Iniciativa privada o estatismo retrógrado

Si se repasa qué sucede en el plano doméstico con cada miembro del Grupo de los 20, en el que nuestro país comparte la mesa con naciones de economías diversas, como Estados Unidos, China, la Unión Europea, el Reino Unido, la India, Japón, México y Brasil, entre otros, se notará una convivencia cada vez más estrecha entre el sector público y el privado.

En la instancia crucial de la actual pandemia, por caso en este 2020, los Estados cobraron mayor protagonismo que de costumbre en todas partes, al tener que hacerse cargo de sostener, mediante subsidios, la mayor cantidad de empresas en pie y evitar en lo posible la destrucción de empleos.

En Europa se dispusieron programas que van más allá de los préstamos garantizados e incluyen inyecciones directas de capital tanto a líneas aéreas como KLM, Lufthansa, Alitalia, Norwegian o Virgin, como a firmas de la talla de Adidas, Puma, Media Markt o Boeing. Y hasta hubo alguna que otra nacionalización.

Gobiernos que precisamente no son considerados populistas, como Francia y los Países Bajos, anunciaron paquetes de ayuda para la aerolínea KLM, de la que ambos Estados son accionistas, con un 14% del capital cada uno.

La administración Merkel garantizó liquidez a compañías privadas en apuros por el coronavirus y les ha puesto a disposición avales del banco público

La administración Merkel garantizó liquidez a compañías privadas en apuros por el coronavirus y les ha puesto a disposición avales del banco público KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito para la Reconstrucción).

Cruzando el Atlántico, a Donald Trump no le tembló el pulso cuando firmó partidas de dinero para salvatajes a empresas privadas por casi 3000 millones de euros, según cuantificaron desde la Universidad de Michigan en un artículo publicado por The New York Times.

A nadie se le ocurriría afirmar, por ello, que en el hemisferio norte se gestó un avance del Estado sobre la propiedad privada, como sí ha sido el reclamo de gran parte de la sociedad argentina cuando el gobierno nacional decidió intervenir la firma cerealera Vicentin, arremeter ahora contra la concesión de la distribución eléctrica que posee Edesur y el abortado intento de vincular las ayudas financieras por la crisis del Covid-19 a la toma de posesión por parte de funcionarios públicos en los directorios de compañías que estuvieran requiriendo asistencia para pagar los sueldos.

No debería existir, en ese sentido, dicotomía entre los intereses públicos y los privados, sino que en una comunidad organizada deben complementarse. Que el Estado, por razones estratégicas, pueda llegar a decidir integrarse en el paquete accionario de una compañía privada, como ha sido el caso europeo, no significa que tenga que asumir su control ni tener activa participación en los directorios. Simplemente, se trata eventualmente de inyectar capital a una actividad productiva administrada por particulares para estimular su funcionamiento.

La tentación latente que viene de un modo de pensar anacrónico que subsiste en la Argentina, que consiste en agrandar el Estado avanzando sobre estructuras productivas que claramente pertenecen a la órbita privada, no tiene otra finalidad que la de acumular poder, en lugar de proteger a las actividades que sustentan las fuentes de trabajo en todo el país, como se suelen argumentar las intervenciones políticas superpuestas a los mecanismos judiciales existentes para dar respuesta.

Y si estos no alcanzaran a cumplir con su cometido, siempre estaría la posibilidad de modificar las leyes, como la de concursos, por ejemplo.

Vicepresidente del Banco Ciudad, licenciado en relaciones internacionales, con maestría en administración de empresas

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