La Argentina que trabaja está cansada
Es el hartazgo de un sector cada vez menos numeroso que siente el peso de sostener al resto de una economía inviable y a una dirigencia política que no ofreció siquiera un gesto simbólico
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LA NACION
El dibujo tiene bastante más dedicación que el de un almanaque cualquiera. Apareció esta semana en talleres de las fábricas donde pisa fuerte el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que conducen dirigentes del Partido Obrero, e impreso al lado del logo gremial. “Calendario 2021”, dice. Es en realidad la adaptación de una célebre caricatura bolchevique, publicada en 1919 en Rusia: parado en un globo terráqueo, Lenin barre con una escoba a un zar, un sacerdote ortodoxo, un aristócrata y un empresario. “El camarada Lenin limpia el mundo de basura”, se explica abajo. El dibujante del Sutna reemplazó el globo por una rueda de automóvil. En la cima no está Lenin, sino un grupo de trabajadores con gorras, banderas y vestimenta del gremio. Y los desplazados, que se deslizan con cara de espanto por la pendiente de la radial, son ejecutivos de una compañía.
Es un lugar común del humor gráfico político. El Bando Nacional español, la Candidatura de Unidad Popular (CUP) catalana, el nazismo y hasta los republicanos de Donald Trump replicaron con variantes la idea en distintos momentos de la historia. La imagen sirve de todos modos para explicar algunas cuestiones de la Argentina. La más obvia es la virulencia de las internas sindicales durante el Covid: no hay ingresos, las paritarias se traban, muchas elecciones quedaron postergadas y corrientes diversas hacen esfuerzos por mostrarse duras delante de las bases. No son días fáciles para nadie: pocos salarios podrán este año equiparar la inflación.
En las cámaras empresariales grafican estas dificultades con una ironía: tal como están las cosas, con todo para perder, ya ni siquiera es negocio ser sindicalista. Eso explicaría, dicen, el paso de varios de estos dirigentes a cargos del Estado. Hasta el Sutna, donde manda la izquierda, siempre menos condescendiente, tiene su propio ejemplo: desde mediados del año pasado, Pedro Wasiejko, secretario general durante tres períodos, miembro también de la CTA, preside el Consorcio de Gestión del estratégico Puerto La Plata. Dicen que fue un gesto de Kicillof. Ingeniero electrónico graduado en la Universidad Tecnológica de Avellaneda, Wasiejko conduce también desde marzo el Ente Administrador del Astillero Río Santiago, cargo que acaba de dejar Ariel Basteiro, otro líder gremial de licencia, designado otra vez embajador en Bolivia. Basteiro ya había estado ahí entre 2012 y 2015.
Pero son salidas y opciones políticas y personales. Muy distantes de las penurias que padecen los trabajadores que representan. Hacía tiempo que el sector privado no vivía un momento de tanta incertidumbre. No solo por el 1,1 millones de ocupados que se perdieron desde que empezó la pandemia, sino por el estado de ánimo de quienes deberían invertir y crear más puestos, los empresarios. Los asustados de la pendiente del neumático, que sienten que tampoco el Gobierno facilita el contexto. El martes, en la reunión habitual de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes, les comunicó a sus pares que las cámaras de alimentos habían decidido presentar un recurso administrativo contra la medida que faculta a la Secretaría de Comercio Interior a exigirles información en el etiquetado de los envases. Es el paso previo a la demanda judicial contra la dependencia que conduce Paula Español. Ellos están convencidos de que las intenciones del Gobierno con la norma no tienen que ver con la salud, sino con los precios. Suponen que lo que busca es fiscalizarles un viejo ardid para eludir topes máximos: cambiar los rótulos de los productos para mostrarlos como nuevos y, así, poder aplicar aumentos. Ya presentaron un recurso similar contra otro mecanismo, el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), con que esa misma secretaría les pide regularmente datos de costos, precios y stocks. “Una cosa es el control técnico que hacen la Anmat o el Senasa –se quejó Funes de Rioja–. Pero esto ya es control político. Los stocks son información sensible”.
El anuncio del regreso a las restricciones los sorprendió en este estado de desaliento. Algo que excede las circunstancias de la pandemia y es fácilmente constatable entre quienes, por ejemplo, lo expresan en Twitter. El 5 del mes pasado, Alec Oxenford, fundador de OLX, exitosa plataforma de clasificados online que se convirtió en una de las compañías de mayor crecimiento y valuación de la Argentina, contestó de este modo a una crítica de un usuario a la situación del país. “Adoro Argentina. Muchos argentinos son sofisticados, cálidos, buenos amigos, tienen chispa y son creativos y elegantes. Pero el sistema está totalmente roto. Y la cultura del no trabajo no es sustentable”, publicó. El 26, Guibert Englebienne, fundador de Globant, se exasperó ante las protestas de los camioneros frente a supermercados. “Ataquemos la pobreza a través de la dignidad del trabajo y de la transparencia. La situación de Walmart desalienta la creación de empleo y es un ejemplo más de los reclamos ilegales y extorsivos que destruyen trabajo. #noalosbloqueos”.
Es el cansancio de un sector cada vez menos numeroso que siente el peso y la obligación de sostener al resto de una economía inviable y, peor, a una dirigencia política que no ofreció siquiera el gesto simbólico, como hicieron en su momento la primera ministra de Nueva Zelanda o el presidente de Uruguay, de bajarse los ingresos. El Covid agudizó esta convicción. Y en algunos casos, en particular entre los dueños de empresas chicas o medianas, la volvió hartazgo. “Me acaba de llamar Ezequiel, un empleado, para saber si mañana le daba laburo, porque veía todo esto y estaba enormemente preocupado –contó el miércoles Gustavo Lazzari, de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados, en TN–. No Axel Kicillof: él tiene laburo mañana, y el 30 de abril va a cobrar su sueldo”.
La dialéctica se trasladó esa noche a Twitter. “¿El trabajador estatal le dará la mitad de su sueldo para que vivan las familias que se quedaron sin trabajar?”, se preguntó Patricia Bullrich e hizo reaccionar a Fernanda Vallejos, diputada nacional del Frente de Todos, una economista que suele adelantar muchas decisiones del Gobierno y expresa el pensamiento del kirchnerismo. “Los trabajadores públicos son los que acumulan las mayores pérdidas reales en sus salarios, pérdidas que vienen del gobierno de Macri. En cambio, hay miles de empresarios multimillonarios que sí pueden aportar la mitad de sus ganancias. ¿Eso no se le ocurrió? Le presto la idea”.
Es cierto que la crisis sanitaria cambió paradigmas de distribución en todo el mundo. Ayer, por ejemplo, Vallejos retuiteó un mensaje de Bernie Sanders, senador del estado de Vermont y uno de los más progresistas entre los demócratas, que decía que muchos multimillonarios se habían enriquecido con la pandemia. “Ahora es el momento de abordar este nivel de codicia y desigualdad”, decía. La referencia carece, sin embargo, de toda proporción. El drama argentino viene de antes: el stock y el flujo que eventualmente podrían repartirse se achican todos los años. A partir de esa inconsistencia, en el país toda comparación se vuelve caricatura. Hasta en el Sutna saben que el almanaque no es más que una figura retórica.
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