Hacia el Pacto de Mayo
El 8 de abril de 1852, a dos meses de su victoria en Caseros, Urquiza convoca a los gobernadores “a complementar la obra iniciada por los pueblos, en ese gran vínculo nacional, propendiendo todos de acuerdo a la organización de la República”. El resultado es la firma del Acuerdo de San Nicolás el 31 de mayo, que establece la convocatoria para un Congreso General Constituyente, cuyo fin será la sanción de la Constitución nacional. En su art. 7º establece: “Es necesario que los diputados estén penetrados de sentimientos puramente nacionales; para que las preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que se emprende: que estén persuadidos de que el bien de los pueblos no se ha de conseguir por exigencias encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional, regular y justo”.
El 30 de mayo, Alberdi le envía a Urquiza las Bases, a cuya redacción ha consagrado muchas noches, y Urquiza le responde el 22 de julio: “Su bien pensado libro es, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo”. Y agrega: “La gloria de constituir la República debe ser de todos y para todos. Yo tendré siempre en mucho la de haber comprendido bien el pensamiento de mis conciudadanos y contribuido a su realización”.
Urquiza se siente representante de la voluntad de la Nación para organizarse, es decir, reconoce la existencia de una pretensión social que lo antecede. Aunque las épocas históricas son muy diferentes, en la convocatoria al Pacto de Mayo hecha por el Presidente hay un punto común con la de Urquiza: luego de décadas de enfrentamientos estériles y de decadencia, los argentinos desean sentar las bases para un período de estabilidad y progreso económico que trascienda a los gobiernos de turno y se transformen en políticas de Estado.
Desde el Pacto de Olivos, que alumbró importantes consensos reflejados en la reforma constitucional de 1994, no ha habido lugar para nuevos consensos a largo plazo. El pacto propuesto incluye 8 puntos relacionados con la economía, un primer punto referido a la inviolabilidad de la propiedad privada (garantizado por la Constitución) y el punto 9, referido a una reforma política estructural. Justamente debido al consenso social que respalda la firma de un pacto, es deseable que se puedan incorporar más puntos a su texto. Un ejemplo es el documento impulsado por la Coalición por la Educación y otras ONG, a quienes se sumaron más de 60 instituciones, que propone la inclusión como punto 1 del pacto: “La educación es el motor del desarrollo social, económico y democrático. La alfabetización temprana es un primer paso urgente”. Seguramente hay otros puntos trascendentes para incluir en el pacto.
Del mismo modo, para que sea un poderoso instrumento de cambio se debería ampliar la convocatoria a los partidos políticos y a las asociaciones empresariales y gremiales. Una oportunidad histórica se abre en el país: inaugurar un período de progreso con el consenso mayoritario de la sociedad. La vida social argentina está predispuesta para transformaciones estructurales. No acometer la crisis significa ahondarla. Pero la condición básica es que el presidente Milei, cuya hegemonía se basa en su victoria electoral y en el apoyo decisivo de la opinión pública, y las fuerzas políticas opositoras, cuyo rol es reconocer los anhelos de cambio de los argentinos y participar con grandeza de los debates sobre renovadas políticas de Estado, acierten a lograr consensos duraderos.
En consecuencia, el Pacto de Mayo es el eje para que el progreso se reinicie bajo políticas de Estado con amplio consenso social. Si se pierde esta oportunidad, se cumplirá la profecía de Alberdi en las Bases: “Dejad que el metal ablandado por el fuego recupere, con la frialdad, su dureza ordinaria: el martillo dará golpes impotentes”.
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