La botella está vacía y la política discute el envase
Cada vez que algún macrista le advierte a su compañera Gladys González, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, eventuales objeciones a proyectos como la ley de etiquetado frontal, que acaba de sancionarse, o el del Gobierno para cobrarles una tasa a las empresas por el uso de envases no reciclables, presentado anteayer en el Congreso, la senadora contesta con el mismo argumento: “No hay que regalarle esas leyes a la izquierda”.
Los empresarios están bastante molestos. A los problemas obvios de la pospandemia, los titubeos de un gobierno inorgánico para acordar con el Fondo Monetario Internacional y una crisis estructural que impide crear trabajo en términos netos desde hace una década, la Argentina parece haberles antepuesto una agenda de proyectos propia de países nórdicos. Como si las ponencias que se oirán desde mañana en Glasgow, donde se desarrollará la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, tuvieran mayor urgencia que los temas que, desde hoy, en Roma, con la presencia de Alberto Fernández, se van a tratar en el G-20 con líderes de todo el mundo.
En el kirchnerismo se jactan de este orden de prioridades. Lamentan incluso que a Glasgow no vaya una comitiva más numerosa, porque ahí, dicen, se discutirán los temas globales de los próximos ocho años.
“Claro, el tema ambiental es mucho más marketinero”, dijo, sonriendo, a LA NACION un funcionario que estará en ambos foros. Pero la Argentina no encuentra todavía soluciones a desajustes más elementales, algunos de ellos resueltos hace décadas por la mayor parte de las naciones. Hay, por ejemplo, 137 países con menos de 10% de inflación. Y no todos tienen, como este, la obligación de pagarle en marzo al FMI un vencimiento de 18.000 millones de dólares.
El malhumor de los empresarios no es tanto con el contenido de leyes que ven emergiendo en el resto del planeta como con un rasgo más autóctono que han empezado a detectar: cierta atmósfera con sesgo anticapitalista que se expresa principalmente en el Congreso, donde encuentran pocos legisladores dispuestos a prestarles atención. Dicen, por ejemplo, que no pudieron imponer una sola de las sugerencias que tenían para la ley de etiquetado y que incluso el texto que salió es el más rudimentario y hostil a la inversión. Que las alimentarias deban despedirse para siempre del tigre de las Zucaritas o del Capitán del Espacio, vínculos con el consumidor a los que han dedicado años, o que no puedan vender golosinas en los quioscos de los colegios no es nada en relación con esa dificultad de fondo.
Los detalles de la ley difieren además bastante de normativas que se proponen el mismo objetivo sanitario en otras partes. En las cámaras objetan que los octógonos aprobados sean, en sentido propio y figurado, una modalidad en blanco y negro si se los compara con la gama gradual de colores que expone la composición nutricional de cada producto en los países europeos donde rige el Nutricare. El espectro cromático informa y el octógono invalida, dicen. En Chile, por ejemplo, el perfil nutricional fue definido por el código alimentario local; en México, sobre la base de tipologías de consumo propias de ese mercado. Las categorías de la Organización Panamericana de la Salud que consideró la Argentina son, insisten, las más restrictivas de todas.
Es tarde para quejas, porque la ley tuvo un respaldo abrumador. Desde el principio de la discusión, los legisladores entendieron que el lobbying de los empresarios pretendía solo frenar la ley, nunca mejorarla. Y eso que, a principio de año, cuando empezaron estas reuniones, Sergio Massa les había ofrecido a algunos una oportunidad: poner el proyecto en consideración de varias comisiones, lo que en jerga legislativa equivale a dilatar el tratamiento y, por lo tanto, dar lugar a cambios en la letra chica. “La ley va a salir porque es una tendencia en el mundo”, les advirtió en ese momento el líder del Frente Renovador.
Es cierto que en el medio se mezclaron contratiempos. Se interrumpió, por ejemplo, el diálogo por una interna entre dirigentes de la Unión Industrial Argentina y José Ignacio de Mendiguren, diputado de licencia y cercano a Massa. Pero a los empresarios les quedó la sensación de que acercarse o no a quienes redactan las leyes daba exactamente lo mismo. Suponen que no hay fundamento que valga en un país donde da rédito combatir la generación de riqueza y, más aún, defender empresas es vergonzante.
“Ladran”, tuiteó Andrés Larroque el martes, sobre una tapa de Clarín que decía que la Cámara de Comercio Norteamericana en la Argentina cuestionaba el control de precios.
Pero la crítica del establishment económico se centra más en la oposición. “Los de Pro por lo menos se abstienen: los peores son los radicales”, protestó el presidente de una cámara. Están convencidos de que muchos legisladores ni siquiera se detienen en las consecuencias de los proyectos. Algún antecedente hay. La ley de alquileres, una iniciativa de Juntos por el Cambio que pretendía atenuar los precios de los contratos y consiguió exactamente lo contrario, subirlos más del 70%, fue sancionada hace casi un año y medio con 191 votos afirmativos, 24 abstenciones y… ni uno solo negativo. ¿Nadie sabía en el Congreso que esas regulaciones terminan siempre perjudicando a los inquilinos?
El otro ejemplo fue en diciembre, con la famosa cláusula de indemnidad en la negociación con Pfizer, que propuso la oficialista Cecilia Moreau, pero que votó también gran parte de la oposición e impidió que la Argentina tuviera en el primer semestre de este año 8 millones de dosis de la vacuna. Días atrás, durante la discusión por la ley de etiquetado, una conocida economista recibió llamadas de tres asesores legislativos que querían saber qué pensaba de la ley. Ella hizo observaciones sobre la prohibición de promociones y las ventas en instituciones educativas. ¿Pero eso está en el proyecto?, preguntaron los interesados. A la consultora le llamó la atención. “En los artículos 11 y 14. Por favor, lean la ley, tiene dos páginas”, contestó.
La sospecha de los empresarios es que casi siempre gana la corrección política. Una obviedad: resulta más atractiva la vereda de Greta Thunberg que la de Trump o Bolsonaro. Para el Gobierno esta agenda representa además una inmejorable oportunidad después de la derrota de las primarias. Son leyes de fácil aprobación que le permiten recuperar la iniciativa. En 2008, después de la crisis agropecuaria y el voto de Cobos contra la resolución 125, el kirchnerismo logró levantarse con dos leyes fundamentales que tuvieron votos de la oposición para estatizar Aerolíneas Argentinas y, dos meses después, el sistema previsional.
La campaña empeora las cosas: todo se vuelve una puesta en escena. Son las razones que les permiten a las fabricantes de bebidas suponer que el proyecto para envases presentado anteayer será ley. El borrador, que contempla una tasa de hasta 3% para empresas que usen recipientes no reciclables y crea un fondo que financiará la tarea de recicladores y cartoneros, pertenece al Poder Ejecutivo.
Funes de Rioja, presidente de la UIA, almorzó esta semana con Juan Cabandié, ministro de Medio Ambiente, y le hizo algunas recomendaciones. Entre ellas, que la medida no fuera solo una excusa para crear cargos y que no sirviera solo a los efectos de subsidiar trabajo: que en todo caso el trabajo de reciclar se concretara efectivamente. Cabandié hizo silencio.
La iniciativa prevé una recaudación centralizada, que hará la AFIP, y el proceso de reciclaje, a cargo de cada municipio. ¿Aceptarán los intendentes, que se llevan por coparticipación 0,005% de cada 100 pesos que obtiene el fisco en impuestos? Es probable que ese sea otro punto sensible, porque determinará hasta qué punto los jefes comunales están dispuestos a colaborar con una nueva caja que verán pasar. Será una discusión interesante. Hasta ahora, en sus territorios, las urgencias parecen bastante más elementales. Más que el envase, les preocupa que la pobreza no vuelva inaccesible lo que va adentro.ß
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