Inseguridad y desarrollo

EL debate acerca de la seguridad pública, la policía y la Justicia cobra creciente espacio en nuestro país. No es para menos: además de los hechos resonantes sobre impunidad de los poderosos, se multiplican el delito y la violencia cotidianos, y los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros. Las encuestas muestran que entre las cuestiones que más preocupan a la población de la Capital y el Gran Buenos Aires se destaca, junto al desempleo, la inseguridad.

A partir de ello, es lógico que proliferen las opiniones de especialistas y políticos y que se hayan dispuesto algunas medidas, como la reforma policial de la provincia de Buenos Aires. Pero, en lo específico, no faltan incoherencias. Un caso es el de las medidas encaradas en el ámbito bonaerense. El gobernador Duhalde realizó hace unas semanas un viaje a Nueva York para hablar con el alcalde de esa ciudad, que logró una notable disminución del delito, y parecería que busca tomar como modelo su experiencia.

Mano de obra desocupada

La comparación no es válida, y no sólo por las diferentes condiciones en que se desempeña la policía allá y acá, ya que un policía neoyorquino cobra un sueldo promedio de 3000 dólares que contrasta con los 400 de uno bonaerense. Es diferente también la concepción de cómo se encara un caso y otro. En La Plata se busca poner freno a los abusos policiales y en Nueva York lo que ha existido es un mayor respaldo a la policía y "mano dura", algo que hoy, junto a los elogios, no deja de cosechar críticas desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos.

La reforma bonaerense tiene otras objeciones por parte de muchos especialistas, por la forma en la que se encaró, dictada por urgencias políticas. En lugar de buscarse una maduración de situaciones, se expulsó a parte del personal policial, generando, por un lado, lo que se da en llamar la "mano de obra desocupada" y, por el otro, disconformidad en los que permanecen en actividad, con lo cual la seguridad no sólo no ha disminuido sino que, en opinión de algunos expertos, ha aumentado. El apresuramiento se pone en evidencia en el hecho de que el loable traspaso de las funciones de instrucción de los sumarios de la esfera policial a la judicial se ha decidido sin que ésta cuente con los recursos y las posibilidades de hacerlo adecuadamente. Por lo menos en esta primera etapa de aplicación de las reformas, hay problemas serios y es de desear se superen de la mejor manera posible.

Además de esa discusión, técnica, diríamos, prevalece en el debate político el dilema acerca de la eficacia policial y el resguardo de los derechos individuales. La aprobación del código contravencional de la ciudad autónoma de Buenos Aires, si bien es marginal en cuanto a la seguridad, puesto que no trata de los delitos sino de las contravenciones, avivó la polémica. Tal vez no estuvo demasiado meditado, y por eso está en revisión por iniciativa de sus propios autores, pero estimuló el debate en torno a si la lucha contra la inseguridad debe ser de mano dura o debe privilegiar los derechos individuales que la policía puede afectar en la investigación o represión. Ese debate debería zanjarse, a nuestro juicio, con la búsqueda de equilibrio entre ambos términos.

El factor social del delito

En fin, las opiniones han sido y son variadas, pero existe un punto que ha estado bastante ausente en este debate y al que nos queremos referir de un modo especial. Es el que se refiere al contexto económico-social en el que el problema debe ser ubicado. La cuestión de los sueldos y la falta de recursos presupuestarios para la policía y la justicia es un aspecto importante de ese contexto, tanto para dotarla de medios de combate contra el delito como para minimizar la corrupción policial, sobre todo en los escalones inferiores. Pero ese aspecto es sólo una de las caras del problema.

El gran ausente en los análisis que hemos estado leyendo y escuchando es el factor social del delito y la inseguridad: el desempleo, el crecimiento de la marginalidad con sus procesos de aculturización, y la existencia de amplios bolsones de miseria en los grandes núcleos urbanos tienen una relevancia que no está siendo suficientemente considerada.

Si el tema de la seguridad fuera ubicado correctamente en su contexto, se vería que tiene mucha relación con la necesidad de pasar de un modelo de ajuste a un modelo de desarrollo. Una economía en expansión es necesaria no sólo para pagar buenos sueldos a la policía y dotarla de recursos, sino para generar pleno empleo y empezar a combatir con seriedad la marginación y el dualismo social. En este combate se requerirá una combinación de recursos para crear empleo e inteligentes programas comunitarios de educación y reintegración social en los bolsones de pobreza extrema y marginalidad.

Al profundizar en esas cuestiones, se verá claramente que el abordaje de los problemas de seguridad debe trascender lo específico. Es un tema que, si lo abordamos con lucidez y sin compromisos políticos con el statu quo, nos llevará a la convicción de que son necesarios cambios más profundos. La continuidad de un modelo que engendra marginalidad social y limitaciones presupuestarias va a conspirar contra las mejores reformas policiales y judiciales. Lo que se haga, para tener un éxito permanente, debería estar inscripto en un genuino proceso de desarrollo nacional.

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