La ciudad y el protocolo ILE

La Legislatura porteña aprobó, por ley, la adhesión al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo (ILE), que mejorará el acceso a este derecho en la ciudad de Buenos Aires. Además de fortalecer la autonomía de las mujeres, el protocolo respalda las buenas prácticas en todos los servicios de los profesionales de la salud.

El proyecto inicialmente fue presentado por la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, colectivo que realiza una gran tarea de incidencia en cada uno de los distritos. El tratamiento de la iniciativa obtuvo la adhesión de más de 40 legisladores y legisladoras de todos los bloques (en nuestro caso con el apoyo institucional de la Unión Cívica Radical).

Durante el proceso se construyeron los consensos transversales, más allá de las fuerzas políticas, con una fuerte articulación con la sociedad civil, la academia y la predisposición del Ministerio de Salud.

La interrupción legal del embarazo es una práctica garantizada en los servicios de salud de la ciudad: hospitales y centros de salud, dependiendo de la complejidad. Aún con los obstáculos legales del protocolo vigente, no se impidió el avance de esta política pública que tuvo en los últimos años una buena instrumentación. Los datos así lo demuestran: en la reunión informativa convocada por la comisión de Salud, donde los especialistas de la Coordinación de Salud Sexual, Sida e ITS del Ministerio de Salud ilustraron el alcance actual de la política.

Desde 2014 la ciudad cuenta con un registro contabilizado de ILE. En ese año, la prestación se concentraba en dos hospitales generales, ya en 2015 fue extendiéndose de modo sostenido y prácticamente la mitad de las situaciones eran asistidas en los CeSACs. Éstos para el 2018 pasaron a ser el servicio de salud que mayoritariamente realiza esta práctica. Entre 2016 y 2018, la cantidad de prácticas de ILE registradas por el Ministerio de Salud porteño dan cuenta de un aumento de la prestación del 900%.

El acceso a la práctica mejora otras cuestiones, como reducir el índice de muerte materna por embarazo terminado en aborto, que en 2017 estaba cerca del 15 %. Pero si hay algo que la ciudad puede destacar es que en el transcurso de estos años se ha garantizado tanto la distribución de los servicios en los diferentes barrios como la calidad humana y profesional necesaria para la atención sanitaria de ILE. Ambas cuestiones permitieron superar gradualmente las iniquidades del acceso a esta práctica y asegurar que las mujeres, independientemente de su clase social y de su barrio de pertenencia, pueden ser atendidas.

Aún frente a la desazón que se vive al afrontar la pandemia del Covid-19 nos vemos obligados a doblegar esfuerzos y no desatender estos temas prioritarios. A pesar de esta situación inédita, cumplimos con nuestro compromiso con las ciudadanas en temas que son de su interés. La pandemia nos enseñó que una política coordinada interjurisdiccional entre los ministerios de salud posibilita trabajar diagnósticos, generar estrategias y fomentar programas de Estado para la población amenazada por el virus. La salud ha sido un ejemplo histórico de que el trabajo coordinado es posible y que mejora la eficacia y eficiencia del sistema estatal. Creemos que es necesario avanzar en otros temas para buscar respuestas integrales que permitan afrontar los efectos de la pandemia y de la postpandemia.

Seguramente la Educación Sexual Integral (ESI) será una política vinculada, estamos convencidas de que el ciclo de discriminación y la reproducción de viejos patrones culturales que generan desigualdad comienzan en la infancia y, además, porque son las y los propios jóvenes quienes piden en las escuelas y en las calles mejorar su información integral para poder planificar su vida. Para terminar, la evidencia muestra que garantizar una política de educación y de salud integral posibilitará mejores niveles de desarrollo humano en nuestro distrito.

Diputada porteña UCR Evolución, presidente de la Comisión de Salud