Gobiernos dañinos como tsunamis

Otra vez se inundaron varias áreas de la ciudad de Buenos Aires. Las imágenes se repiten: autos flotando a la deriva, peatones aventurándose con el agua por los muslos y sin saber bien dónde pisan, mercadería arruinada con liquidaciones forzadas, viviendas afectadas, carencia de servicios públicos. Es verdad que la infraestructura no suele estar preparada para condiciones meteorológicas anormales. Pero también es cierto que, en el caso argentino, la recurrencia del problema muestra que el parámetro de lo excepcional y la calidad de la reacción no están bien calibrados.

Para peor, el cambio climático puede tornar más probables eventos que antes eran considerados extremos o, inclusive, imposibles. La súper-tormenta Sandy parece un buen ejemplo de ello. En El Sentido Común de la Energía Limpia, la experta ambientalista Frances Beinecke plantea un escenario futurístico en el cual, en el año 2025, la ciudad de Nueva York es castigada por un severo huracán. El libro fue publicado en 2010. Apenas dos años después la ficción aparenta haberse convertido en realidad.

Sandy dejó un costo económico que se ubica entre los 30 y 50 mil millones de dólares, de los cuales el grueso es daño a la infraestructura. Decenas de miles de personas fueron evacuadas, o se quedaron sin luz y agua, o sufrieron destrozos en sus hogares. Nada menos que 109 personas murieron. Y ello a pesar de que las fuertes y permanentes advertencias por parte de las autoridades hacia la población sirvieron para elevar los cuidados.

Motivado por la creciente ocurrencia de fenómenos de estas características, un trabajo publicado por cuatro economistas -entre ellos dos argentinos- analizó el impacto de los desastres naturales en el crecimiento económico. Estos autores encontraron que, con la excepción de aquellos episodios que tuvieron consecuencias nocivas en las propias instituciones políticas y sociales, el efecto de las catástrofes de la naturaleza es más bien acotado: diez años después de haberlas padecido, el nivel de ingreso por habitante de los países afectados no difería demasiado del que hubieran tenido en condiciones normales.

Lo inusual, espectacular y abrupto de los fenómenos captura nuestra atención de una manera especial que nos hace sobreestimar a primera vista los efectos de largo plazo

Resulta llamativo que el poder destructivo de terremotos, tsunamis, inundaciones o tornados sea en el ámbito económico tan moderado. Pero lo que ocurre es que lo inusual, espectacular y abrupto de los fenómenos captura nuestra atención de una manera especial que nos hace sobreestimar a primera vista los efectos de largo plazo. Ello es exactamente lo contrario de lo que pasa con la persistencia de malas políticas públicas: su impacto es profundo pero, como el deterioro es un proceso lento y acumulativo, resulta imperceptible si no se adopta una perspectiva temporal más amplia.

A pesar de ser molesto, el tema de las inundaciones de la Capital Federal ante cada temporal es menor cuando se lo compara con otras cuestiones que la inoperancia o el desdén estatal generan. Nuestro país padece tanto de pobreza estructural y masiva como de desigualdad rampante, fenómenos inexistentes hace cuarenta años. La inflación, con sus múltiples consecuencias, se ha transformado nuevamente en un obstáculo para revertir esa situación. Y la suba de precios empalidece en importancia cuando se la compara con las vidas que la inseguridad o los accidentes evitables se cobran.

En las últimas cuatro décadas la Argentina atravesó quince recesiones y cinco crisis de carácter sistémico. Si en lugar de haber seguido ese derrotero nuestro comportamiento se hubiera parecido más al de nuestros vecinos (Brasil, Chile y Uruguay), hoy nuestro ingreso por habitante sería 54% superior. Y el Estado, con la misma estructura tributaria de hoy, tendría más de 100.000 millones de dólares adicionales por año. Eso significa una capacidad para brindar a cada familia tipo el equivalente a 4000 pesos mensuales adicionales en más y mejores bienes públicos, lo cual se vería reflejado en materia de salud, educación, vivienda, seguridad y transporte, entre otras cosas. A pesar de la gravedad del cambio climático, todavía pocas cosas resultan más destructivas que los malos gobiernos.

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