La calle será el examen más difícil para Milei
Los organizadores de la protesta del miércoles ya le endilgan al Gobierno no sólo las medidas anunciadas, sino las consecuencias del descalabro de Massa
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Pareció un problema de agenda, pero fue deliberado: el Ministerio de Capital Humano canceló esta semana el encuentro que tenía previsto con los piqueteros que estarán el miércoles manifestándose por el aniversario del 20 de diciembre. El Gobierno buscaba en realidad dar un mensaje de inflexibilidad con quienes, de antemano, ya dan por sentado que cortarán las calles, algo que Javier Milei prometió combatir desde el momento en que asumía.
Quien dio la orden de no reunirse fue el propio presidente de la Nación, que incluso se mostró molesto con que se hubiera insinuado esa posibilidad. La decisión sorprende porque va a contramano de lo que habitualmente recomiendan quienes negocian con estas agrupaciones antes de una protesta: advertirles primero cara a cara lo que pretende el Gobierno y, una vez constatada la contravención, negarse a recibirlas. Ahí anda entonces Eduardo Belliboni, referente del Partido Obrero, reclamando por la reprogramación y pidiendo ser atendido.
La apuesta es fuerte porque el ajuste no tiene precedente. Y, obviedad de la política, los organizadores de la protesta ya le endilgan al Gobierno no solo las medidas anunciadas, sino las consecuencias del descalabro de Massa. La devaluación, por ejemplo. Si un dólar vale 350 pesos, pero no se consigue, ¿cuánto vale realmente? ¿Quién será después el responsable de la devaluación, el que lo vendía a ese precio de fantasía o quien decidió ajustarlo a 800 para que finalmente se consiga? El ejemplo vale también para una botella de leche en la góndola o un litro de nafta; la economía ajusta siempre de dos modos: o por precio o volumen.
El Gobierno pasó la primera prueba del mercado, pero se enfrentará la semana próxima a una no menos exigente, la protesta social. “Va a ser heavy”, anticiparon autoridades de la ciudad de Buenos Aires. Nadie está en condiciones de garantizar un operativo policial exitoso. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, suele distinguir entre una medida de fuerza provocada por una situación concreta –algo por lo que se puede negociar hasta llegar a un acuerdo– y la actitud de confrontación permanente como método de construcción política. En la Argentina parece haberse enquistado la segunda opción.
Será un miércoles tenso. La ministra acordó con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, emplear las fuerzas federales solo para aquello en lo que tienen incumbencia institucional, como los accesos a la Capital Federal, y que el resto del trabajo quede a cargo de la Policía de la Ciudad. El objetivo no es interactuar con los 50.000 manifestantes que prometen llevar las organizaciones, sino detectarlos antes de que lleguen y aplicar sanciones, siempre y cuando se observe una contravención.
En esas aguas turbulentas debe moverse Milei mientras intenta, como definió Paolo Rocca, “resetear la economía”. Es imposible que, más allá del éxito que tuvo hasta ahora en el plano cambiario su ministro de Economía, Luis Caputo, los meses que vienen no terminen siendo un derrotero de malas noticias. De ahí el extremo cuidado en cada palabra de Caputo, que decidió dar los anuncios con un mensaje grabado y corregido al menos dos veces. “No vengo por la revancha. Si nos llegara a ir bien, seguramente no será por mérito mío”, les dijo el miércoles a Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. El condicional describe la fragilidad del contexto.
Los dilemas del Gobierno no están sólo en el plano externo, sino también en su propia línea de funcionarios. No hay que olvidar que La Libertad Avanza llegó al poder sin estructuras y que cambió sobre la marcha de equipo económico, una modificación que, por lo pronto, dejó un tendal de colaboradores y técnicos heridos que hasta ponen en duda el programa.
Habrá que ver quién tiene razón: si los que sostienen que Milei debería ser fiel a sí mismo, con una unificación rápida del tipo de cambio y sin aumentar la presión impositiva, o los que aplauden su giro hacia decisiones menos drásticas que, en simultáneo, postergan seguramente varios de los problemas. ¿La hiperinflación es inevitable en alguno de estos dos escenarios o indefectible en ambos? Nadie puede saberlo.
Es probable que Milei haya decidido entonces no librar todas las batallas. Cuáles de ellas dará empezará a quedar claro la semana próxima, con el paquete de medidas que confeccionó Federico Sturzenegger y que incluye la desregulación de múltiples leyes, muchas de las cuales son sensibles para varios sectores. ¿Estará, por ejemplo, la derogación del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego? El gobernador de la isla, Gustavo Melella, está convencido de que no. Supone que le darán dos años de gracia, y así se lo hizo saber a los empresarios. Es, de todos modos, una incógnita. Hace unos días, Nicolás Caputo reunió a parte de su equipo de Mirgor y lo exhortó a prepararse para una nueva etapa que nadie sabe ni cuándo empieza ni cómo termina. El destino de este régimen, que le cuesta 0,5 puntos del PBI al país, es relevante no solo para los contribuyentes comunes, sino para los propios empresarios fabriles, que ven estas exenciones como una discriminación para quienes quedan afuera. La discusión divide a la Unión Industrial Argentina, que invitó a almorzar pasado mañana a Caputo a su sede de Avenida de Mayo, y también despierta el interés de los gobernadores, que advierten ahora que ese presupuesto podría utilizarse, por ejemplo, para atenuar la pérdida que tuvieron por la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios, estimado en 0,83% del producto.
Ese foco de tensión con la Casa Rosada todavía no empezó, pero crecerá sin dudas en los próximos días, y podría decirse que ya ganó protagonismo en el chat de gobernadores, donde esta semana circuló con indignación el video en que Caputo decía que el regreso del impuesto a las ganancias para salarios era un pedido de ellos. En Córdoba, por ejemplo, todavía predispuesta a dialogar con el nuevo gobierno, empiezan a decir que un eventual desacuerdo podría complicar incluso la buena voluntad de Osvaldo Giordano, flamante director de la Anses y exministro de Finanzas de Schiaretti. “Distribuyan la carga, no vamos a aceptar otra vez el argumento de que es el único modo de hacer el ajuste”, protestaron en una provincia de Juntos por el Cambio.
El contrapunto será también con la CGT, que parece haber salido de un extenso letargo y se reunió anteayer en la sede de Azopardo. “Si los salarios y las jubilaciones son pisados, la CGT va a actuar”, anticipó al salir Héctor Daer. Hace dos años que los jubilados pierden frente a la inflación y los salarios están en promedio 25% por debajo del nivel de 2017. Nunca es tarde.