Juan Gabriel Tokatlian. "Tenemos evidencia tangible de que la 'guerra contra las drogas' no sirve"
En un nuevo libro, el investigador señala los déficits del paradigma prohibicionista, al que la Argentina sigue adhiriendo, sin "un diagnóstico integral y riguroso" y con un discurso público que los datos desmienten
PARA LA NACIONAstrid Pikielny
"Estamos en el peor de los mundos”, dice el investigador y docente Juan Gabriel Tokatlian. No porque la Argentina se haya “colombianizado” o “mexicanizado”, como suelen decir políticos y funcionarios agitando fantasmas sin fundamento fáctico que sirven como esgrima política, sino porque la Argentina carece de un diagnóstico integral y veraz sobre el narcotráfico y se empeña en persistir en políticas que ya han mostrado su rotundo fracaso en otros países del mundo.
Quien lo afirma acaba de publicar Qué hacer con las drogas (Siglo XXI), un ensayo exhaustivo sobre la historia del régimen internacional de drogas ilícitas y el fenómeno del narcotráfico en todas sus escalas y dimensiones. Su interés por este tema le debe mucho a los 18 años que vivió en Colombia, donde fue cofundador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes e investigador de la Universidad Nacional, ambos en Bogotá.
“En aquellos años, las investigaciones sobre el narcotráfico mostraron la necesidad de tener un estudio más riguroso y sistemático. Se abrió una avenida que me llevó obviamente a la relación con Estados Unidos y me llevó también, siguiendo al álbum de Pink Floyd, al lado oscuro de la luna. Y eso me llevó al crimen organizado, al terrorismo y a la violencia armada. Eso pasó a ser un paquete de asuntos sobre los cuales deposité mucho mi atención”, remarca Tokatlian, profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador especializado en temas globales y teorías de las relaciones internacionales.
¿Existe hoy un diagnóstico, un mapa real de la escala, el alcance y el tipo de penetración del narcotráfico en la Argentina?
Si uno mira la virtud de Colombia en esta materia, es que obligó a todos los actores –el Estado, los académicos, la sociedad civil, los políticos, los empresarios y los investigadores– a ser mucho más meticulosos y rigurosos, y a tratar de entender de dónde provenía este fenómeno y cómo se desplegaba. Colombia hoy tiene un buen diagnóstico de su situación y de su situación geopolítica en el negocio global. Argentina nunca ha tenido ni tiene la dimensión de un fenómeno parecido al de Colombia o al de México, sin embargo hay un discurso persistente y recurrente de la mayoría de los líderes políticos, funcionarios y especialistas que insisten en “colombianizar” o “mexicanizar” nuestra situación.
Y usted cree que es un discurso exagerado.
No sólo es exagerado. Es errado. En buena medida asumimos un conjunto de principios o parámetros para evaluar la situación de la Argentina que no tienen que ver efectivamente con lo que pasa en el país. Estamos en mora de tener un buen diagnóstico: un diagnóstico integral, riguroso, basado en evidencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos datos sobre la Argentina.
¿Es posible tener buena información en tanto el narcotráfico es una actividad ilegal y conforma un PBI negro?
Sin duda es difícil de medir, pero también hay un conjunto de elementos que permiten aproximarse y tener una relativa certidumbre. Un ejemplo: tenemos encuestas que ha hecho en diferentes momentos el Sedronar sobre la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas. Es muy usual escuchar que “el consumo creció exponencialmente en la Argentina”, como dijo el presidente Macri en el discurso de la apertura del Congreso en 2016.
¿Y no es cierto?
No es cierto. Los datos y la evidencia que tenemos por parte de estudios relativamente rigurosos que siguen una metodología internacional, muestran que creció sí un poco más el consumo de paco –y es evidente que ahí hay un problema central–, pero en cuanto a la marihuana y la cocaína, no ha habido un crecimiento exponencial de ningún tipo. Más allá de algunos cuestionamientos que uno pueda tener a algunas políticas del Sedronar, hay trabajos concretos que muestran que la Argentina destina el 95 % de su presupuesto a la lucha antidrogas, específicamente a la represión y al control de la oferta, y un 5 % en la educación y la prevención. Esto, en comparación con lo que sucede en el mundo, es un porcentaje abismalmente errado.
¿Usted dice que vamos a contrapelo de lo que hacen otros países que invierten más en prevención y educación?
Efectivamente, vamos a total contrapelo de lo que se hace en otros lugares, incluido Estados Unidos, para tomar el epítome de la prohibición, que dedica el 52 % a controlar la oferta y el 48 % a reducir la demanda. Aquí hay una distorsión significativa: sostenemos que tenemos que controlar la oferta como sea –aunque los efectos del control de la interdicción y los encarcelamientos sean bajísimos en la Argentina– y no destinamos recursos a las personas, a los consumos, a los usos y abusos, a la prevención y a la educación, algo que en países desarrollados y no desarrollados se ha comprobado que es mucho más efectivo en términos de costo e inversión. Además, tenemos buenos trabajos de todo tipo –localizados, sociológicos, politológicos– sobre el papel deletéreo de la policía que nos muestran el contubernio de la policía en los negocios ilícitos en general, y en particular en el tema de las drogas. O sea, no tenemos un gran diagnóstico, integral, compresivo y riguroso pero tenemos elementos aquí y allá que nos permitirían tener un cuadro de situación un poco más consistente.
¿Y por qué se escucha tan frecuentemente que la Argentina ha dejado de ser un país de paso para ser un país de producción y consumo? Hay un abismo entre lo que usted plantea y lo que circula como discurso público.
Vuelvo a marcar el papel de la evidencia. Doy un ejemplo que es muy claro en el caso argentino. En algún momento, a raíz de un informe de Naciones Unidas del año 2013, se señalaba que la Argentina era el tercer exportador de cocaína. ¿Cómo es que un país que no produce y que no procesa, un gran exportador? Naciones Unidas, la Unión Europea y las mismas agencias especializadas corrigieron este dato de manera relevante a partir del año 2014 y lo que trataron de aclarar es que había información de cargamentos que se conocían provenientes de Argentina gracias a la información que daba Argentina que no daban otros países. Y en segundo lugar, que las rutas y los actores vinculados mostraban claramente que los mayores exportadores de cocaína al África Occidental pasaban por Venezuela o por Brasil y que los mayores exportadores al Pacífico eran Ecuador y Colombia. Entonces, las estadísticas propias del Departamento de Estado en esta materia se corrigieron, pero ese dato nosotros no lo corregimos. No lo corregimos políticamente.
¿Por qué cree que pasa eso?
Porque tendemos a asumir y usar un elemento que sirve para el debate y la pugna política pero no para mejorar nuestro diagnóstico ni para diseñar políticas. Entonces estamos en el peor de los mundos, en el sentido de que usamos la evidencia limitada que tenemos en este tema por esto que usted dice, que es un negocio ilícito, pero tenemos el problema mayúsculo que cuando aparece algún dato que proviene de una fuente respetable, no lo evaluamos y no lo profundizamos. Y cuando ese dato se aclara, nos quedamos anclados al anterior para hacer de eso un argumento político.
¿Por qué sostiene que recurrir a discursos y promesas punitivas como más mano dura o la militarización de la cruzada contra el narco es peligroso e inalcanzable?
Porque la experiencia histórica comparada dice eso. Cuando se han involucrado las FFAA en los países en los que lo han hecho en América Latina, ¿han sido exitosas? Evidentemente no. Fue el caso de Colombia y también el de México. Cambio de ejemplo: un país ocupado por la OTAN como Afganistán tuvo el año pasado el record histórico de producción de heroína. En un país ocupado por países que tienen políticas prohibicionistas de distinto nivel sigue prosperando este negocio. Entonces no es una cuestión de involucrar más a los militares. Ese paradigma no sirve porque tenemos evidencia tangible de que no es así.
¿Cuál es la alternativa a este política prohibicionista?
Tenemos que cambiar algunos principios y parámetros. El primer punto es que nuestra atención debe estar colocada en la persona y no tanto en la sustancia: en las personas vulnerables y vulneradas, en las familias, las comunidades. Tenemos que poner atención en ver de qué manera evitamos situaciones de riesgo o de qué manera decrecemos la vulnerabilidad de ciertos sectores más que obsesionarnos por tener un indicador de cuánta droga se confiscó o se destruyó. Segundo punto: erradicar este fenómeno es algo inalcanzable, imposible. Es una quimera. Las sociedades van a seguir ensayando con sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas de diferentes tipos. Eso no es fracaso, es realismo. Por eso, hay un conjunto de elementos que nos pueden llevan a pensar en cómo reducir, contener y regular –según la sustancia de la que se trate– y no en cómo eliminar.
Se refiere a hacer “un control de daños”.
Así es, cómo hago para aminorar los efectos nocivos en la salud y en la familia. Y además, este tema no puede resolverse en el corto plazo. No hay una política única que resuelva esto y un único dispositivo institucional. Entonces, pensemos en el largo plazo y pongamos metas razonables. Una buena política para la juventud ayuda muchísimo. Una política de empleo y de provisión de bienes colectivos, es fenomenal. Una buena política de derechos humanos es mejor que una mala política de derechos humanos. Hay un conjunto de políticas públicas que no necesariamente están bajo el rótulo de las políticas antidrogas y que tienen efecto indirecto. Los problemas de pobreza a los que ha llegado la Argentina, ¿pueden resolverse de manera inmediata? No. Se va a necesitar tiempo y buenas políticas públicas. Y lo que muestran los trabajos internacionales es que las políticas más punitivas y coercitivas no solamente no han resuelto el problema de la pobreza sino que han generado más desigualdades. Estas políticas afectan a algunos pero benefician a otros y hay connivencia transnacional y financiera con estos negocios, un entramado de la clase empresarial y política que tiene un doble standard: beneficia a los poderosos y afecta a los más vulnerables.
¿Qué opinión tiene del “Plan Argentina sin drogas” lanzado por el Presidente Macri?
Es importante ver el decreto de 1991 de la administración Menem. Y es importante comparar lo que decía Menem con este documento de política antidroga lanzado por Macri: los principios y los propósitos son idénticos. Es un gran refrito de muy poca creatividad, que repite y reitera hábitos y formas de aproximarse al tema que solamente son sostenibles en una lógica prohibicionista y punitiva. Este plan, que no tiene ninguna métrica por la cual podamos evaluarlo, no es un plan, son enunciados con niveles altísimos de generalización. La expresión “guerra contra las drogas” que usó el Presidente está descendiendo urbi et orbe. Nadie cree que haya que emprender una guerra irregular contra las drogas. Hay niveles de experimentación y regulación diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay cuatro estados que legalizaron la marihuana.
¿Y qué nos dice, como dato, la reciente legalización del cannabis para uso medicinal en la Argentina?
Es un puntapié inicial. Es interesante ese paso que dio la sociedad dispuesta a entender el sentido de la experimentación. Hasta ahora hemos tenido una política prohibicionista ortodoxa basada en la punición y la coerción. Frente a una de las sustancias, la marihuana, hay una disposición de experimentar y ver si al menos regulando una parte del mercado que puede tener un uso medicinal, desactiva algo de esa lógica punitiva.
¿Hay cifras confiables respecto de la escala del financiamiento que el narco hace de la política argentina?
No tenemos buenos datos al respecto porque no tenemos buenos datos sobre los seguimientos de los gastos en las campañas. El narcotráfico no nace en la política pero llega a la política y la utiliza. Y no la usa para producir una revolución social sino para salvaguardar sus intereses y sus negocios. Pongo un ejemplo que muestra qué pasa cuando las sociedades no tienen un buen diagnóstico. En 1978 fue elegido Julio César Turbay como presidente de Colombia. En aquel momento se calculaba que el 10% de los congresistas de ambas Cámaras habían recibido algún tipo de dinero del narcotráfico. En 1994 es electo el Ppresidente Ernesto Samper Pizano y a raíz de una serie de filtraciones y elementos que luego dieron lugar a una investigación de la fiscalía, se comprobó que en 1994 aproximadamente el 65% del Congreso colombiano había sido electo con dinero del narcotráfico.
En la Argentina hubo campañas financiadas por el narco.
Sí, pero hoy no tenemos datos buenos. Y si tenemos esta preocupación genuina válida, esta especulación sobre cuánto incide y cuánto llega, cuánto compra el narcotráfico en la política, lo mejor es tener instrumentos para medir, como una buena ley de financiamiento de partidos políticos y campañas. Hay que romper con un triángulo peligroso y un pacto de silencio mafioso en la Argentina: pandillas, políticos y policías. Conocemos este entramado y también, la cada vez mayor autonomización de la policía en este entramado. Hay que hacer una reforma de la policía que sigue siendo un actor clave que, a diferencia de las FFAA desde el fin de la dictadura hasta la democracia, ha sido intocado e intocable.
Biografía
Juan Gabriel Tokatlian es sociólogo y doctor en Relaciones Internacionales de The Johns Hopkins University (Washington). Profesor en la Universidad Di Tella, ha escrito sobre la política exterior de Argentina y de Colombia, las relaciones entre EE.UU.y América Latina, el sistema global contemporáneo y el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.
Por qué lo entrevistamos
Porque su nuevo libro ofrece una mirada original a un tema urgente, y sus ideas permiten pensar la geopolítica con otra luz.
Por Astrid Pikielny
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