Hacia una sociedad donde los ciudadanos sean los soberanos

Según la teoría de la democracia, es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes. Sin embargo, el descontento ciudadano indica que esta ficción ha dado lugar a una enajenación de la soberanía en favor de los representantes, quienes amplían incesantemente las funciones del Estado para provecho partidario y personal. Esas funciones han variado dentro del pensamiento filosófico y en la experiencia histórica. Hobbes y Locke pensaron en la necesidad de superar el estado de naturaleza caracterizado por una “lucha de todos contra todos”. Luego el liberalismo económico (liberismo) postuló la no injerencia del Estado en lo económico, mientras que en Marx se ocuparía de las funciones políticas, económicas y sociales, en manos de una dictadura del proletariado, hasta que superada la sociedad dividida en clases, el Estado desaparecería.

En cuanto a la experiencia histórica y ya en el siglo XX observamos una variedad de Estados con características diferentes. Seleccionando algunos de nuestra región se observa una correspondencia fáctica entre el número de funciones y el ejercicio de la soberanía por parte de los ciudadanos. Mientras los Estados con gobiernos no elegidos democráticamente (Cuba, Venezuela o Nicaragua) se caracterizan por un número ilimitado de funciones, incluyendo la producción de bienes y servicios; otros, con gobiernos elegidos por el voto popular (Chile o Uruguay), muestran un número menor de funciones, sin sustituir a la empresa privada en la creación de bienes y servicios. Las diferencias en cuanto a logros institucionales y de bienestar material son conocidas.

Nuestro país tiene gobiernos elegidos por los ciudadanos, aun cuando en el ejercicio del poder se aleja de la representación para tomarlo como un activo propio, creando funciones del Estado que le sirven para colocar amigos y correligionarios, además de otras posibilidades de apropiarse de recursos públicos. Y en lo económico, si bien no socializan los medios de producción, por ideologías, ignorancia o intereses particulares, obstaculizan las inversiones productivas creadoras de una riqueza que distribuida con equidad favorecería el bienestar general.

Una corrección a estas anomalías exige empezar por recuperar parte de la soberanía perdida, para lo cual es necesario que nuestra sociedad modifique algunos aspectos de su características cívico culturales. En primer lugar, abandonar la idea que es posible una salvación individual, de grupo o corporación particular, con descuido del interés general. Al mismo tiempo, debemos dejar de vernos como enemigos sociales y políticos (superando las grietas tan funcionales a las prácticas de la dirigencia política) para pasar a la condición de socios (con la affectio societatis propia de toda sociedad), sin perjuicio de diferencias secundarias posibles de compatibilizar.

El camino hacia una sociedad con la soberanía en manos de sus ciudadanos debe comenzar intentando alcanzar un nuevo contrato social, donde se establezcan los principios básicos que fundamenten las demandas que se plantearán a quienes se postulen como sus representantes. Esto debe incluir, entre otros principios, el tipo de Estado que queremos construir, sabiendo que cada función que se le otorgue significa enajenar parte de la soberanía. En esa línea serían funciones esenciales: garantizar la seguridad jurídica y física de todos, combatiendo el delito y el narcotráfico, con una justicia independiente; promover el desarrollo económico preservando los derechos de los trabajadores, con salarios dignos y una equitativa distribución de la riqueza; haciendo efectiva la igualdad de oportunidades y promoviendo la movilidad social ascendente, así como el cuidado del medio ambiente, pero sin asumir tareas productivas para las que se ha mostrado repetidamente ineficiente. En cuanto a los servicios, debe tenderse a su concesión, preservándose los que se definan como esenciales, entre los que destacan la educación y la salud, con una normativa particular para que la defensa de los intereses de sus agentes no arriesguen su funcionamiento. Servicios todos que, en manos públicas o privadas, deben ser monitoreadas por la sociedad civil a través de instituciones que garanticen el acceso de todos a la información pública.

La actual estructura de funciones, (que responde más a los intereses de la dirigencia política que a las necesidades de los ciudadanos) debe ser revisada por una comisión especial propuesta por las organizaciones no gubernamentales; y su funcionamiento “auditado” desde fuera del circuito complaciente de los propios órganos del Estado.

Aceptado este nuevo “contrato social”, cada ciudadano votará por aquella fuerza política que considere la más idónea y la más confiable para llevarlo a la práctica. Sin esto la democracia, más que una ficción, será una falacia.

Sociólogo. Club Político Argentino

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