Hay que romper el círculo vicioso del empleo público

El presidente Macri definió como uno de sus objetivos la meta de "hambre cero". Hay una dimensión del problema que tiene que ver estrictamente con la nutrición: el 6,4% de nuestra población es indigente con ingresos que no cubren la canasta alimentaria; ese segmento incluye a casi el 10% de nuestros niños menores de 6 años que están en riesgo alimentario. Las respuestas a este problema están, básicamente, en las políticas sociales.

Pero el nivel de pobreza de nuestra población llega a casi el 30%. Esos niveles hablan de problemas en el empleo, tanto de las capacidades de la población para el trabajo en el siglo XXI como de las condiciones de nuestras empresas para crear más y mejores empleos formales.

Y este es un desafío para la dirigencia argentina porque la gobernabilidad del sistema político está en contradicción con la gestión de políticas de desarrollo económico y con el crecimiento del empleo formal. El Gobierno debe salir de esa contradicción para superar la situación actual en la que menos de diez millones de argentinos trabajan, pagan impuestos y sostienen planes sociales y empleos públicos que no siempre "sirven" al desarrollo del país.

Esa contradicción se debe a que el Poder Ejecutivo necesita al Congreso y, particularmente, al Senado para asegurar la gobernabilidad del país. Y el camino del Senado es el de los gobernadores provinciales urgidos por necesidades económicas y, primariamente, por pagar los sueldos de los empleados de provincias y municipios. En segundo lugar, si las arcas nacionales lo permiten, esos mandatarios requieren obra pública que se note, o sea: que impacte en la decisión del voto.

La gobernabilidad para un gobernador es "el voto que viene de abajo" y el "dinero que viene de arriba". Y la gobernabilidad para el gobierno nacional es satisfacer a los gobernadores para asegurar consensos en el Congreso Nacional. El problema es que para los gobernadores, el mejor destino del "dinero que viene de arriba" son, en primer lugar, los sueldos de los empleados públicos (y si se estabiliza un monto mayor de ingresos regulares, más sueldos para más empleados públicos). Y en segundo lugar, obra pública que, habitualmente, está lejos de aquella que mejora las condiciones de competitividad sistémica local, y que ayude a crear y sostener empleo privado. Obviamente esta lógica corresponde principalmente a las provincias más pobres, que son la meta prioritaria de "hambre cero". En las provincias con estructuras productivas consolidadas, los gobernadores deben responder a una demanda social más compleja que incluye las cadenas productivas locales.

Pero en todos los casos, los sistemas provinciales que proveen de servicios para el desarrollo económico –cuando existen– son débiles en recursos económicos, humanos e institucionales y no están a la altura de la competencia internacional a la que están sometidas nuestras empresas. La competencia no es solamente entre empresas de distintos países, es también entre instituciones y organizaciones de apoyo que facilitan la competitividad empresaria. Nuestras pymes no compiten solamente contra otras pymes, compiten contra el Sebrae, la asociación de pequeñas empresas de Brasil; contra la Small Business Administration de Estados Unidos; contra Corfo, la agencia estatal de Chile que impulsa la innovación, el emprendimiento y desarrollo productivo, y contra los sofisticados sistemas de apoyo de Europa y Asia. Y más allá de las estructuras centrales que las ordenan, todas esas organizaciones tienen el centro de su acción en el orden local. En los países federales su accionar se subordina a las estrategias provinciales (o estaduales) de desarrollo o son directamente provinciales (o estaduales). Y en la medida que su foco central está en las pymes y en el emprendedorismo son la llave para el crecimiento del empleo privado. Pero sobre todo, nuestras empresas compiten contra empresas de muchos otros países cuyas autoridades locales están menos interesadas en el empleo público y más interesadas en el desarrollo económico, porque ese desarrollo aporta ganancias fiscales directas a sus entidades subnacionales.

Y en esta carencia se pone en evidencia el conflicto entre "creación de empleo y desarrollo" y "gobernabilidad". Los gobernadores no ponen en primer lugar la prioridad del desarrollo y del empleo privado porque les quema la urgencia por pagar los sueldos públicos y resolver situaciones sociales con más empleo público. Y las urgencias del gobierno nacional en el Congreso convalidan el sostenimiento y crecimiento de ese círculo vicioso.

En nuestro país existió la fantasía de creer que desde instrumentos "unitarios" se puede cooperar en el desarrollo provincial y, con una sola excepción (el Prosap / UCAR, de Agricultura), en distinta medida, las organizaciones de promoción al desarrollo hacen un "per saltum" a los gobiernos y a las instituciones provinciales. Los resultados son débiles porque no cooperan en la construcción de capacidades locales autónomas. El desarrollo, en definitiva, tiene como sustento principal la construcción de esas capacidades institucionales provinciales.

La solución definitiva para que el interés de los gobernadores se deje de concentrar en el empleo público y pase a concentrarse en el desarrollo de sus provincias radica en un cambio en las reglas de juego de la coparticipación federal que genere premios al resultado de la gestión local en materia de desarrollo y empleo. Pero en la Argentina, y máxime para un gobierno sin mayorías en el Congreso, eso es imposible, más difícil aun que cambiar la Constitución Nacional.

Sin embargo se puede proponer otra solución que no requiere ningún trámite parlamentario: como parte del paquete de negociación que facilite la gobernabilidad en el Congreso Nacional, establecer "pactos productivos provinciales" que otorguen recursos y habiliten la construcción de instituciones provinciales especializadas en la provisión de servicios para el desarrollo y el empleo. Se puede reordenar el sistema de incentivos por vía contractual provincia por provincia, en la medida de su interés de aceptar el desafío.

Los marcos contractuales de esos pactos deben asegurar cinco cosas principales:

1. Que las instituciones que se generen incluyan a los gobiernos, los empresarios y las universidades (y centros de investigación científica). Que la acción de ese triángulo se enfoque en la ciencia y en la innovación, además de otros servicios clásicos de apoyo a las pymes.

2. Que exista un período de capacitación de los profesionales a cargo de la gestión; esa capacitación debe incluir viajes que permitan conocer las experiencias internacionales en este tipo de organizaciones y visitas de expertos internacionales. No es sencillo construir las capacidades necesarias.

3. Que un porcentaje de la mayor recaudación tributaria adicional que resulte del desarrollo económico local quede en la provincia y sea administrado por las nuevas organizaciones. Los frutos del desarrollo provincial –en la mayor medida posible– deben quedar en las provincias y realimentar ese mismo desarrollo.

4. Que se conforme un consejo federal de desarrollo que incluya a autoridades nacionales, provinciales y a los responsables de las organizaciones de desarrollo. El intercambio horizontal de experiencias es una de las claves de la construcción de capacidades.

5. Que desde el gobierno nacional se creen áreas de servicios para asistir a esa construcción de la nueva institucionalidad provincial para el desarrollo.

Este tipo de propuesta supone un desafío formidable. La Argentina lleva décadas de atraso, existe poca o nula experiencia en la "construcción institucional de la gestión del desarrollo".

Pero una realidad alienta la esperanza. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y la ciudadanía saben que el modelo del empleo estatal está agotado. El nuevo desafío es el empleo privado sustentable. La Argentina es un país con federalismo político y unitarismo económico. Esa contradicción no se resuelve con transferencias a las provincias que terminan en empleo público y planes sociales. Se resuelve asumiendo el desafío de transformar las instituciones para facilitar el desarrollo –en cada provincia y región del país– de un sector privado legítimo, dinámico, competitivo, que incorpore nuevas tecnologías y que sea independiente, tanto del Gobierno como de las grandes corporaciones extranjeras, y cree empleos sustentables y bien remunerados.

Socio del Club Político Argentino

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