Gobierno y oposición, en el laberinto de lo perecedero

Si hubiera querido, Cristina Kirchner podría haber evitado ayer su enérgico discurso. Aun con la “jefa” en silencio, ya habituados a interpretarla a través de gestos, en el Frente de Todos habrían extraído el mensaje del lugar y el momento del encuentro. El kirchnerismo comunica a veces de ese modo. Que la vicepresidenta haya elegido para volver públicamente un escenario como el de la UOM excede largamente la buena relación que Abel Furlán, secretario general del gremio, tiene con Máximo. Ella lo hizo además en un momento relevante de la paritaria, como para marcar el signo de los tiempos: la inflación es el principal problema no solo de la Argentina, sino también del Gobierno para la campaña 2023. “Si no domamos al potro, va a ser muy complicado”, razonó uno de los asistentes al acto de Pilar.

También es significativo el vínculo analizado al revés: que la UOM, un sindicato históricamente conservador, esté hoy más cerca del Instituto Patria y La Cámpora que del resto del peronismo. Una afinidad deliberada. No bien asumió, Furlán interpretó que la relación con Alberto Fernández le estaba jugando a la CGT una mala pasada, alejándola de los reclamos de las bases. Es cierto que el metalúrgico asumió en marzo, ya con la crisis consolidada y sin compromisos previos. Pero también que sus pares extendieron la lealtad con el Presidente sin reparar en que, en agosto, según el acumulado de 2022 y la variación anual del Indec, los salarios ya perdían contra la inflación. Hasta hace cuatro o cinco meses, la propuesta del Gobierno había sido sin embargo no fogonear las paritarias para no convalidar la inflación. Justo lo opuesto a lo que reclama hoy la UOM: 46 puntos porcentuales adicionales al acuerdo salarial que tenía cerrado este año y un bono de 50.000 pesos.

El regreso de la expresidenta cae en ese contexto. Su visita a Pilar marca probablemente el tono del debate oficialista de 2023. Ya hay unos cuantos dirigentes de la CGT desencantados de Alberto Fernández. Se quejan de que, a pesar del respaldo que le dan, él cada tanto los deja pagando. En la frustrada invitación al Día de la Lealtad en Tucumán, por ejemplo. Es posible que en adelante decidan no exponerse tanto. El próximo acto de la mesa del Movimiento Nacional Sindical Peronista que lanzaron ese día en la sede sustituta, Obras Sanitarias, se hará el martes sin nombres ni fórmula electoral. En general, cerca de los comicios, esa mesa se abordaba con el candidato puesto. “Kirchner 2003″, “Cristina 2011″, “Duhalde 1999″. Ahora esperarán a que se consolide un líder para, más adelante y en todo caso, negociar lugares en las listas.

Los empresarios contemplan la escena con bastante resignación. En lo más álgido de las paritarias, con la inflación orillando el 100% anual, interpretan que el mensaje del Ministerio de Trabajo es que al menos otorguen bonos no remunerativos de fin de año. Saben que eso tiene altas posibilidades de quedar más adelante definitivamente en el sueldo básico, pero entienden la lógica de una Argentina que vive haciendo de las soluciones transitorias su plan estructural.

No solo el establishment, también Massa quedó preso de este laberinto de lo perecedero. Los que hablan con él lo ven algo frustrado. Dicen que habría querido aplicar su programa de estabilización bastante antes, cuando contaba con el respaldo indiscutido de Cristina Kirchner. Y que ahora es al revés: ella lo presiona. Es un estado de ánimo común a todo el Frente Renovador, donde sienten, por ejemplo, que perdieron un mes en la discusión sobre la designación de Rubinstein.

Si es que no se pasó el cuarto de hora, Massa parece al menos estar admitiendo que aquellas medidas de fondo deben esperar. Llegó a imaginar un acuerdo grande de precios y salarios que incluía una devaluación importante, de alrededor del 50%, a la que su equipo le proyectaba un traslado a precios acotado: unos 14 o 15 puntos porcentuales. Pero no están dadas las condiciones porque probablemente eso terminaría en un rebrote peor, y esa es también la razón por la que el ministro está molesto con algunos empresarios. “Caliente como una pava”, corrigió a este diario un miembro de su equipo que atribuye el malhumor a que varias compañías ajustaron en su momento sus márgenes a los costos del dólar de la corrida de Batakis y no volvieron a corregirlos.

Resultado: ahora solo queda ocuparse de la retórica. La especialidad kirchnerista. Un detalle que advierten los empresarios: la única razón por la que el Palacio de Hacienda les pide sumarse a acuerdos y congelamientos que incluyen un 4% de aumentos en diciembre y marzo es el impacto que esa cifra tendría en el cálculo de la inflación de 2022 y en la proyección para 2023. Marketing de objetivos módicos: 98% para este año, debajo de los tres dígitos, y 60% para el próximo, como se acordó con el Fondo y se incluyó en el presupuesto. Pero las adhesiones de fabricantes y supermercados no llegan en la magnitud en que el ministro pretendía. Por eso hay funcionarios que le aconsejan no ser él quien hable públicamente del tema. “Que llame Tombolini”, dijo uno.

El problema del secretario de Comercio es que carece de herramientas. No tiene demasiado que darles a cambio a las empresas. El Gobierno ofrece dólares para importar. Un cupo equivalente al 50% de lo que se trajo del exterior en el transcurso de este año. La duda es si podrá cumplir, porque el acuerdo es de palabra. Otro homenaje a Guillermo Moreno, al que ya habría que dedicarle un busto en la Secretaría de Comercio: aun sus sucesores críticos, Tombolini incluido, han terminado siguiendo su administración artesanal de la economía. Hay empresarios que lo extrañan. “Te cagaba a pedos, pero salías de la reunión y las cosas se cumplían”, agregó un fabricante.

En distintas magnitudes, y ante la ausencia de soluciones macroeconómicas, todos los secretarios del área se han sentido obligados a malgastar energías, tiempo y recursos en estas políticas infecundas. De afuera se ve más fácil. Paula Español, que ejerció ese cargo antes que Feletti y hoy trabaja en el Ministerio del Interior, admitió en estos días ante un empresario estar aliviada. “Estoy en Disney”, dijo.

La encrucijada de Massa reside en estas cuestiones. En realidad, la de todo un país que desde hace tiempo compromete su futuro por las urgencias del presente. Juntos por el Cambio, que enfrentó el dilema cuando le tocó gobernar, vuelve a padecerlo como oposición. No debería sorprender que parte de su interna se haya trasladado a Tierra del Fuego, símbolo de la asistencia estatal transitoria eterna, donde un régimen impositivo pensado para terminar en 1982 no solo sigue vigente, sino que podría extenderse hasta 2054 bajo determinadas condiciones.

Es probable que Macri haya pensado en una carambola triple cuando, hace un mes, empezó a criticarlo. El primer sorprendido debe haber sido su amigo Nicolás Caputo, dueño de Mirgor, desde hace varios meses consustanciado con la campaña de Rodríguez Larreta. Macri dice últimamente en privado que el gobierno de Fernández terminará muy mal. Pero esta semana, cuando cuestionó por Twitter la ley que les permite a los empleados públicos fueguinos jubilarse con 55 años, sus destinatarios fueron legisladores locales de Juntos por el Cambio. “Es matemático que nos espera el desastre”, publicó, sin nombrar a los dos radicales, Federico Sciurano y Liliana Martínez Allende, ambos cercanos a Martín Lousteau, que votaron a favor del proyecto que impulsó el gobernador Gustavo Melella.

Melella jugó fuerte. La reforma, aprobaba por unanimidad, era una promesa de campaña que pedían muchos sectores con los que tiene afinidad. Entre ellos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef), que lo apuntaló para llegar al poder. En la isla acusan al gobernador de haber aprovechado la ocasión para confeccionar, en simultáneo con la ley, el directorio de Terra Ignis, una empresa energética estatal que fue creada en junio y que todavía no tiene operaciones. Como si hubiera querido complacer a Sciurano y a Martínez Allende designando ahí a otros dos radicales: Nancy Graña, directora suplente, y Fernando Gliubich Sánchez, director, ambos integrantes de listas en las internas de la UCR en marzo.

El gobernador viene desde hace tiempo tomando precauciones. Teme que un gobierno nacional más conservador le reste beneficios impositivos a la isla. Es muy probable que se lo haya planteado en estos términos a Rodríguez Larreta, con quien tomó un desayuno hace 20 días en Buenos Aires. Es lógico entonces que haya aprovechado también él la fractura dentro de Juntos por el Cambio.

Son diferencias que, vistas desde la vereda opositora, Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, Manes o Gerardo Morales deberán dirimir antes de diciembre de 2023 y que, a diferencia de cualquier liderazgo, no se resuelven con una primaria. Son incluso más gravitantes porque determinarán un método y un rumbo: cómo, a dónde y a qué velocidad ir en un país habituado a marchar casi siempre hacia atrás.