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Hablar claro: el desafío de la Justicia
En el cuento “La soledad”, Marco Denevi narra la historia de un hombre que se encierra en su casa durante muchos años, dispuesto a convertirse en el primer orador de la ciudad. Ensaya cada palabra una y otra vez, y, durante todo ese tiempo, se niega a hablar con nadie por miedo a que le corrompan el estilo. Cuando, finalmente, sale a la calle y se decide a dar su discurso perfecto, la gente no lo entiende, se pregunta en qué idioma habla y se va.
El relato ilustra lo que pasa cuando, en cualquier ámbito, nos centramos en usar un lenguaje técnico y nos olvidamos de las personas receptoras de nuestros mensajes. Si un médico quiere explicarle una operación a un paciente, buscará las palabras adecuadas para que lo entienda, igual que un arquitecto que presenta un proyecto a alguien que no sabe de arquitectura. Como en otras disciplinas, la Justicia utiliza un lenguaje formal para comunicar sus decisiones, una forma de hablar que se aprende en la Facultad de Derecho y en el ejercicio de la abogacía. Sus documentos están plagados de largos párrafos con formalidades, arcaísmos e información irrelevante que dificultan la comprensión y exigen la traducción de un abogado.
El gran desafío es tener en cuenta a la principal destinataria de nuestras comunicaciones, la ciudadanía, y respetar su derecho a entender. Esto es lo que busca el “lenguaje claro”, un movimiento internacional que apunta a simplificar los mensajes jurídicos. Según la Federación Internacional de Lenguaje Claro, una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información.
Los beneficios de la comunicación clara son evidentes: reducción de malentendidos, ahorro de tiempo y recursos, y fomento de la confianza en las instituciones. En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó una Guía de Lenguaje Claro, que recoge las contribuciones hechas por los Poderes Judiciales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar la redacción de las sentencias. También se incorporó a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, creada en 2022 con el objetivo de implementar iniciativas que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro.
En la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal desarrolla una iniciativa pionera en la Justicia argentina, en tanto incorpora el lenguaje claro como política institucional. Su Plan Integral de Lenguaje Claro contempla la capacitación obligatoria de todo el personal, la participación en una mesa de trabajo de la Justicia local sobre lenguaje claro –convocada por el Consejo de la Magistratura y en la que intervienen el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa y la Asesoría General Tutelar–, y la elaboración y publicación de recomendaciones sobre la temática. En dos años, se capacitó a más del 60% de la jurisdicción, tanto del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas como del Fuero Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA. La capacitación se hizo en talleres de más de dos meses de duración, en los que se reformularon cerca de 130 documentos (oficios, notificaciones, decretos de determinación de los hechos, archivos, dictámenes, informes técnicos, requerimientos a juicio, etc.). Los documentos reformulados en lenguaje claro son sometidos a una instancia de revisión por parte de los vecinos de la ciudad para corroborar su grado de comprensión y evaluar posibles mejoras. Este año, también, el ministerio integró la Asociación Internacional de Lenguaje Claro (Plain), firmó un convenio de colaboración con el Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y acordó con el Consejo de la Magistratura de CABA la capacitación a personal del Poder Judicial porteño. Además, para 2025 se proyecta la creación de un Área de Escritura y Edición en Lenguaje Claro que asesore a nivel interno en la redacción y reformulación de textos y documentos.Estas acciones apuntan a mejorar el vínculo entre la ciudadanía y sus instituciones y representan un potencial muy importante para solucionar los conflictos y bajar los índices delictivos. Estamos convencidos de que cuando las personas entienden lo que la Justicia tiene para decirles, aumenta el respeto hacia las normas y disminuye el delito.
Fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la CABA
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