Impulsar la educación superior
Entre las políticas que los candidatos a presidente de la Nación han planteado, la oportunidad de la modificación de la ley de ministerios aparece como un requerimiento para su implementación. Históricamente, cada Poder Ejecutivo ha modificado la organización de sus ministerios según la exigencia del momento y sus prioridades. La educación superior, en el contexto actual, impone necesidades específicas para la gestión gubernamental del sector. Sin embargo, los candidatos poco se han referido a políticas que hagan a la organización, evaluación y libertad académica de la educación.
Así como la generación de 1880 requirió, para ese momento histórico, la escolaridad primaria obligatoria como nivel educativo en la formación del capital humano, para el siglo XXI ese lugar corresponde a la universidad y a la educación superior en conjunto. El primer impulso transformador en este sentido lo constituyó la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en 1971, que inició un proceso que hoy se extiende hasta abarcar todo el territorio nacional, diversificando e integrando la oferta.
Este proceso, sostenido por los distintos gobiernos que se han sucedido, se ha prolongado hasta la actualidad. Sin embargo, una falta de planificación en las políticas públicas ha desembocado en creaciones no adecuadamente sostenidas en función de la demanda social para el desarrollo, y con niveles de retención y calidad no compatibles con parámetros internacionales.
Las creaciones de universidades en el último tiempo y la legislación sobre el ingreso irrestricto recientemente impulsada dan cuenta del inadecuado enfoque del problema; se trata de medidas que no contribuyen a una democratización real de la educación superior. Por lo tanto, el fenómeno inclusivo abordado desde el acceso sin calidad es insuficiente.
Más de cien universidades, más de 2000 instituciones de educación superior no universitaria, más de dos millones de estudiantes, representan la magnitud de la educación superior del país.
Cerca del 50% de la cohorte poblacional desgranada termina la escuela media y se incorpora crecientemente a distintas instituciones de la educación superior: universidades, institutos universitarios, institutos técnicos, de formación docente y colegios universitarios, de gestión pública y privada. Esta diversidad y la complejidad del sistema de educación superior requieren que en el área del Ministerio de Educación se desarrollen estrategias de articulación entre la escuela media y la educación superior integrada, proyectando ésta a los requerimientos del capital humano de la sociedad y dando coherencia a las políticas públicas.
La ley de educación superior integra adecuadamente las instituciones públicas y privadas, universitarias y no universitarias que constituyen parte de ese nivel y que permanecen aún muy desarticuladas de los niveles previos de la educación, por lo cual la estructura del Ministerio de Educación debe integrar la política de la escuela media con la educación superior, y en ésta a todas las instituciones que la constituyen.
Por esto, se hace necesario, en la futura ley de ministerios, reconvertir la actual Secretaría de Políticas Universitarias en una Secretaría de Educación Superior con dos subsecretarías: una de asuntos universitarios y otra de asuntos no universitarios. Esto debería ir también acompañado de un reordenamiento general de la educación superior no universitaria.
En este sentido, resultaría deseable que las provincias y la ciudad de Buenos Aires transfirieran a la Nación la educación superior no universitaria; es decir, planteamos que estos establecimientos pasen a la órbita del Ministerio de Educación de la Nación. Esto repetiría para el sector lo que ocurrió en la década del 70, cuando se nacionalizaron las universidades provinciales a partir de la conversión de la Universidad Provincial de Neuquén en la Universidad Nacional del Comahue, en el contexto de nuestro proyecto de creación de nuevas universidades.
La nacionalización de la educación superior no universitaria debería ir acompañada de un régimen de gobierno y financiero equivalente al régimen de las universidades nacionales, propiciando la autonomía académica institucional, el cogobierno autónomo y la autarquía financiera.
La transferencia de la educación superior no universitaria no supondrá mayores erogaciones, sino un cambio en la gestión de los actuales recursos financieros. La Nación se hace cargo de los actuales presupuestos de la educación superior no universitaria deduciendo la coparticipación federal por idénticos montos. Es decir, la gestión de los recursos financieros pasaría de las provincias y la ciudad a la Nación, que lo incluirá en su presupuesto nacional.
Así, las provincias tendrán la misma disponibilidad de recursos que hoy tienen para financiar el resto de los servicios de los que hoy ya se hacen cargo.
Transferidas a la Nación las instituciones de educación superior no universitaria, éstas deberían contar con un sistema de administración y gobierno equivalente al universitario, que les confiera similar autonomía académica, organizativa y autarquía financiera, en vista de la mejora de la calidad educativa de la educación superior.
Este control de la calidad educativa deberá ser asumido en forma integral para toda la educación superior por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria e integrado con los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior, para facilitar y garantizar equivalencias en el flujo de alumnos entre los provenientes del sistema universitario y no universitario y regionalizando territorialmente el sistema de evaluación.
El análisis de la educación superior pone de manifiesto una muy inferior participación en la vida académica de los directivos, docentes y estudiantes de la educación superior no universitaria respecto del ámbito universitario, participación que resulta altamente necesaria como motor de jerarquización académica.
La educación superior está en una fase de transformación y expansión que requiere una mayor calidad y relación con el resto del sistema educativo, además de la inserción en la educación superior mundial. Pero también son necesarias políticas públicas de reordenamiento del sistema y evaluación de calidad tendientes a mejorar los bajos índices actuales de eficiencia, con el fin de lograr una mayor interrelación con las reales demandas del proceso económico social del país.
Miembro de la Academia Nacional de Educación
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