La casta, el poderoso talismán de Milei

Tal vez Javier Milei vuelva a verse obligado a cargar contra lo que denomina casta pese al auxilio que recibió de ella y que todavía precisa para sancionar la ley Bases. No hay otra acción por ahora que le rinda más rédito en la opinión pública que criticarla. Probablemente se convierta en la forma de disimular la leve caída del Presidente en su imagen con el escándalo en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello. Un fenómeno sugestivo que tiene lugar cuando el Gobierno comienza a asimilar prácticas de la política tradicional en las negociaciones que debe encarar para suplir su flaqueza parlamentaria. Es decir, lograr algo a cambio de ceder cargos, subsidios y fondos discrecionales como los ATN entregados a gobernadores antes de ese trámite parlamentario. Guillermo Francos es el responsable de mantener abierto con ellos el espacio de diálogo bajo estas características. Particularmente con los del NOA, cuyos ingresos dependen casi por completo de los recursos que reciben por coparticipación federal. Pero el jefe del Gabinete debe atender también la demanda de los aliados que rompieron con el bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, donde la ley volverá a ser tratada en la primera semana de julio.

Francos se reunió esta semana con Oscar Zago y Eduardo Falcone del bloque MID y Carolina Píparo de Buenos Aires Libre. Su temple fue importante para vencer la resistencia de los hermanos Milei a que Victoria Villarruel se incorporara a las negociaciones cuando la ley estuvo a punto de fracasar en el Senado. La vicepresidente y el jefe del Gabinete provienen de familias vinculadas a las fuerzas armadas y se conocen desde la década del 90.

La paciencia de Francos fue importante para persuadir a la Casa Rosada de que la única forma de contar con el voto doble de la presidencia era que la sesión fuera encabezada por Villarruel y no por Bartolomé Abdala. El reglamento de esa Cámara es controvertido sobre el ejercicio de ese atributo por el presidente provisional del Senado. El Ejecutivo analizaría modificar la estrategia de invisibilizar a Villarruel en el período electoral que se avecina. Al inicio de ese período sensible se asocia la contribución al quórum de Martín Lousteau. Curtidos dirigentes de la UCR creen que le sirvió al senador porteño para demostrar que su posición crítica con el oficialismo no atenta contra la gobernabilidad. Pero especulan además que lo excepcional de la ocasión dejó entrever el acuerdo de largo aliento que uniría a los gobernadores con el presidente del Comité Nacional por encima de cualquier diferencia. Ese aparente entendimiento consistiría en no desechar a priori ninguno de los dos modelos para relacionarse con Milei, y aguardar a que el desarrollo de su gestión permita optar por el que le resulte más conveniente al conjunto de la UCR. Esa posibilidad no excluye que compitan entre sí por imponer su visión y que el ganador sea quien conduzca. Probablemente solo charlatanerías trasnochadas.

Mauricio Macri les adelantó a sus íntimos que será él quien controle la integración de la lista de candidatos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Si fuese así, dejaría en un limbo la fecha de convocatoria a elecciones en Pro bonaerense y pospondría lo que parecía seguro: la designación de Cristian Ritondo como su nuevo presidente. La decisión de Macri llega luego de una de las pocas victorias que Pro lideró en la Legislatura bonaerense. En alianza con el radicalismo y los bloques libertarios, rechazó en el Senado el incremento de las indemnizaciones por despido que tenía media sanción en Diputados. Alejandro Rabinovich comandó el primer experimento exitoso de una alianza que podría adelantar otra de sesgo electoral. El jefe del bloque Pro en el Senado responde al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y es una pieza imprescindible en la alianza con el jefe de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad. A través del diputado Diego Garciarena, Abad adelantó que la UCR no acompañará la creación de una empresa de servicios de emergencia estatal ni un laboratorio para fabricar medicamentos. Esa posición obligó a Unión Patria a postergar para el 4 de julio la sesión prevista originalmente en la Legislatura para el 26 de junio. El temor de la UCR y Pro es que ceda el bloque libertario que conduce Gustavo Cuervo y el del Acuerdo Cívico y Social identificado con Facundo Manes. Sumados a la izquierda, le aportarían diez a los 37 diputados del oficialismo que lograría mayoría simple para sancionar esas iniciativas. Manes es el nombre que los intendentes peronistas aseguraron escuchar en las tertulias a los que los convocan obispos, preocupados por las tensiones internas que paralizan al PJ. Las “misas contra el hambre” promoverían superar esa inercia.

Al Papa lo habría inquietado indefinición. O, al menos, lo suficiente para intentar destrabarla. Recibió a Axel Kicillof en el Vaticano la semana pasada. Conmovida, La Cámpora reaccionó a través de Mayra Mendoza. La dirigente de esa organización más cercana a Cristina. Mendoza se encargó de difundir un episodio que el gobierno bonaerense relativizó: el reproche que le habría efectuado a Jorge Ferraresi por realizar un acto en Quilmes y no invitarla. Mendoza es intendente en ese partido. Ferraresi lo es de Avellaneda, y un aliado de Kicillof. El gobernador evitó inmiscuirse en una disputa que podría empañar el reconocimiento de una figura internacional al primer gesto concreto de autonomía frente a Cristina, el mismo día que Milei recibió del Papa solo un frío saludo. Oficialismo y oposición tienen el mismo diagnóstico sobre las elecciones de 2025: ganará el que consiga la unidad con sectores afines. El problema es dar con el mecanismo eficaz para conseguirlo.

Tal vez convenga seguir con atención lo que pueda ocurrir en Jujuy, donde el PJ fue intervenido por respaldar la reforma constitucional que promovió Gerardo Morales. Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez fueron destacados por el PJ nacional para normalizarlo. Al exministro de Seguridad lo seduciría que la elección de autoridades locales se desdoblara respecto de las nacionales. Es decir, lo contrario a lo anunciado por Máximo Kirchner para el 17 de noviembre. Intendente de Merlo y vicepresidente de Máximo Kirchner en el PJ, Menéndez rechaza esa posibilidad. Seguramente con malicia, el peronismo bonaerense le achaca a Fernández alguna simpatía particular por el sector de la senadora nacional Carolina Moisés y Guillermo Snopek, cuñado de Morales. La palabra litio circula con ironía entre ellos. Una injusticia. Fernando “El Chino” Navarro renunció al Movimiento Evita y se habría asociado a una de las empresas del grupo Vila Manzano para explotar este mineral antes que Fernández siquiera lo insinúe.

Al peronismo lo afligen cuestiones mucho más tangibles. Una es la situación de Martín Insaurralde, nexo insustituible en la trama de dirigentes que sostiene a Máximo en la conducción del PJ. El exintendente de Lomas de Zamora habría ordenado a Marina Lesci montar una corriente interna que le permita sobreponerse al hecho de carecer de un cargo público y no controlar el gobierno municipal. Lesci es concejal y lo sustituyó como intendente interina hasta que el escándalo por su viaje en yate a Marbella lo obligó a desistir de la campaña. En medio de esa campaña, Lesci le entregó un subsidio por trece millones de pesos al club Defensores de Banfield presidido por Mario Lesci, su padre. A cargo de la UFI N°8, Javier Martínez inició de oficio una investigación. Patrocinado por el abogado Diego Olmedo, Insaurralde denunció a Martínez ante el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por iniciar una supuesta persecución contra Lesci. Martínez fue apartado de su cargo. Matriculado en San Isidro, Olmedo sólo había intervenido una vez en la Justicia de Lomas de Zamora. Lo hizo a fines de 2023 como defensor de Shakhzat Begzatov, un ciudadano ruso que denunció al 911 ser perseguido por otros tres de esa nacionalidad, que le exigían tres millones de dólares por inversiones fallidas con criptomonedas. Begzatov residía en un barrio privado de Canning y amplió su declaración ante el titular de la UFI N°1 de Ezeiza, Patricio Lo Schiavo. Al fiscal pareció no interesarle ahondar en los datos surgidos de la ampliación de esa indagatoria. Sobre todo en uno de esos datos. Begzatov aseguró que atendía intendentes en nombre del embajador de la República Checa, de quien dijo ser su chofer. La falta de curiosidad de Lo Schiavo para preguntarle quiénes eran esos intendentes es tan llamativa como que su superior, Baccini, no haya hecho nada frente a esa omisión. Begzatov apareció muerto el 7 de febrero del 2024 en circunstancias poco claras. El fiscal de Ezeiza, Claudio Hassan, investiga si, en efecto, pereció ahorcado como indica la autopsia. Olmedo se desvinculó de la causa el 25 de marzo.

El 13 de junio, María Emilia Villar denunció por prevaricato al juez Ariel Lijo en el Consejo de la Magistratura. Villar es dirigente del sindicato de Pasteleros y fue revisora de cuentas de su filial en la ciudad de Buenos Aires. En 2019 denunció en el juzgado federal N°12 irregularidades detectadas en los balances firmados por su secretario general, Luis Hlebowicz. Lijo delegó la investigación en el fiscal Jorge Taiano. La causa es una de tantas que se adormecen en su despacho.

Lijo es uno de los dos candidatos de Milei a la Corte. La mayoría de los analistas de opinión coinciden en que Milei puede permitirse esta excentricidad gracias al desprestigio acumulado por “la casta”. El talismán más poderoso del presidente.