La batalla por los puentes digitales
Los puentes han sido siempre escenario de grandes batallas. Constantino ganó su imperio en el Puente Milvio, y Napoleón debió destruir los puentes sobre el río Beresina para salvar parte de su ejército. Hoy, los puentes tradicionales siguen siendo un objetivo bélico de gran relevancia, pero existe otra guerra que involucra a otros puentes; esa guerra es más silenciosa, aunque no menos importante.
Internet nos permite buscar y compartir información, pero a pesar de su simpleza no podemos hacerlo solos; buscadores, blogs y prestadores de servicios son sólo algunos de los puentes que nos permiten la comunicación en la Web.
Por estos puentes digitales transita una parte considerable de la humanidad difundiendo todo tipo de información. Pero, disimulados entre la muchedumbre, también circulan toda clase de infractores, desde quienes insultan o infringen derechos de autor hasta los que comercian pornografía infantil, y es común que se reproche al dueño del puente no haber ejercido la fiscalización suficiente para evitar la comisión de delitos. Es así como nos encontramos con la noticia de que los dueños de Taringa serán sometidos a juicio oral por el tráfico de material ilegal que circuló través del sitio web. También es común leer acerca de jueces que ordenan a Yahoo o a Google bloquear entre sus resultados a quienes publican fotos o videos que violarían derechos de autor o la intimidad de algún famoso.
Esto interesa a los intermediarios, quienes afrontan los reclamos. Pero en tanto no podemos concebir hoy a Internet sin la intervención de esos puentes, el tema nos involucra por nuestro carácter de simples usuarios de la Web.
Veamos un ejemplo. La campaña presidencial de 2008 en los Estados Unidos se disputó en las más diversas plataformas. Por ejemplo, la fórmula republicana MCain-Palin creó un canal en YouTube, en donde posteaban avisos de campaña.
Antes de las elecciones, muchos avisos fueron removidos y apareció una leyenda que indicaba: "Este video ya no está disponible debido a un reclamo por violación de los derechos de autor". Las denuncias se realizaban a través de mails, y los denunciantes eran distintas empresas periodísticas, como CBS, Fox o NBC, que afirmaban que los avisos infringían su copyright , al utilizar notas o declaraciones de los candidatos emitidas en sus noticieros.
Los republicanos reclamaron a YouTube. El sitio se limitó a responder que, según la legislación vigente, si no daba de baja el material denunciado, asumía personalmente la responsabilidad. De ese modo, la simple amenaza de acciones legales fue suficiente para que YouTube diera de baja avisos de la campaña. Algo que los denunciantes no hubieran obtenido jamás a través de una orden judicial lo lograron, en cambio, con un mail oportuno.
Los riesgos de un ataque al intermediario también pueden verse en lo ocurrido en Tierra del Fuego en 2007, cuando horas antes de las elecciones la provincia se quedó sin Internet. Para eso bastó que alguien hiciera un corte en el cable de fibra óptica que unía la isla a Internet. El ejemplo de Tierra del Fuego parece impropio del mundo digital, pero sirve para mensurar los graves efectos de un ataque a los intermediarios.
Si nos interesa que Internet sea un gran torrente donde la información circule en un ambiente de libertad, debemos preocuparnos por generar incentivos para que exista cada vez más información disponible. No contamos con datos para poder valorar la decisión de someter a juicio a los propietarios de Taringa. Pero los numerosos ejemplos que vemos a diario son suficientes para alertar que una mayor atribución de responsabilidad a los intermediarios de la Web redundará necesariamente en autocensura y en una menor cantidad de información circulante. Esto interesa a los intermediarios, pero mucho más nos interesa a los usuarios.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos asegura a todos el derecho de recibir y difundir informaciones e ideas a través de cualquier medio. Para eso necesitamos una Internet de puentes anchos y abiertos; la defensa de esos puentes debe hacernos participar a todos, y no sólo a sus propietarios.
© LA NACION
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