Infame juicio político a la Corte

La promoción del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los intentos por dominar a estamentos claves del sistema judicial argentino tienen como germen de origen un planificado ataque a esas instituciones como parte del plan de impunidad que se ejecuta desde que Cristina Fernández volvió al gobierno en diciembre de 2019.

Su impunidad, la de sus hijos y la de varios adláterers que la acompañaron entre 2007 y 2015 en sus fechorías hicieron que volviera con una “agenda judicial” clara para cooptar el Consejo de la Magistratura de la Nación, el cuerpo de fiscales de la Nacion y al procurador general, para tener el dominio de los Organismos de Investigación y Control (Oficina Anticorrupción, Administración Federal de Ingresos Públicos, Unidad de Información Financiera) y, por supuesto, intentar dominar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El control de la Corte Suprema de la Nación es vital, porque es el último tribunal que puede convalidar o revocar todas las trampas, los abusos y los atropellos que intentaron e intentan para cumplir con la agenda judicial de Fernández de Kirchner y porque además puede confirmar o no las sentencias en los asuntos penales que la involucran.

Por eso, la Corte es atacada y será sometida a un show circense en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, gracias a que Sergio Massa, en acuerdo con Fernández de Kirchner, habilitó a que sus diputados aporten el quorum necesario sumándose a los kirchneristas.

Es oportuno recordar sucintamente que la Corte aplicó el per saltum cuando, en una carrera contra reloj, pretendían remover de la Cámara Federal a los jueces Bruglia y Bertucci, quienes habían confirmado los procesamientos en varios casos de corrupción K; luego declaró la inconstitucionalidad de la ley de conformación del Consejo de la Magistratura para intentar restituirles cierto equilibrio a sus estamentos, y también corrigió rápidamente la trampa que desde el Congreso hizo Fernández de Kirchner al fraccionar el bloque del Senado para tener una silla más en dicho Consejo, así como la maniobra orquestada con Cecilia Moreau en el mismo sentido para frenar la propuesta que ya había formulado la Cámara de Diputados al seleccionar a sus representantes para dicho cuerpo.

Esta Corte también confirmó las condenas a De Vido, Boudou y Milagro Sala, y devolvió a pocos días de la fecha prevista para el inicio del juicio oral y público del caso Vialidad los 51 expedientes con impugnaciones varias, habilitando su inicio y desarrollo y, con ello, la condena unánime por defraudación contra Cristina Fernández.

Todo lo que siguió a esa condena, es parte del mismo plan para intentar ser impune. Hay varios juicios que la preocupan, especialmente Hotesur-Los Sauces y la causa de los cuadernos; y la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial que tiene la última palabra.

Para diluir el poder de la Corte, y más allá de las permanentes críticas públicas por parte del ministro del Justicia, el viceministro y otros funcionarios, en su momento hicieron circular varias versiones y proyectos para crear otro tribunal intermedio, para habilitar una instancia supranacional, dividirla en salas, ampliar el número de integrantes, por ahora sin avances, hasta que llegamos al fallo por el que la Corte resolvió una medida cautelar por un tema de coparticipación federal a favor de la ciudad de Buenos Aires, que despertó inquietantes declaraciones del presidente de la Nacion y de algunos gobernadores, promoviendo su desobediencia, y luego este pedido de juicio político contra la Corte Suprema de la Nación. No caben dudas de que, de este modo, pagan su ineficacia en la realización de la agenda judicial de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner.

Esta nueva embestida contra todos los miembros del máximo tribunal, su desestabilización y deslegitimación, forman parte del plan de impunidad, y de un plan de gobierno a perpetuidad, como el de sus aliados regionales, que pueden cometer todo tipo de abusos, fraudes y delitos porque arrasaron con la división de poderes, y los jueces y fiscales dejaron de responder a los postulados de las leyes para someterse a la voluntad del poder mayoritario que gobierna y que detenta mayorías parlamentarias.

El Poder Judicial, que “los representantes del pueblo de la Nación Argentina” organizaron como poder independiente y contramayoritario, porta esta legitimidad de origen y es el garante de la aplicación igualitaria de las reglas del Estado de Derecho para protegernos de los abusos del poder, sancionar a los delincuentes y poner un freno si vienen por nuestras libertades o atacan la propiedad privada, bases indispensables para el desarrollo y el progreso de una república representativa y federal.

Abogada, exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera

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