Hay que repensar el Estado

Nuestros padres fundadores pensaron y sancionaron una Constitución y cuando debieron educar hicieron escuelas, universidades y sistemas educativos que eran mucho más que el lugar donde se enseñaba, y para guerrear hicieron un ejército. Erigieron desde el Código Civil hasta los bancos públicos porque supieron que, como enseñó Hegel, "gobernar es crear instituciones". Eso significa, tanto normas y procedimientos que limitan y ordenan el funcionamiento social como organizaciones que gestionan los problemas comunes.

Para construir una mejor convivencia deberíamos redescubrir aquella visión. No sirve discutir políticas si no se crean las normas y las organizaciones que gestionen esas políticas a la luz de los problemas de hoy.

Se habla de que la educación, la seguridad, el medio ambiente, la salud, la violencia de género, la inclusión social, la ciencia y la tecnología requieren de políticas de largo plazo -una obviedad-. Pero eso no supone acuerdos alrededor de un listado de temas. Para gestionar ya no sirven estructuras ministeriales vetustas: se impone repensar el Estado.

Las políticas públicas demandan pensamiento y gestión especializada. Y para concentrar inteligencia y capacidad, el principal acuerdo político es el de las normas y las organizaciones que gestionen problemas que trascienden los tiempos electorales: el diseño normativo y de gobierno de las nuevas organizaciones y la nueva organización del Estado, para asegurar la selección de cuadros técnicos y gerenciales de primer nivel, la publicidad de los actos, la revisión de pares en cada tema, la participación de las personas y las entidades involucradas, el planeamiento de largo plazo, el control de la gestión y de los resultados, la coordinación interjurisdiccional, el conocimiento de las mejores prácticas de otros países y la articulación con las autoridades políticas. Necesitamos un Estado más profesionalizado y también más participativo, más asociado con la población, más controlado y más transparente tanto en el nivel nacional, como en los niveles provinciales y municipales.

El poder requiere control. El poder descontrolado lesiona la convivencia social y la capacidad estatal. Existen organismos de control, pero no están debidamente protegidos de la cooptación por parte del mismo poder que debe ser controlado. El próximo ciclo político deberá resolver este problema institucional. Fortalecer al Estado es fortalecer a los organismos de control para que cumplan su función.

No podemos jugar con el Poder Judicial. No hay Nación sin Justicia independiente, porque esa justicia es la garantía del cumplimento de la ley, y los primeros que deben ser esclavos de la ley son los gobernantes. Nuestro Estado es de los argentinos y el Poder Judicial no debe ser un instrumento para la protección de una oligarquía cleptocrática.

Es obvio que precisamos un sistema estadístico nacional, pero también necesitamos un Consejo de Asesores Económicos y Sociales, con diversidad de pensamiento, pero con extremo rigor intelectual, que tenga capacidad para contratar estudios a universidades y centros de investigación nacionales e internacionales. Debemos monitorear con el más alto nivel el impacto de las políticas económicas y sociales antes, durante y después de su implementación. Dar rigor científico al debate de políticas públicas.

¿Cómo puede funcionar un Congreso sin una oficina de presupuesto independiente? La necesitamos. Con profesionales de alto nivel, elegidos con concursos rigurosos que permitan darle racionalidad al diseño de los presupuestos y a su control posterior. Salir de la eterna emergencia que habilita al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos públicos como si fuesen un coto personal.

Hay instituciones pendientes cuyo diseño tienen que ver con el sistema de incentivos de las autoridades subnacionales. Un ejemplo es la extrema subordinación de las provincias al poder presidencial. Eso sirvió para disciplinar a las provincias durante la organización nacional. También sirvió a la hora de la industrialización sustitutiva de importaciones, porque las normas que se necesitaban para el desarrollo industrial emanaban del poder central.

Pero el federalismo político con unitarismo económico no sirve en el siglo XXI en que cada provincia o grupo de provincias debe construir sistemas productivos, innovadores y competitivos con instrumentos descentralizados. Hoy el poder provincial se construye con plata que viene de arriba y votos que viene de abajo, el incentivo para un gobernador es el de mendigar recursos en los pasillos del gobierno nacional para luego repartir empleo público. Y el incentivo para el presidente de la Nación es jugar ese juego para fidelizar a los gobernadores. Ese camino conduce al atraso. Si tenemos un problema de desarrollo económico, de empleo y de retención de la población en las provincias más pobres, las instituciones deben servir para resolver esos problemas: los gobernadores deben recibir recursos según la masa salarial formal privada de cada provincia, no vinculada a sus compras públicas. De esa forma, su principal obsesión pasará a ser cómo construir esos sistemas productivos aptos para crear desarrollo y trabajo. Y su principal lobby en el gobierno nacional pasará a ser el de asegurar la estabilidad económica para que el círculo virtuoso del ese desarrollo sea posible.

Casi el 40% de la población vive en el área metropolitana de Buenos Aires. El uso del suelo, el transporte, la seguridad, la educación, la basura, la contaminación, la inclusión social, son todos problemas inter jurisdiccionales. Hasta hoy esa complejidad se gestiona igual que la relación del poder central con las provincias: reparto de recursos contra fidelización política. Así se impide toda coordinación interjurisdiccional. La gestión del AMBA requiere normas y una organización que permitan la acción colectiva de la provincia, la ciudad, el Estado nacional y los municipios involucrados. Hacen falta, una agencia, un ámbito de planificación participativa y un banco especializado que canalice los recursos para las inversiones según un planeamiento consensuado.

Los ejemplos pueden seguir. A cada problema corresponde una solución institucional. Los salvadores no sirven en una sociedad democrática: están para ocultar -con figuras a lo Rambo- la incapacidad de la gestión.

Si se confunde gobernabilidad con absolutismo, ciertamente el nuevo presidente perdería "gobernabilidad" al perder inciertas fidelidades clientelares hijas de la concentración del poder. Pero si evitamos esa tentación, el nuevo gobierno podrá exhibir, con estadísticas reales, una mejora de las condiciones de vida de la población, un federalismo efectivo, una ciudadanía más creativa y menos conflictiva, y una sociedad más democrática y solidaria. Tendría menos control con prebendas, pero más gobernabilidad real.

Miembro del Club Político Argentino

Conforme a los criterios de

Conocé más