La aprobación de un juez para la Corte

Desde hace ya algún tiempo el periodismo especializado viene analizando qué factores son los que harían demorar la definición en el Senado sobre si se aprobarán las nominaciones del juez Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema. Desde que se produjeron las audiencias frente a ese cuerpo, donde ambos candidatos expusieron sus ideas y fueron objeto de numerosas preguntas, las especulaciones son varias, aunque ninguna resulta edificante. Para decirlo de manera directa, nuestra clase política parece no entender que, justamente en razón de la nota de independencia que la Constitución les asigna al Poder Judicial y a la Corte como cabeza de este, quien resulte designado –de tomarse en serio su función– debería olvidarse por completo de “devolver” favores o prestar oídos a las apetencias o ambiciones del sector político que haya apoyado tal designación.

En realidad, debe admitirse que es el propio Poder Ejecutivo el que comenzó con el pie izquierdo este proceso. Por lo pronto, dado que la vacante que ocuparía el juez Lijo fue la que dejó Elena Highton, hay buenas razones para pensar que al menos ese cargo debería llenarse con alguna de las muchísimas mujeres aptas para desempeñarlo. Tanto dentro como fuera de la judicatura existen candidatas de una gran formación jurídica, que de seguro no despertarían el cúmulo de objeciones que se le han dirigido a aquel candidato desde todas las organizaciones del sector civil especializadas en temas de justicia.

Analicemos las razones que se vienen ofreciendo y que demorarían una definición sobre la suerte de quienes han sido propuestos. Desde el kirchnerismo se estaría condicionando el tratamiento de estos pliegos a que el Congreso se avenga a sancionar una ley que amplíe el número de los jueces de la Corte. Esta movida carece de toda justificación. Ya en el pasado tuvimos la experiencia de una Corte ampliada, y el resultado fue una sustancial demora en la elaboración y el dictado de las sentencias. Es posible, además, que en esa eventual ampliación exista una especulación respecto de qué suerte correrían con un tribunal de más miembros ciertos funcionarios ya condenados (Cristina Kirchner entre ellos). De allí que no sería extraño que se especule con el nombramiento de personas que, por su simpatía política, estén dispuestas a hacer la vista gorda frente a las evidencias de corrupción que dejaron a su paso los distintos gobiernos dominados por esa facción.

Respecto ya de otros espacios políticos, se ha especulado también con el siguiente escenario. Si el Gobierno pretende apoyo para sus candidatos a la Corte, este sería el momento para reclamarle, a cambio, que se avenga a impulsar políticas públicas que cada espacio propugna.

El problema central con este posible “toma y daca” es que, de ser ciertas estas versiones, ellas implican una suerte de confesión de lo degradada que ha quedado la república. Elegir un juez con miras a que vote de manera determinada en una causa o en un grupo de causas penales habla muy mal tanto de quien se embarca en esa propuesta como de quien la acepta. Las mejores instituciones de nada valen si las corrompemos de una manera tan directa. Convengamos además en que ese criterio de selección ni siquiera es uno que le garantice el éxito a quien lo propone. La razón de por qué la Corte debe integrarse con jueces independientes es porque es la única forma de que la población se asegure de que quienes han sido elegidos para semejante cargo no variarán su criterio según soplen los vientos políticos.

Los jueces de la Corte, se sabe, son designados casi de por vida y deben mostrar su ecuanimidad y su distancia respecto de todas las fuerzas políticas. Estas, por definición, detentan su poder de manera transitoria y sus simpatías y alineamientos varían y alcanzan en ocasiones giros casi copernicanos. De los magistrados, en cambio, esperamos un desempeño guiado solo por la ley y por la sana interpretación que sepan hacer de ella.

Los candidatos propuestos por el Presidente ya han dado muestras de sus condiciones. Conocemos sus trayectorias y antecedentes. Los integrantes del Senado de la Nación deben ahora hacer su trabajo y prestarles o no el acuerdo, según una evaluación basada exclusivamente en sus méritos y no en razones entroncadas con el oportunismo y el cálculo.

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