Huérfanos de hijo: de eso no se habla

El 12 de noviembre, mi hijo Ezequiel cumpliría años. Ya no sé cuántos. Porque me duele. Porque lo asesinó la desidia de unos jueces cuando soltaron a quien, con su prontuario, mataría a un inocente. En ese entonces, me preguntaba: ¿por qué Ezequiel ya no disfrutaría junto a sus amigos la canchita de fútbol? ¿Por qué ya no entonaría los acordes de “Chan Chan” del Buena Vista Social Club? ¿Por qué no podría entregar su tesis de licenciatura ni continuar con su primer gran trabajo obtenido con su esfuerzo, ese que cuidaba con una felicidad infinita, orgulloso de estar labrando su futuro? Tras esos interrogantes, que no eran solo míos y que, con ligeras variantes, se hacían otros padres y madres, nos fuimos uniendo, mancomunados por ese puñal clavado en el estómago que te atormentará de allí en más. Solo que, con el tiempo, como con todas las cosas, te acostumbrás a ese dolor que deja de ser punzante porque se transforma en acción. Esa dolorosa tarea se llama “resiliencia”. En nuestro caso, intentando dotar de sentido al sinsentido.

También lo comprendió Guillermo Bargna, padre de Soledad, quien, apenas con 19 años, fue asesinada a puñaladas en el hogar familiar por su vecino Marcelo Pablo Díaz, tiempo antes liberado por el execrable juez Axel López. También lo comprendió Franklin Rawson, papá de Ángeles, asesinada a los 16 años por el encargado del edificio donde vivía, el hoy célebre Mangeri. Y Raquel Berthi, cuyo hijo Francisco Lissa fue estrangulado a los 23 años, tras ser sometido a torturas y abandonado su cuerpo inerte en un zanjón de Berisso. Así lo comprendió Karina Massa, cuyo hijo de 19 años, Matías Gandolfo, fue asesinado por un celular por un impune exonerado por la (in)justicia, pese a que las ropas que vestía la víctima fueron halladas en su casa. Tal vez donde todavía vive, a un par de cuadras de donde hoy podría vivir Matías. Y también lo comprendió Beatriz Arrieta, mamá de Nadia, una joven de 31 años asesinada en su comercio por Néstor Montiel, quien contaba con antecedentes penales. Un puñado de almas en pena, entre tantas que son incontables.

Ni Ezequiel, ni Soledad, ni Ángeles, ni Francisco, ni Matías ni Nadia volverán. Pero sus padres y madres nos unimos en un coro que los recuerda a través de la ayuda a quienes están atravesando el dolor infinito de quienes sufren la pérdida de un hijo. Con la entrega inclaudicable de un manojo de abogados penalistas, héroes anónimos que reconocen ese dolor infinito porque se codearon con él en su trajín profesional. Entre todos, en lo que va del año desde Usina de Justicia atendimos y acompañamos a más de medio centenar de familias enlutadas por la pérdida violenta de un ser querido. Y desde su fundación, más de quinientas familias. Una asociación apartidaria que no recibe ayuda estatal alguna y que, paradójicamente, se dedica a hacer lo que el Estado no hace. Y para peor, procura expresamente no hacerlo.

Así lo prueba la resolución 474/2021 publicada en el Boletín Oficial en agosto pasado, que estipula que la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad debe identificar “las problemáticas que genera la inseguridad producto de hechos tan disímiles como narcotráfico, trata de personas, delitos vinculados con la problemática del género, terrorismo, violencia institucional, delitos de lesa humanidad, delitos vinculados a la violación de la seguridad vial, tráfico de armas, tráfico de vehículos y autopartes, lavado de dinero, secuestros extorsivos, contrabando, ciberdelitos y otros tantos ámbitos de creciente complejidad propia y estructural”.

A juzgar por la enumeración, los miles de víctimas anuales por homicidio doloso no cuentan. Así lo prueba, también, la creación del Programa de Vinculación con los Colectivos de Víctimas (Procov) “destinado a desarrollar un conjunto de acciones de vinculación, seguimiento, control y recepción de la totalidad de los extremos de interés que puedan ofrecer los colectivos de víctimas de la inseguridad en sus diferentes niveles, a través de jornadas de trabajo, generación de impulsos conjuntos, coordinación de acciones de intermediación con la población, acciones de difusión conjunta, proyectos legislativos, definición de cursos preventivos, etc.”.

La propuesta impulsa la interacción con los colectivos de asociaciones de víctimas para coordinar de manera más eficaz la política criminal. Pero entre esos colectivos no figuran las asociaciones de familiares de víctimas por la inseguridad. Nada de eso nos toca. ¿Por qué el Procov omitió los colectivos de víctimas de homicidio doloso, dado que los familiares legalmente también lo son? ¿Es posible que el Estado se comprometa a cuidar a diversos colectivos de víctimas, pero excluya a las víctimas indirectas de homicidio, a los familiares de aquellos cuya vida ha sido violentada por la desidia de un Estado que no la cuidó?

No es por azar que el Código Penal Argentino, en su Libro Segundo “De los delitos”, comienza con su Título Primero llamado “Delitos contra las personas”, cuyo Capítulo Primero es “Delitos contra la vida”. La Corte Suprema de Justicia declaró que todos los derechos deben ser tutelados, aun cuando no todos tienen igual jerarquía. Y sin duda, el primer bien a ser tutelado es la vida. El que ha sufrido la pérdida de la vida de un familiar ha sufrido el daño mayor y se ha agraviado el bien jurídico tutelado más importante, el mismo que las políticas públicas abandonan a su suerte.

Con su significativa omisión, el Estado olvida el crimen primordial, el crimen por antonomasia, el que da inicio a la historia humana con Caín y Abel. Pero no solo se trata de un olvido ideológico del mito ancestral. También viola la igualdad ante la ley declarada por el artículo 16 de nuestra carta magna: en un sentido aristotélico todavía vigente, igualdad es tratar igual a los iguales y de forma desigual a los desiguales. Si se crea un organismo para quienes han sufrido un daño menor, ¿cómo no se va a proteger a quienes han sufrido un daño mayor, que es la pérdida de la vida?

La discriminación no solo es notoria. También es ofensiva. Pues ante ese padecimiento, tras la muerte de un hijo, de un padre, de un hermano, tras la destrucción de familias enteras, ningún organismo del Estado puede continuar revictimizando a quienes debería proteger.

Presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia

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