Hay que debatir el presupuesto
El presupuesto nacional es un instrumento clave para una correcta administración del Estado. Como ley fundamental, establece el programa de gobierno donde están plasmadas las políticas públicas, sus metas y los recursos que las sustentan. Sin embargo, la práctica de los últimos años le ha hecho perder gran parte de sus rasgos esenciales debido a la conjunción de varios factores, particularmente la subestimación de los ingresos, de la inflación real y del crecimiento económico.
La facultad del Poder Ejecutivo de reasignar libremente partidas a través de los llamados "superpoderes" (ley 26.124) y las delegaciones realizadas por el Congreso de la Nación a través de las respectivas leyes de Presupuesto han creado grandes distorsiones y lo han transformado en una suerte de alegoría que encierra un nuevo esquema de distribución de fondos. En algunos ejercicios el desvío entre el Presupuesto aprobado por el Congreso y el ejecutado alcanzó un 30%; mientras que el promedio del último quinquenio supera el 20%. Esto se traduce en una ejecución presupuestaria de otro color, otro ritmo y otro contenido.
El rol de la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo mandato constitucional es dictaminar sobre el presupuesto ejecutado, se acentúa cuando el Congreso delega funciones. Debido al abanico de ampliaciones y modificaciones, sólo puede evaluarse el resultado de la gestión presupuestaria cuando se procede al análisis anual de la Cuenta de Inversión. Según surge del informe de la AGN correspondiente al ejercicio 2009, el 82% de las modificaciones presupuestarias se encuentran concentradas en sólo siete organismos, los más relevantes de los cuales son la Anses y el Ministerio de Planificación Federal, que participaron con un 46% del total de las reasignaciones presupuestarias.
Inciden en la composición del Presupuesto las transferencias identificadas como "discrecionales" (sujetas a la decisión del Poder Ejecutivo), ya que permiten remitir considerables fondos a provincias, municipios, organizaciones de la sociedad civil y al sector privado. El total de transferencias discrecionales en el período 2000-2010 se incrementó 10 veces (1000%), de $ 11 mil millones a 116 mil millones.
Durante 2010, las provincias recibieron un 26% más de recursos nacionales a través de transferencias discrecionales que por Coparticipación Federal de Impuestos ($ 100 mil millones y $ 80 mil millones, respectivamente). Así se introdujo una divergencia en los coeficientes de distribución de ambos recursos. Otro dato relevante -observado por la AGN- es el incremento sucesivo de los subsidios a empresas del sector privado, que alcanzaron en 2010 un monto de $ 45 mil millones.
La AGN creó en 2008 una nueva gerencia para auditar este tipo de transferencias y verificó que la asignación directa de recursos presenta debilidades en el circuito de control interno, ausencia de un adecuado sistema de rendición de cuentas y serias deficiencias de calidad en la ejecución de obras. También detectó desajustes entre los avances físicos y financieros de varios programas, sin información que justifique esos desvíos, abriéndose así una puerta a posibles irregularidades. Estamos realizando la auditoría del programa Sueños Compartidos, cuyo principal gestor, Sergio Schoklender, está siendo investigado por la Justicia.
El cuestionamiento a esta nueva modalidad en la distribución de fondos no radica sólo en su incremento: su manejo arbitrario puede vulnerar el principio de equidad, al permitir que algunas provincias reciban más recursos que otras, en muchos casos por preferencias políticas o agudos desajustes con los criterios preestablecidos. Informes de la AGN correspondientes a la Cuenta de Inversión del ejercicio 2009 revelan que las provincias que recibieron mayores transferencias respecto del crédito inicial fueron Jujuy (46,8%), Santa Cruz (41,2%) y Santiago del Estero (40,2%). Por el contrario, otras recibieron transferencias por debajo del crédito inicial; tal es el caso de Santa Fe (-25,3%) y Catamarca (-18,2%).
La intervención del Congreso podría limitar las consecuencias económicas y políticas desfavorables de este manejo concentrado de los fondos y evitar el doble juego de privilegios o restricciones presupuestarias infundadas.
La presentación del Presupuesto 2012 ofrece la oportunidad de realizar un exhaustivo debate parlamentario, para que sea el Congreso el que apruebe la mayor parte de las partidas presupuestarias que efectivamente serán ejecutadas. También es imperioso que el Congreso fije, con la aprobación de la ley de presupuesto, criterios de asignación de los recursos que se recauden por sobre lo previsto. De lo contrario, el país será cada vez más unitario no sólo en lo económico sino también en lo político.
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