálisis de la Legislatura que abordaron anteayer Axel Kicillof y su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. El gobernador organizó un acto en Ensenada en defensa de Secco, uno de los pocos intendentes alineados desde el inicio con su gestión. Diputados volvería a sesionar el 24 de agosto. Dos días antes se iniciará el jury a Martín Manuel Ordoqui, juez de Casación acusado de integrar la megabanda que lideraría Melazo, cuyo juicio oral comienza el 7 de septiembre. Si el jury lo destituye antes, Ordoqui se quedaría sin fueros ni excusas. Debería declarar en esa causa. La asistencia judicial a Cristina pactada con allegados a Massa, en la que insisten algunas versiones, contemplaría el auxilio en el Tribunal de Casación con los jueces Mario Kohan, Daniel Carral, Víctor Violini y, en su interpretación más osada, a Sergio Torres. Una patraña extrapolada de otra arbitrariedad: el supuesto vínculo estrecho entre Ritondo y Massa. La intrepidez de Torres para imaginar una conexión que le permitió intervenir como juez federal en la triple fuga del penal de General Alvear habría sido recompensada por Vidal con su designación en la Corte a instancias de Ritondo. Pero también de Ferrari, convertido ahora en el máximo asesor judicial de Horacio Rodríguez Larreta, pese al esfuerzo de sus colaboradores por desmentirlo.

Al jefe del gobierno porteño le aterra que Carrió lo asocie al exfuncionario de Vidal. Caniggia, Bravo y Tesón fueron designados fiscales en su gestión. Los tres involucrados en la causa Secco tendrían algún vínculo con Enrique Saraví O’ Keefe, uno de sus colaboradores inmediatos en el ministerio de Justicia y al que se atribuyó influencia en el fallo por el que el juez de Garantías N°6 de La Plata, Agustín Grispo, anuló el juicio contra Daniel Scioli por negociaciones incompatibles con la función pública.

Rodríguez Larreta rechaza que Macri tenga relación con la embestida de Carrió. Persigue un acuerdo con el expresidente para ser candidato presidencial sin una PASO con Patricia Bullrich. Su acercamiento al expresidente fue aprovechado por Guillermo Seita para promover el de Juan Schiaretti con Martín Lousteau. El gobernador de Córdoba precisa demostrar que su proyecto es capaz de sobrevivir a la derrota que sufrió con Juntos. El líder de Evolución teme que un acuerdo entre Macri y Rodríguez Larreta ponga en peligro el suyo con el jefe del gobierno porteño para sucederlo. Un cálculo que omite un dato sensible. Los diputados de Schiaretti votaron quitarle fondos coparticipables a la ciudad que Lousteau quiere gobernar. Probablemente una obnubilación de Seita con Schiaretti, con el que mantendría una relación simbiótica. O es lo que podría inferirse de una publicación que circula en las redes y según la cual el consultor habría viajado el 6 de agosto a Perú utilizando el avión oficial de esa provincia. Seita lo desmintió.

Tal vez sea el precio de elucubrar una salida electoral al Frente de Todos y Juntos, donde Lousteau remede a Massa, y Evolución al Frente Renovador. Un escenario similar al 2015 pero tentador por el que es, hasta ahora, el único acontecimiento original. La conurbanización de Cristina.

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