La Constitución está amenazada

El kirchnerismo es incompatible con la independencia judicial. En esto, es coherente con los peores aspectos que exhibió desde su fundación el peronismo. Una de las primeras acciones que llevaron a cabo, con distintas modalidades, Perón, Menem y Kirchner fue embestir contra la Corte Suprema. Cada uno de ellos consiguió, con mayor o menor extensión, sus objetivos. La particularidad de Alberto Fernández es que lo intenta en el crepúsculo de su gobierno y sabiendo que no lo va a lograr.

Es verdad que ya había puesto en marcha durante la pandemia una iniciativa más oblicua, menos contundente, a través de su proyecto de reforma judicial y de la conformación de una comisión que debía realizar propuestas sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, la que fue llamada “Comisión Beraldi” por el papel protagónico que se suponía que tendría en ella el abogado de la vicepresidenta. Hubo, como hay siempre, ingenuos (o que se visten de ingenuos) que, desde otras posturas políticas o desde una supuesta independencia de criterio, lejos de impugnar esas iniciativas, las consideraron, con cierta expectativa, benevolente. Pero no se necesitaba una agudeza de juicio especial para advertir que no era precisamente el mejoramiento del servicio de justicia lo que las animaba.

La falta de mayorías en el Congreso, la firme oposición de los bloques de Juntos por el Cambio y las contradicciones internas del oficialismo provocaron que tales proyectos no prosperaran. En cuanto a la Comisión Beraldi, terminó con un informe con varias y disímiles opiniones del que, felizmente, ya nadie se acuerda. Ya entonces señalamos que, bajo esa fachada académica, anidaba el propósito de controlar a la justicia federal y en particular a la Corte Suprema.

No nos equivocamos. Las jugadas más recientes de Alberto Fernández y el kirchnerismo ya persiguen esa meta a cara descubierta. Primero fue un grotesco proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte de cinco a veinticinco (que finalmente quedó en quince), con la absurda motivación de “federalizar” al alto tribunal, que así tendría un “representante” por cada provincia, como si se tratara de un Senado paralelo. Ese desvarío tuvo sanción en el Senado, pero todo indica que no pasará en la Cámara de Diputados.

En los últimos días, el Presidente, junto a algunos gobernadores oficialistas (no se sabe bien cuántos, porque parece que a algunos los incluyeron sin su consentimiento), suscribió un pedido de juicio político a todos los jueces de la Corte. El escrito es de una factura jurídica deplorable, porque no precisa cuál sería la grave conducta que justificaría esa medida que en nuestro ordenamiento constitucional solo se puede emplear extraordinariamente, en situaciones de honda gravedad. Por cierto, no puede ser una de esas causas la discrepancia con el dictado de una medida cautelar, en especial cuando está en trámite un recurso in extremis contra ella y una no menos ridícula recusación (que no se puede fundar tampoco en la discrepancia con un fallo). Dicho sea de paso, dicha medida cautelar es correcta, fue fundada de manera muy sólida y se basa en los propios precedentes de la Corte.

En ningún caso el kirchnerismo formula una crítica concreta y razonada de ese pronunciamiento, si no que cae en vaguedades, en descalificaciones personales y en disquisiciones sobre la supuesta opulencia de la ciudad de Buenos Aires, pretendiendo reeditar el encono de las provincias del interior contra los porteños, en una nueva demostración de que el kirchnerismo atrasa no unas décadas sino un par de siglos. Lo que la Corte hizo fue reafirmar el federalismo, criterio que cualquier gobernador debería aplaudir. Los recursos que se le transfirieron a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de competencias fueron detraídos de la coparticipación primaria, es decir, de la masa que corresponde al Estado nacional. A las provincias no se les toca un peso.

Fernández sabe que el juicio político no tendrá éxito porque el oficialismo no tiene ni remotamente las mayorías calificadas en las cámaras del Congreso que la Constitución exige. ¿Para qué se embarca en este gesto inútil de autoritarismo? Creo que, ante su fracaso rotundo en todos los frentes, quiere construir un chivo expiatorio. Dirá que sus políticas fueron obstruidas por la Corte. A tal fin, con la habilitación de este tema en las sesiones extraordinarias, el oficialismo montará un show estival para competir con los festivales de Cosquín y Jesús María. De esa forma, intentará también desviar la atención de la sociedad acerca de los desastrosos resultados de su (no) gestión. Pero será en vano. La sociedad es menos tonta de lo que Fernández imagina.

Como frutilla del postre, por lo menos hasta la redacción de estas líneas, el ministro Martín Soria ha dicho que se puede modificar la ley del Consejo de la Magistratura por decreto. Un disparate que honra la trayectoria del autor de la frase, siempre coherente en la lucha contra el Estado de Derecho. Que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional no precise esa materia como una de las prohibidas para el dictado de decretos de necesidad y urgencia no autoriza al Poder Ejecutivo a legislar en ese campo, porque ni remotamente se dan las circunstancias excepcionales que justifican ese instrumento de uso extraordinario. Por cierto, el disgusto del gobierno nacional con la actual conformación del Consejo no es una de esas circunstancias. Por otra parte, la Constitución establece que esa ley debe sancionarse con una mayoría especial, la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara, lo que indica a las claras que pretende que sea el fruto de un amplio consenso y no la imposición de una persona. Si el Poder Ejecutivo avanzara por ese camino, el decreto debería ser declarado inconstitucional a las pocas horas, porque su nulidad sería manifiesta.

Así comenzamos un año que nos llena de esperanzas por la posibilidad cierta de dar vuelta esta página de decadencia, impunidad y autoritarismo, pero que nos obliga también a mantener la guardia alta: la Constitución está amenazada.

Exdiputado nacional, presidente Asociación Civil Justa Causa

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