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Kirchner, Villarruel y la memoria de los 70
“A Villarruel, como a Kirchner, le gusta buscar asesinos en los geriátricos. Alfonsín los cazaba en la selva”, la frase la posteó en su cuenta de X el politólogo Andrés Malamud a propósito de la intención que manifestó la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sobre el pedido realizado el martes para la reapertura de las causas, algo que ya se intentó en varias oportunidades, sin éxito, que será realizado por la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), fundada por la propia Villarruel. Claro, ahora desde el poder las intenciones toman otra forma.
Tiene todo el derecho el gobierno libertario de plantear su idea respecto a la búsqueda de justicia por los oscuros años 70 que nos tocó vivir. La polémica se da porque lo hace desde con una omisión fundamental -a esta altura ya no es un olvido o una mala interpretación- como es negar los verdaderos acontecimientos históricos sobre la actuación de la política en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y es ahí donde la frase de Malamud cobra un sentido especial y que lo acerca a la verdad.
Villarruel, que intenta ser muy cuidadosa en sus palabras y no reivindicar la dictadura militar a pesar de que desconoce la figura de “terrorismo de estado” para calificar los delitos cometidos entre 1976 y 1983 por el Proceso de Reorganización Nacional, remarcó y reiteró la palabra “impunidad” en su discurso: “Argentina merece no ser un nido de impunidad y para eso hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo, para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación”, sentenció.
Villarruel toca un nervio muy sensible en un sector de la sociedad, sobre todo para los familiares de las víctimas de los atentados de las organizaciones terroristas. Pero hay, en su arenga, una falta de apego a la verdad que nos recuerda el discurso de Néstor Kirchner del marzo de 2004, cuando habló en un acto en la ESMA y dijo: “Como presidente de la nación vengo a pedir perdón del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”.
Tanto Kirchner, y todo el kirchnerismo, que adhirió ciegamente a esa afirmación, como Villarruel ahora, y todo aquel que se ve representado con aquellos sectores encolumnados en la defensa del accionar de las Fuerzas Armadas en ese tiempo, ocultan una parte reciente de la historia democrática argentina que, por distintas razones, prefieren obviar.
Al hablar de “impunidad” y de “silencio” están borrando el tramo más importante de nuestra historia en cuanto a “derechos humanos, Verdad y Justicia” como fue la actuación del gobierno de Raúl Alfonsín, que apenas asumió convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para derogar la autoamnistía decretada por los propios militares, cuando el 23 de septiembre de 1983 el general Reynaldo Bignone promulgó la ley 22.294, denominada por los militares como “Ley de Pacificación Nacional” que, vale recordar, el Partido Justicialista de ese entonces se comprometió en la campaña electoral a sostener. Alfonsín lo logró y consiguió que esa ley se derogase por inconstitucional y se declarara “insanablemente nula la ley de facto N°22.924″. Luego puso en marcha la Conadep (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) que el peronismo se negó a integrar, y que permitió recoger testimonios, denuncias y pruebas para llevar adelante en 1985 el histórico juicio a las Juntas Militares. No hubo silencio de parte del estado como dijo Néstor Kirchner 21 años después. Las disculpas, en todo caso, debió darlas por su silencio cómplice en todos esos años y en los 90, cuando, como fiel adherente al menemismo, acompañó los indultos de Carlos Menem.
En paralelo al proceso a las Juntas Militares, con la promulgación del decreto 157/83, se dispuso los juicios a las cúpulas guerrilleras. Así fue que el ministerio público puso en marcha los procedimientos judiciales a fin de cumplir con ese mandato para que los jefes de ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros fueran juzgados y condenados. Resultados: Mario E. Firmenich fue condenado a 30 años de prisión, Fernando Vaca Narvaja; Ricardo Obregón Cano; Rodolfo Galimberti; Roberto Perdía; Héctor Pardo, todos dirigentes de Montoneros; y Enrique Gorriarán Merlo, único sobreviviente de la conducción del ERP todos juzgados, aunque sólo dos lo fueron presencialmente, Mario Firmenich y Ricardo Obregón Cano. El resto se mantuvo prófugo hasta los indultos de Menem de 1989 y 1990 que favorecieron a 220 jefes militares procesados o encarcelados, a 70 miembros de organizaciones guerrilleras que se encontraban presos o prófugos y también sumó a los responsables del levantamiento de Semana Santa de 1987 de Monte Caseros de 1988 y Villa Martelli de 1989, todos contra el gobierno de Alfonsín, y a los jefes militares condenados por la guerra de Malvinas.
Un dato para agregar, José López Rega, jefe de la Triple A, falleció en la cárcel, luego de ser extraditado, un mes antes de la asunción de Carlos Menem. Es decir, también se enjuició al mayor responsable del “terrorismo de estado”, la Triple A, que era una organización paraestatal, por violaciones a los DDHH. Esto también es bueno recordar porque una parte de las víctimas de las organizaciones armadas y de parte del estado se dieron durante el gobierno de Juan Domingo Perón y de Isabel Perón. De hecho, Italo Luder fue firmante del Decreto 261/75 que procuraba el “aniquilamiento” de las fuerzas subversivas. Decreto utilizado por la defensa de los comandantes de las Juntas enjuiciados en 1985. Las desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas, de algún modo amparadas desde el estado, ya existían cuando llegó el golpe del 24 de marzo de 1976.
Los argentinos recuperamos la democracia hace ya 41 años, pero volvemos una y otra vez a los setenta por todos los acontecimientos que se describen en esa columna: procesos, juicios, leyes de impunidad, indultos, derogación de esas normas y decretos, regreso de juicios de modo parcial, pero sobre todo por una mirada sesgada de los acontecimientos y las consecuentes medidas adoptadas por los distintos gobiernos, desde 1989 a la fecha. Ese año, Alfonsín entregó prematuramente el mando a Carlos Menem con los máximos responsables de la etapa más oscura de nuestra historia enjuiciados y presos. Claramente no hubo silencio del estado con los crímenes que cometió la dictadura militar y tampoco hubo impunidad, como señala Villarruel, con los jefes y varios miembros de organizaciones terroristas. Lo que sí existió fue un perdón, arbitrario y nocivo, que no respetó a las víctimas y familiares de un lado y de otro, que descompuso todos los relatos del presente. Los indultos fueron un manto de injusticia inconmensurable dictados por Carlos Menem, y la derogación de aquéllos solo para los militares tuvieron un efecto contrario al de la reconciliarnos con la verdad histórica. Curiosamente, Menem es el presidente al que Javier Milei señala como “el mejor presidente de la democracia” y al que Néstor Kirchner calificó en 1995 como “el mejor presidente desde Perón”. En definitiva, Villarruel es la vicepresidenta de un presidente que reivindica como prócer a Carlos Menem, el que sí garantizó la impunidad de todos. Deberán resolver esta otra puja interna, entre tantas que ya tienen.
El 21 de agosto de 2003, al comienzo del kirchnerismo, se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tras la Corte Suprema dio lugar (con los fallos Simón y Arancibia Clavel) a la reapertura de los juicios por lesa humanidad a los militares. Hoy un sector del gobierno libertario busca abrir los procesos contra las organizaciones armadas que participaron en hechos de sangre mientras en paralelo desata un escándalo público, con consecuencias internas en el seno de su bloque con características desopilantes por el nivel de las acusaciones y el intento de judicialización de una decisión política, como fue la visita realizada por seis legisladores a los genocidas detenidos en el Penal de Ezeiza.
Otra vez el viaje en el tiempo que instala un debate en la actualidad que se niega a soltarnos. Es que es otra Argentina ésta, una que debería dedicarse a resolver como prioridad los problemas que hoy violan otros derechos humanos, como la pobreza cercana al 60% de la población, según mediciones preliminares y con un crecimiento exponencial desde que asumió Javier Milei sobre todo en lo referido al hambre y la indigencia. Siempre se resalta, Milei no es responsable de estos niveles de degradación social, pero en nueve meses sus políticas los agravaron a niveles históricos: solo en el conurbano el 78% de los menores están debajo de la línea de la pobreza.
Nunca es tarde para llevar justicia a las víctimas y familiares de hechos de violencia, en cualquier sentido o escenario político y social donde haya sucedido, pero se sentiría mejor si esto forma parte de una agenda actual que comparte con otros temas de demanda social y no que lo hagan parecer una prioridad porque el oficialismo, de la mano de su vicepresidenta, pone en el breviario nuevamente la revisión de los 70 y, así como hizo el kirchnerismo, lo hace con una mirada con sesgo propio y con una fuerte voluntad de fortalecerse y generar consenso en un sector de la sociedad que ve en ella una alternativa, incluso mejor que la que ofrece el mismo Presidente.
No solo el kirchnerismo y los libertarios nos llevaron y nos están llevando a anclarnos en los setenta, sino que tanto unos como otros parecen más interesados en volver al pasado para germinar en la sociedad un vínculo de pertenencia política que en mejorar nuestro futuro. Por suerte para nuestra historia, Raúl Alfonsín careció de esa mezquindad.
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