Femicidios. La burocracia y el derrotero de Úrsula
Algunos se lo atribuyen a Perón, otros a Napoleón, lo cierto es que cualquiera de los dos se acercaba a la verdad sentenciando: “Si querés solucionar un problema, nombra un responsable; si querés que el problema perdure, nombra una comisión”. Axioma aplicable a las políticas dictadas para luchar contra la violencia de género.
Argentina cuenta con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que gestiona al igual que en el gobierno anterior, varios programas para luchar contra la violencia de género y los femicidios, como el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, relanzado apenas asumida la flamante ministra, la línea 144 con alcance nacional y otros de reciente creación como el Programa ACOMPAÑAR, creado el 9 de septiembre pasado con el fin de brindar “apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTIQ+”, según se publicó en el Boletín Oficial. También están en funcionamiento el Consejo Federal conformado por las áreas mujer de las provincias y el Consejo Asesor del Ministerio constituido por prestigiosas figuras del feminismo. A estas instituciones y programas hay que sumarles las replicas de programas similares llevados adelante en ámbitos provinciales y municipales en todo el país.
Además, estamos un paso adelante en Latinoamérica en cuanto a su legislación sobre el tema y porque pudo ubicar la agenda de género en el centro del debate público otorgándole un rol destacado en las políticas públicas, una victoria lograda por los colectivos después de luchar muchos años por esa causa.
Sin embargo, los indicadores actuales muestran un incremento de un 15% entre los femicidios sucedidos 2020 comparados con los de 2019. Y un dato por demás preocupante: en los primeros 41 días de 2021 ya se registraron 44 femicidios, uno cada 22 horas, y 36 intentos de asesinato por razones de género. Esos datos surgen de un relevamiento del Observatorio Lucía Pérez, que precisó que en los primeros 41 días del año ya se registraron 44 femicidios (cinco de ellos vinculados) y otros 36 intentos de homicidio por razones de género.
En los primeros 41 días de 2021 ya se registraron 44 femicidios, uno cada 22 horas, y 36 intentos de asesinato por razones de género.
El último de los ataques registrados fue el de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su expareja en la ciudad bonaerense de Rojas y que volvió a poner la atención en las fallas que tiene el sistema de atención a la víctima.
Ante el estupor y la indignación social que causó este crimen, el gobierno nacional reaccionó de inmediato anunciando la creación del Consejo Federal para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios. ¿La solución? Más burocracia.
Úrsula fue asesinada por Matías Martínez, su expareja, un policía que se encontraba con licencia psiquiátrica y que tenía restricción de acercamiento y el mismo día del crimen estuvo en la fiscalía, a donde fue notificado de una nueva causa, ya que Úrsula había realizado una denuncia por amenazas dos días antes de ser asesinada. La joven no tenía custodia ni botón de pánico. La Policía Bonaerense sabía del comportamiento violento de Martínez, cargaba con 18 denuncias, y no actuó.
El Estado, la justicia, la policía, todos tardaron y fallaron, dejando desamparada a Úrsula. Su historia podría repetirse por decenas de casos a lo largo del país, porque tenemos un estado que crea organismos, programas, designa funcionarios, emplea gente no capacitada y distribuye dinero en ONG que, a pesar de las buenas intenciones, no siempre cumplen con la función asignada por falta de preparación y formación adecuada.
Hoy existen muchas bocas de atención a los problemas de violencia de género, pero el estado aún no logra encontrar un procedimiento común y una formación eficaz para todos aquellos que deben actuar en la cadena de prevención y cuidado a la víctima, como la atención de las denuncias, los trámites forenses, el papeleo relacionado con las medidas de protección, todo un combo que conlleva una serie de diligencias difíciles de realizar en una situación límite.
Algunas ONG que trabajan en la temática señalan que los programas son “burocráticos e inflexibles”. Un miembro de una de ellas señala un patrón recurrente: “Hay mucho por resolver. Por diferentes motivos un número significativo de mujeres no poseen cuenta bancaria. Eso impide que puedan acceder al Programa Acompañar porque ANSES no tienen como depositarles la ayuda”.
Hoy las fiscalías, Juzgados, policías, ONG, línea de ayuda 144, reciben las denuncias. Los servicios a los que se deriva la atención especializada pueden ser estatales, provinciales, o estar dentro de las prestaciones del Programa Acompañar, entre otros. Pero no hay un procedimiento uniforme, un protocolo definido y común, una sistematización de los casos atendidos. Aún hoy se debe recurrir a las ONGS para saber cuántos femicidios hay en Argentina. Además, no siempre existe contacto entre los organismos y los engorrosos trámites no logran ser más accesibles para que la víctima deje de ir de un lado a otro implorando que la atiendan mientras el agresor les respira cerca. Muchas veces, cansadas, abandonan su disposición a seguir con la denuncia.
No hay un procedimiento uniforme, un protocolo definido y común, una sistematización de los casos atendidos.
Es cierto que cada vez hay más servicios, pero si están desconectados detrás de ellos no se configura una real red de ayuda y protección. Por ejemplo, conseguir un “botón de pánico” implica perezosas evaluaciones, hechas muchas veces desde escritorios judiciales que no escuchan las sugerencias de organismos especializados. A veces no hay, o tardan días en entregarlos. Las ordenes perimetrales, que tanto cuesta conseguir, sin acompañamiento adecuado son solo un papel que el agresor puede burlar sin ningún tipo de seguimiento o sanción. Todas estas cuestiones constituyen tiempos ganados a favor del agresor.
Son esas fallas burocráticas por las que se cuelan los femicidios, aun cuando la víctima se haya decidido a realizar la denuncia.
Todos tenemos tareas pendientes en la búsqueda de lograr el cambio cultural que erradique la violencia machista, que no opera en el vacío y habita en un contexto particular que lo exacerba. Es importante reconocerlo, los comunicadores, por ejemplo, debemos llamar las cosas por su nombre. Cambiar el “la mató porque ella lo dejó”, por el preciso: “la mató porque era un hombre violento que se creía dueño de su vida y con derecho a terminar con ella”. También ayudaríamos desde ese lugar. Pero son cambios que llevarán mucho tiempo y su prédica deberá ser constante.
Mientras tanto, necesitamos de un estado que agilice su presencia, su auxilio a las víctimas, porque parece que lo que ofrecen las autoridades son políticas e instituciones, fotos del Presidente con las mujeres de su gabinete con anuncios de alto impacto mediático, seminarios, congresos y más programas y protocolos que chocan entre sí, que se burocratizan y que hacen que la ayuda llegue tarde.
Para darse cuenta, basta revisar el derrotero que sufrió Úrsula antes de su muerte.
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