Fortalecer el Estado de Derecho para crecer
Los objetivos de los países generalmente se centran en promover la movilidad social ascendente de la población, minimizar la pobreza, evitar la excesiva desigualdad, o una combinación de lo anterior. Son objetivos que buscan mejorar la situación económica y social de la población en su conjunto. Para alcanzarlos, los gobiernos plantean distintas estrategias y políticas públicas, pero hay un ingrediente esencial: el crecimiento económico, que es una medida fundamental de la creación de riqueza.
Argentina tuvo, a lo largo de su historia, varios períodos de crecimiento sostenido que la consolidaron como uno de los países más ricos de América Latina. Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo pasado y, particularmente, durante los últimos años hemos experimentado una aguda falta de crecimiento, o hemos crecido de manera intermitente con caídas mayores a los crecimientos. Si en los últimos 20 años, Argentina hubiera crecido al mismo ritmo que lo hicieron en promedio los demás países de Latinoamérica, nuestro PBI per cápita actual sería de u$d 26.563, un 33% más que el actual. Y si en los últimos 30 años, Argentina hubiera crecido al ritmo que lo hicieron Perú o Chile, nuestro PBI per cápita actual sería similar al de España o Italia. Argentina sería un país diferente.
¿Por qué nos ha costado tanto mantener una tasa de crecimiento estable, mientras vemos que nuestros países vecinos sí lo logran? Tenemos los mismos problemas: variabilidad de los precios del sector primario, desigualdad social y pobreza, dificultad en la financiación del gasto previsional, falta de transparencia, etc.
Hay varias razones que explican la falta de crecimiento; pero la más clara es la siguiente: así como en una empresa el éxito está condicionado por la inversión (en maquinaria, en capacitación, en publicidad), el crecimiento económico de un país depende de la tasa de inversión sobre el PBI. Hay un consenso muy fuerte entre economistas de todas las corrientes políticas: para mantener una tasa de crecimiento de alrededor del 3% anual, debemos contar con un porcentaje de inversión sobre el PBI del 25%. Hoy, ése porcentaje estaría alrededor del 12%.
Con un Estado que a duras penas puede obtener los recursos para financiar el gasto público y la inversión en infraestructura, la única posibilidad que tenemos de aumentar la inversión y, por lo tanto, generar crecimiento económico genuino, es a través de la inversión del sector privado.
Los países de todo el mundo, y los de la región en particular, compiten para atraer las inversiones privadas disponibles en el mundo, y Argentina precisa hacer lo mismo. Es necesario mostrarse, y ser, un país que inspire confianza. Esto no requiere mostrar una economía ordenada, imposible para Argentina en este momento, pero sí una economía que tiene la normalidad como objetivo. Debemos demostrar que este es un país en el que impera el Estado de Derecho y en el que se brinda seguridad jurídica a sus habitantes e inversores, locales y externos.
El Estado de Derecho implica una sólida independencia de poderes, un gran respeto por la Constitución, abundante transparencia y previsibilidad, ausencia de arbitrariedad y discrecionalidad. Y la seguridad jurídica requiere que la Justicia sea independiente, imparcial, honesta y competente. Más allá de ser un imán para atraer inversiones, ambas son condiciones esenciales para la protección de nuestros derechos y para el fortalecimiento de nuestra democracia.
El Estado de Derecho y un ambiente donde las empresas y emprendedores se animen a invertir, haciendo crecer el empleo, la oferta de productos y servicios, el consumo, la recaudación impositiva, en definitiva, el bienestar de la población, requiere que la sociedad y las fuerzas políticas coincidan en un conjunto de acuerdos comunes sobre las políticas económicas y sociales básicas que tenemos que implementar para cumplir los objetivos planteados al inicio de esta nota. Este es el ingrediente esencial que precisamos para disminuir la incertidumbre y comenzar a crecer de la mano de la inversión privada.
Por Juan Pablo Bagó
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