La construcción de un Estado inquisidor
La intención de controlar la crítica y manipular la formación de la opinión pública fue un distintivo de la última década. Los recursos millonarios destinados a la publicidad, el ataque permanente a periodistas o la cooptación de medios en manos de empresarios amigos del Gobierno fueron las estrategias sobresalientes de la política comunicacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pero los intentos de control no sólo se limitaron a lo comunicacional. La avidez por la imposición del relato y la utopía del pensamiento único atravesó todas las barreras institucionales rozando casi los bordes mismos de la democracia.
Con un conjunto de leyes sancionadas y varios proyectos en carpeta, el Gobierno intenta implementar un Estado inquisidor en el que la privacidad de las personas y la libertad de expresión y circulación de ideas queden encorsetadas dentro de parámetros tan ambiguos como discrecionales.
La ley antiterrorista, la nueva doctrina de inteligencia nacional y el reciente dictamen para modificar la ley antidiscriminación son parte de un conjunto de normas que amplían la discrecionalidad del Estado para actuar sobre todo aquel que supuestamente opine en contra de los intereses de quienes lo gobiernan.
¿Quiénes son los que definen cuándo una opinión puede aterrorizar a la población, generar un golpe de mercado o discriminar a alguna persona o sector político? Ellos mismos, claro. Contraviniendo las recomendaciones de la Corte Suprema, que establece que "toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva", la redacción de los proyectos kirchneristas es tan amplia y difusa que la discrecionalidad del funcionario a la hora de actuar será absoluta.
El artículo 5 del dictamen obtenido sobre la base del proyecto del diputado Andrés Larroque establece que puede considerarse acto discriminatorio "la acción de restringir o menoscabar de forma temporal o permanente a personas o grupos de personas motivadas en la falsa noción de raza, así como en nociones de etnia, nacionalidad, lengua, idioma o variedad lingüística, religión o creencia ideológica, opinión política o gremial, sexo, orientación sexual, género, identidad de género y/o su expresión, edad, color de piel, estado civil, situación familiar, filiación, embarazo, discapacidad, responsabilidad familiar, antecedentes o situación penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia, caracteres físicos, características genéticas, capacidad psicofísica y condiciones de salud, posición económica o condición social, hábitos personales o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o preferencia".
Bajo esta concepción amplísima cabe preguntarse, entonces, qué pasaría si cualquier persona, por ejemplo, expresara en un medio digital su opinión de que el vicepresidente Amado Boudou es un procesado, ¿podría ser pasible de sanción por cometer discriminación? Si así fuera, el medio en cuestión debería censurar inmediatamente el comentario, según el dictamen oficialista. O peor aún, según la propuesta de Diana Conti, ese medio digital podría ser inmediatamente clausurado por el Inadi.
Más allá del rechazo a todo intento de regular contenidos y a la censura en Internet, la preocupación se extiende a otros ámbitos. No sólo se vislumbra la intencionalidad de condicionar opiniones y controlar el disenso a través de leyes inconstitucionales como la llamada ley antiterrorista, sino que el contexto en el que ellas se sancionan incluye a periodistas que son acusados de espionaje o comunicadores y dirigentes políticos que denuncian haber sido hackeados. Todo, bajo un clima de crispación permanente que la señora Presidenta se ocupa de exacerbar en cada cadena nacional.
Es necesario prestar mucha atención a los intentos de control de la opinión pública. La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, en un documento del 21 de julio de este año, alertó sobre la compra de equipamiento tecnológico y programas de vigilancia de las comunicaciones electrónicas que pueden generar un perjuicio serio a los derechos a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión en la región. Casi en forma simultánea, unos días antes, distintos medios periodísticos argentinos revelaron supuestos contactos entre las empresas proveedoras de estos productos de software con funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia de nuestro país.
La combinación entre prácticas de espionaje, monitoreo de comunicaciones privadas y leyes persecutorias de la opinión, aplicadas con sesgo político, puede corromper las bases mismas del Estado de Derecho y poner en peligro el ejercicio de las libertades individuales y la vida en democracia.
Presidenta Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia)
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