Intento de priorizar la impunidad
El gobierno nacional acaba de derogar el decreto 795/2019 del expresidente Mauricio Macri, que había creado la Agencia Nacional de Testigos Protegidos e Imputados con el fin de garantizar la mayor seguridad de las personas que colaboran de "modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal" y, en especial, a aquellos que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública.
Por decisión de la actual administración, el sistema de protección de testigos volverá a su anterior jerarquía y se anuló uno de los aspectos más sobresalientes del DNU del expresidente Macri: aquel que sancionaba severamente la difusión de cualquier dato de las personas acogidas al programa y de sus declaraciones en las causas judiciales. A partir de ahora, la difusión de información secreta de los casos de arrepentidos como Leonardo Fariña, Oscar Centeno y Alejandro Vandenbroele no es más ilegal.
La consecuencia de la medida del presidente Alberto Fernández está a la vista: el extestaferro del exvicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, decidió dejar el programa de protección de testigos ante la difusión de sus declaraciones en las causas, la tergiversación de aquellas y una campaña alentada por funcionarios actuales que indicaba que recibió dinero del gobierno de Cambiemos para testificar en contra del exvicepresidente, lo cual lo obligó a desmentir esas falsedades ante la opinión pública.
En este contexto, el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados dejaría de tener sentido y se estaría buscando desarticular un sistema auxiliar de la Justicia que es clave y vital para las investigaciones del crimen complejo, sobre todo en lo referente a la corrupción. Difícilmente alguien vaya a sentirse seguro si sus datos y lugar de relocalización dejan de ser secretos. Nadie se atreverá a brindar información a la Justicia respecto de actos de corrupción cometidos por quien gobierna con un programa que no da garantías. ¿Se está optando acaso por priorizar la impunidad sin que importe poner en riesgo la vida de las personas que están dentro del sistema, incluyendo a los trabajadores del propio programa?
A esta altura, y viendo los casos de arrepentidos respecto de los cuales se publicó y se difundió información secreta, el lector habrá comprendido la línea de construcción de un relato de impunidad en el que se está embarcando el Gobierno al dejar sin efecto los fundamentos esenciales del decreto firmado por Mauricio Macri.
Una de las principales razones para dotar de mayor autonomía al Programa de Protección de Testigos e Imputados, convirtiéndolo en una agencia nacional, fue que muchos testigos protegidos y arrepentidos en causas que investigan la corrupción kirchnerista pidieron más garantías, ya que denunciaron a exfuncionarios de un partido político que ahora nuevamente gobierna el país.
El DNU del expresidente Macri jerarquizó al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, creado por la ley 25.764 en 2003, transformándolo en agencia -ente autárquico con autonomía funcional- y garantizando las condiciones para su actuación independiente. El mismo decreto creó un consejo consultivo integrado por el Presidente del Tribunal de Casación Penal, el procurador general de la Nación y el secretario de Seguridad de la Nación, cuya función central fue la de proponer al Poder Ejecutivo el nombre del director de la agencia. De esa forma el Gobierno no podía directamente designar o remover al director según su conveniencia.
Además, como ya dijimos, se incorporó algo vital para la seguridad de las personas protegidas que la ley 25.764 no preveía: la confidencialidad, el secreto y la estricta reserva de los legajos e información de los incluidos en el sistema. Cualquier filtración de esa información se convertía en delito penal, ya que ponía en riesgo la vida e integridad de los testigos y arrepentidos. La Argentina fue el primer país de la región en firmar un convenio de cooperación con la Corte Penal Internacional para protección de testigos, circunstancia que pone de manifiesto el alto nivel alcanzado por el programa durante el gobierno de Cambiemos.
La mejora del servicio impactó profundamente en el sistema de justicia, que comenzó a requerir la intervención del programa cada vez con mayor frecuencia. Tanto es así que se pasó de un promedio histórico de 41 casos al año (entre 2003 y 2015) a 150 casos al año (entre 2016 y 2019). La derogación del decreto por el presidente Fernández convierte al testigo protegido en un testigo sin protección.
Presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados
Por Mario Negri
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