Hay que reformular la política cultural

La creación de un Ministerio de Cultura ha sido una de las reivindicaciones más sostenidas por el medio cultural argentino a lo largo de muchos años. El modelo de la experiencia francesa de 1958, cuando el escritor André Malraux fue designado ministro del área por Charles De Gaulle, ha sido imitado por muchos países europeos y latinoamericanos, en la búsqueda de una jerarquización de la actividad y un reconocimiento a la creciente importancia adquirida por el sector cultura en la mayor parte de los países del mundo.

Por eso, durante el período democrático reiniciado en 1983, el tema surgió una y otra vez con cada cambio de gestión, cuando diversos sectores de la vida artística y del pensamiento nacional expresaron la necesidad de contar con un espacio privilegiado en el que pudieran discutirse las políticas culturales y su financiamiento en las más altas esferas de decisión del Estado.

Cada uno de los Congresos Nacionales de Cultura convocados a lo largo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández culminaron también con declaraciones a favor de la creación de un ministerio que se sustentara en una ley federal de cultura y contara con el apoyo de un consejo federal de carácter vinculante, con una amplia participación de las provincias. De ahí la satisfacción general con que fue recibida la reciente creación del ministerio, en la idea de que la cultura es uno de los medios más eficaces para el logro de la inclusión y la valoración de la propia identidad, y un puntal para el fortalecimiento del espacio latinoamericano.

De dirección nacional a subsecretaría del Ministerio de Educación, de secretaría de la Presidencia a ministerio, el camino de más de medio siglo ha reflejado las distintas etapas recorridas para la progresiva jerarquización y valoración de una de las facetas más creativas de la realidad nacional: su vida cultural.

Sin embargo, la promoción al rango ministerial puede resultar insuficiente si no se considera la necesidad de reformular la propia esencia del núcleo administrativo heredado, que se encuentra en el centro de la nueva propuesta. La Secretaría de Cultura, base del actual ministerio, se convirtió, a lo largo de medio de siglo de remiendos, en el resultado de diversos procesos de forzadas incorporaciones e involuntarias pérdidas.

Entre las primeras se destaca la obligada inclusión de ámbitos exteriores al núcleo inicial consagrado a las "bellas artes", sin que estas absorciones fueran seguidas por una adecuada reestructuración. Así, lo que se consiguió fue debilitar el núcleo central administrativo y se alentaron tensiones continuas entre regímenes contradictorios de trabajo (el artístico y el administrativo).

También, se generaron problemas crónicos de equipamiento y manejo de los recursos para la producción, que derivaron en la imposibilidad de cumplir plenamente con los principios de una gestión federal. Es difícil aceptar que tantos organismos artísticos de excelencia hayan sido fundados para cumplir la mayor parte de sus funciones en la Capital Federal, donde se concentra la mayor oferta cultural del país y donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires duplica o superpone los mismos organismos que sostiene la Nación. Muy poco del sistema administrativo cultural nacional está pensado en articulación directa con la producción provincial. Sólo las políticas particulares y la voluntad de ciertas gestiones (como la que por ejemplo acaba de dejar el gobierno nacional) ha tratado de suplir con el esfuerzo de acciones voluntaristas aquello que la estructura unitaria de la gestión no marca explícitamente.

Ésta es la razón por la cual surgió, en cada Congreso de Cultura, el requerimiento de empezar a construir una nueva manera de vincular a la nación con las provincias, un pacto federal para la cultura, que acompañe el esfuerzo realizado hasta ahora para la dotación de infraestructuras culturales en las regiones más distantes del país, una acción generada por las políticas implementadas por el Ministerio de Planificación Federal. A lo largo de una década, el Estado nacional, junto a las provincias, construyó espacios de alta calidad para el desarrollo de la vida cultural en provincias que llevaban un siglo de atraso en la materia. Basta conocer el Centro del conocimiento, en Posadas; la Casa de las culturas, en Resistencia; el Centro cultural del bicentenario, en Santiago del Estero; el Centro cultural Julio Le Parc, en Mendoza, y el centenar de Casas de la historia y la cultura del Bicentenario levantadas con el aporte del Ministerio de Trabajo en los más pequeños municipios del país. Toda esta serie de instituciones culturales reflejan la voluntad de crecimiento expresado por las provincias argentinas, pero tienen que integrarse de algún modo en un sistema nacional similar al francés o al español, en una estructura descentralizada de circulación de bienes y servicios culturales que las convierta en nodos de un sistema nervioso cultural nacional, una red nacional del conocimiento y la expresión artística.

A esto hay que agregar el efecto centrífugo producido por fenómenos de disgregación, a partir de los cuales el Estado fue perdiendo el control de áreas de su incumbencia. Cuando en la segunda parte de la década del 90 el medio cultural argentino advirtió que sólo tenía opciones frente a la crueldad del mercado si se apoyaba en el Estado, se desató una lucha sectorial por la búsqueda de apoyos particulares para cada uno de los colectivos, sin pensar en el avance parejo de todas las áreas de la vida cultural. Tal propósito generó una muy buena ley del cine, más tarde una del audiovisual, otra para el teatro (más bien para el sector independiente), pero también el intento de otros sectores para incorporarse al beneficio particularizado en un área en desmedro de las demás. De ese modo surge el Instituto de la música (aún indefinido en sus contornos, alcances y políticas), un proyecto inspirado en el de la ley nacional de música llevado adelante a fines de los años 90, otro que se asoma dedicado a la danza y tantos otros fruto de la capacidad de activismo y movilización que demuestren los miembros de colectivos diversos, que proceden como los centuriones en la colina de la crucifixión a la hora del reparto de la túnica que recubrió a Cristo en su penoso sacrificio.

Frente a esto, el Estado contempla resignadamente cómo estos nuevos organismos o instituciones descentralizadas van quitando la posibilidad de fijación de políticas públicas de carácter nacional, concertadas con las provincias.

Ahora, con el nuevo ministerio, el Estado nacional se acaba de dotar de un instrumento privilegiado para la planificación de acciones a escala federal con aquellas provincias que "den vuelta a la taba" a la inercia organizativa que padece la Argentina, a más de medio siglo de la creación de las primeras instituciones imaginadas para contribuir a propiciar la vida cultural del país.

Es la gran oportunidad para, como ha hecho Brasil con su ley de plan estratégico de cultura, reunirse a discutir nuevas estructuras que representen al país federal y la multiplicidad de expresiones culturales que emergen en cada región, en cada agrupamiento humano del país, y se reflejen en una ley federal de cultura que reformule las relaciones entre los distintos segmentos de la institucionalidad cultural nacional. Aquí hay que incluir también experiencias renovadoras como la creación de la nueva Academia Nacional de Folklore, el programa Ibermúsicas de cooperación musical regional entre diez países de América latina, la red de Puntos de cultura y la organización de las orquestas juveniles de todo el país.

Bienvenido sea el nuevo ministerio. Apuntemos a la descentralización y no a la fragmentación del poder del Estado, con una nueva ley federal de cultura y un consejo federal de cultura que asuma decisiones vinculantes, y con la participación de todas las provincias argentinas y el convite, para promover acciones regionales, a los países integrantes del Mercosur y la Unasur.

El autor, músico, es especialista en políticas culturales

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