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La bandera de la concordia
Por Alberto Rodríguez Varela Para LA NACION
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Desde hace sesenta años la Argentina viene desintegrándose como comunidad nacional, desgastándose en enfrentamientos, por momentos durísimos, y haciendo predominar -salvo algunos paréntesis- la dura ley de la revancha impuesta por el ocasional vencedor.
A partir del asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, en 1970, la espiral de violencia se expandió en forma acelerada. "Juventudes idealistas", "formaciones especiales", "organizaciones político-militares", etc., alentadas por un ex presidente de la Nación, incendiaron el país con graves atentados contra establecimientos militares y policiales, y en perjuicio de los más diversos sectores de la población civil. La respuesta estatal fue, en los inicios, moderada. Se instaló una Cámara Federal en lo Penal, integrada por juristas brillantes y valerosos que con su actuación frenaron civilizadamente la avalancha terrorista.
Al retornarse, en 1973, al cauce constitucional, los senadores y diputados electos, pertenecientes a todos los partidos políticos, casi por unanimidad, abolieron la Cámara Federal, derogaron la legislación penal sancionada para reprimir el terrorismo y sancionaron una amplísima ley, que convalidó el indulto dispuesto por Cámpora de todos los que se encontraban privados de su libertad por crímenes cometidos en nombre de sus organizaciones subversivas.
Perón, vuelto a la Argentina, desplazó del gobierno a Cámpora y a la "juventud maravillosa" que lo secundaba, y procuró cortar sus vínculos con quienes habían sido sus aliados durante el exilio madrileño. Al producirse el ataque contra la guarnición de Azul, en la que se cometieron homicidios incalificables, se enfureció con los "jóvenes idealistas" y, en un célebre documento del 22 de enero de 1974, anunció que el grupo de terroristas que asaltó el cuartel, a quienes calificó de "psicópatas", sería "exterminado uno a uno, para bien de la República".
Unos meses después, expulsó de la Plaza de Mayo y del Congreso a la extrema izquierda de su partido. Falleció el 1° de julio de 1974, mientras el país se debatía en la inseguridad más absoluta, con atentados cotidianos contra objetivos civiles y militares y represalias de grupos que contaban con un claro apoyo oficial.
En medio de ese horror, y ante la posibilidad de que los grupos subversivos obtuvieran algún reconocimiento de "zonas liberadas" en Tucumán, la presidenta Isabel Perón firmó, el 5 de febrero de 1975, un decreto que ordenó el "aniquilamiento" del accionar de los insurrectos y la militarización de la policía y fuerzas de seguridad de esa provincia.
Algunos meses después, al agravarse la situación, el presidente interino, Italo Luder, extendió la orden de aniquilamiento a todo el territorio nacional. Ambos decretos fueron firmados en acuerdo general de ministros.
El sentido que en las más altas esferas del Gobierno se otorgaba al vocablo "aniquilamiento" parece emerger del discurso pronunciado por el ministro de Defensa Nacional, Tomás Votero, el 15 de octubre de 1975, en el que expresó que quedaba "una sola alternativa: el exterminio total del enemigo". Estas palabras terribles, del firmante de la Orden N° 1 de Operaciones, no suscitaron objeciones del Congreso, los partidos o los sindicatos. Por el contrario, un diputado justicialista llegó al extremo de recomendar, en el recinto, la sanción de leyes que otorgaran a las Fuerzas Armadas "amplios poderes" para perseguir a los subversivos "hasta sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo" (sic).
Evidentemente, el fragor de la guerra impulsaba a que algunos perdieran la noción de límites morales y jurídicos.
Al ocupar las Fuerzas Armadas un poder que se encontraba virtualmente vacante debido a la manifiesta incapacidad de la presidenta, a la oposición de la mayoría de los legisladores a enjuiciarla, y a la renuencia de Luder a reemplazarla, la guerra interna continuó con todos sus horrores cotidianos.
Los militares intentaron integrar una nueva Cámara Federal, pero el propósito no tuvo eco, porque la experiencia anterior había sido durísima para los jueces, víctimas de mortales atentados, empujados a dejar el país para salvar sus vidas y a vivir en el extranjero, sin medios de fortuna y obligados a desempeñar cualquier tarea que les ayudara a subsistir.
La guerra prosiguió entonces con su carga de horrores, hasta que, finalmente, los estados mayores de las organizaciones "politicomilitares" subversivas abandonaron el territorio argentino, disminuyendo hasta cesar la actividad terrorista. Quedó una estela de muertos propios y ajenos, muchos de ellos civiles inocentes que no participaban de las acciones armadas.
Después, al restablecerse la vigencia plena de la Constitución, se enjuició a los comandantes, se extendió la persecución judicial a todos los niveles castrenses y policiales, sobrevinieron los enfrentamientos con los "caras pintadas", y se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final para integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.
Por decisión del Congreso, se extendieron los beneficios del "punto final" a los responsables de actos terroristas. En otras palabras: se forjó la ilusión de una pacificación interior que seguramente no fue sincera, porque se desmoronó como un castillo de naipes. Ahora nos encontramos nuevamente en plena discordia, intentando algunos mantener una visión asimétrica que inculpe a los militares, también quizá a la Triple A y al gobierno de Isabel Perón, pero que cubra con la más absoluta impunidad a los terroristas que desataron nuestra guerra interior y la mantuvieron, incluso, con gobiernos constitucionales.
Vana ilusión y frágil visión. En cuanto cambie el contexto, las lealtades de hoy sucumbirán y se reanudará la persecución de quienes vayan cesando en sus cargos.
Hay que quebrar el círculo del odio y debemos, todos, abrirnos a una genuina pacificación. Como lo ha explicado claramente Roberto Durrieu, en un artículo publicado en este diario, todos los delitos que hoy se imputan a militares, agentes de la Triple A y subversivos, están objetivamente prescriptos. Pero se ha cometido la aberración jurídica de aplicarles retroactivamente -por ahora sólo a algunos- normas penales de imprescriptibilidad.
Como lo expresaba Giuseppe Bettiol, desconocer hoy el principio de legalidad, más que una herejía es una blasfemia jurídica. Y hacerlo con hechos ocurridos hace tres décadas, equivale a sustraer a los historiadores una competencia que excede la potestad de los jueces.
Está disponible, empero, la medida a la que han recurrido todos los pueblos sabios después de las guerras civiles, tanto en Europa como en América. También nosotros, para aplacar los odios engendrados por nuestros enfrentamientos domésticos. Son numerosos los presidentes argentinos que, después de graves conflictos internos, han promulgado leyes de amnistía.
No es cierto que los delitos imputados a militares, agentes de la Triple A y terroristas no sean amnistiables. Ni la Constitución, ni los tratados incorporados a su texto lo prohíben. Hay dos que, incluso, disponen expresamente lo contrario. Me refiero al Art. 4 Incs. 2 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al Art. 6 Incs. 2 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que autorizan la amnistía para los "delitos más graves", incluso los castigados con pena de muerte.
Además, el caso que algunos citan de la Corte Interamericana ("Barrios Altos") carece de significación, porque está referido a una "autoamnistía". En cambio, lo que postulamos es una ley de amnistía que sancione el Congreso y que, como lo propone Gregorio Badeni, saque los ojos de la nuca y los vuelva hacia el presente y el futuro, para construir, entre todos, un país mejor.
El proyecto de ley de amnistía presentado por el diputado nacional Jorge R. Vanossi marca un camino que en algún momento deberíamos emprender.
Alguien con autoridad moral debe levantar la bandera de la concordia para que la unión nacional tenga vigencia efectiva, y para que la discordia sea definitivamente superada.
Todos, por acción u omisión, somos responsables del país que dejaremos a nuestros hijos y nietos. Urge, pues, poner fin a la revancha e iniciar una nueva etapa signada por la más sincera reconciliación.
